La Torre del Puerto aún tiene camino por recorrer: ¿qué falta para que sea una realidad?

El dictamen plenario pone fin a un trámite urbanístico a cargo de la Gerencia que se ha prolongado durante cinco años en la fase municipal (desde junio de 2018) y durante siete desde que se presentó y arrancaron las gestiones por parte de la Autoridad Portuaria. Esta institución, hay que recordar, es la promotora del proyecto, a instancias del fondo de inversión catarí Al Alfia y de la cadena hotelera Hesperia, que serán los responsables del hotel de lujo y del centro de convenciones vinculado al mismo, si estos salen finalmente adelante.

El siguiente (y último trámite) es que el Puerto de Málaga lo valide y lo remita a Puertos del Estado, en Madrid. Este organismo, a su vez, lo revisará y tramitará, para que el Ministerio de Transportes pueda elevarlo al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. Pero para llegar hasta allí todavía queda un largo trecho, que va a depender de la entrada en juego de una nueva instancia y de sus resoluciones...

«Me da que esto va a acabar en los tribunales», recuerda sus palabras durante la comisión de Urbanismo donde se aprobó inicialmente (el 20 de noviembre) el concejal socialista Mariano Ruiz Araujo, quien defendió la postura contraria de su formación. En aquel momento, el principal argumento en contra era el presunto atentado contra la Ley de Patrimonio Histórico, una vez que se ha declarado La Farola como Bien de Interés Cultural (BIC). Algo que, para el edil socialista, es «flagrante».

Durante el pleno del pasado jueves aparecieron otros argumentos, esta vez de tipo procedimental: Juan Antonio Triviño, portavoz de la plataforma ciudadana 'Defendamos nuestro horizonte', el gran azote del hotel, advirtió durante su intervención en la sesión plenaria que la Autoridad Portuaria todavía tiene que «aclarar el concurso»; al tiempo que «el Consejo de Ministros de un Gobierno progresista tiene difícil decir que es de interés general». Por último, deslizó que se plantean acudir a la vía judicial, en la medida en que la última modificación «no ha pasado por la Junta de Gobierno Local».

Toni Morillas, portavoz de Con Málaga (IU-Podemos), que es la formación política más próxima a esta plataforma, coincidió en que el proyecto presuntamente incumple la Ley de Patrimonio Histórico y la declaración de BIC de La Farola. Junto a ello, aseguró que se ha hecho una «tramitación torticera», pues según la ley Lista, estas decisiones «deben someterse a la Junta de Gobierno Local cuando se producen cambios sustanciales, y no lo han hecho».

Por «cambios sustanciales», se refiere a la protección del faro y a la segunda Evaluación Ambiental Estratégica (por la caducidad de la primera). «Ha habido una mala tramitación y el procedimiento está mal realizado», por eso pidió –sin éxito– la retirada de este punto.

La concejala de izquierdas ya ha anunciado en varias ocasiones que su grupo va a poner «palos en la rueda y a torpedear» todos los pasos que se sigan dando en su tramitación. Y el primero movimiento previsto será presentar un recurso de reposición sobre el expediente municipal.

Para ello, tendrá que esperar a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, puesto que la tramitación municipal no termina hasta ese momento. A partir de entonces, 'Defendamos Nuestro Horizonte' también tendrá vía libre para presentar un Recurso Contencioso-Administrativo contra el Ayuntamiento, para dirimir judicialmente todas las presuntas irregularidades que denuncian.

Para ello, este grupo seguirá el ejemplo del Bosque Urbano, que tiene en su haber varios éxitos morales (aunque no judiciales) en su lucha contra las torres de Repsol, en la medida en que consiguió espantar a la mayoría de los potenciales compradores (sólo Urbania siguió adelante y se convirtió en la adjudicataria provisional). Además, la Gerencia determinó el verano pasado que no se podrá pedir licencia ni comenzar a construir hasta que haya una sentencia firme sobre el recurso Contencioso-Administrativo presentado en junio de 2022 por este colectivo ciudadano, que exige desde hace siete años que los terrenos de Juan XXIII se destinen íntegramente a una gran zona verde.

Mientras se confirman los posibles movimientos judiciales, el expediente seguirá su camino, y la primera parada tras su publicación en el boletín oficial será de vuelta a la Autoridad Portuaria de Málaga. Este organismo tendrá que fijar la concesión definitiva, con la cuantía de los cánones (de ocupación y de actividad) y otras condiciones. Los promotores (el fondo Al Alfia y el grupo hotelero Hesperia) deberán entonces ratificar que siguen adelante, una vez concretadas todas las cuestiones técnicas y económicas. La concesión se aprobará en una próxima sesión del consejo de administración.

Con la concesión definitiva, la Autoridad Portuaria remitirá el expediente a la Abogacía de Puertos del Estado, en Madrid. En este punto, no es previsible que surjan inconvenientes, ya que todos los trámites que se han hecho en Málaga han estado supervisados por este equipo jurídico.

La Abogacía del Estado preparará el expediente y lo elevará a la Secretaría de Estado de Transportes, que es la que lo propone para su aprobación final en el Consejo de Ministros. Para ello, se tendrá que justificar suficientemente el «interés general» para levantar la prohibición que marca la Ley de Puertos para construir un equipamiento hotelero dentro de un muelle, en línea con lo ocurrido en 1999 con el Hotel Vela de Barcelona, y en otros casos más recientes.

Pero este, como ninguno a lo largo de su dilatada tramitación, tampoco será un camino de rosas. Durante su reciente participación en el programa La Alameda, a cargo del director de SUR, Manolo Castillo, en 101TV, el diputado del PSOE por Málaga, Nacho López afirmó que la Torre del Puerto «podría ir al Consejo de Ministros, o no». Esta afirmación, por parte de un político que se ha manifestado netamente en contra en múltiples ocasiones, suscitó las dudas de los asistentes al debate y de los espectadores, sobre qué había querido dar a entender con esa frase.

Consultado al respecto por este periódico, Nacho López aclara: «No lo dije en términos políticos, sino administrativos»: «Me refería a que habrá que ver si está todo bien o no, que lo tendrá que ver Puertos del Estado y el Ministerio (de Transportes). Tendrá que verse el expediente... Esto es lo que quise decir».

Al respecto, quiere dejar claro que no es que ahora el Puerto de Málaga lo eleve directamente al Consejo de Ministros: «Irá a Puertos del Estado, que tendrá que informar; al igual que el Ministerio, o sea, que todavía quedan procedimientos por hacer, no es un acto inmediato. Y habrá que concretar ese expediente, a ver qué tal está, antes de resolverlo».

El diputado recalca que esto «no es un acto arbitrario, elevarlo o no, sino que tendrá que ser reglado, en función de cómo esté el expediente, que tiene que ir muy bien armado, por lo que no es que sea inmediato». A lo que añade: «No es que lo que ha aprobado el Ayuntamiento vaya al Consejo de Ministros, porque al final la propuesta la hace el Puerto de Málaga, que es de Puertos del Estado, del Ministerio de Transportes».

Más beligerante en este sentido fue Toni Morillas, la portavoz municipal de Con Málaga (IU-Podemos) que tiene vínculos con el socio de Gobierno del PSOE (Sumar), y quien anunció que sus representantes en el Ejecutivo nacional van a «torpedear» la tramitación.