La Torre del Puerto tardará al menos ocho meses más en llegar al Consejo de Ministros

Pero este trámite en el Puerto de Málaga se va a retrasar más de lo previsto: hasta ocho meses, si se agota el plazo legal que esta institución le ha dado a los inversores. Estos últimos, de la mano de su equipo de arquitectos, que lidera el estudio de José Seguí, tendrán ahora hasta el mes de noviembre para adaptar el proyecto «a las circunstancias legales actuales y al marco que se ha establecido tras la aprobación definitiva del Ayuntamiento».

Así lo confirma a SUR el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, quien lo explica porque el nuevo Plan Especial del Puerto ha impuesto una serie de limitaciones y de obligaciones. Además, recuerda que el proyecto básico data de 2016. «Desde entonces hasta ahora han pasado siete años, por lo que hay que presentar un proyecto adaptado a las circunstancias actuales, derivadas de todo este largo proceso».

Aunque se le ha dado a los promotores un plazo máximo extenso –«para curarnos en salud»– lo cierto es que estos ya se han comprometido a tenerlo todo listo en menos tiempo. Entre los nuevos requerimientos destaca la revisión de la cimentación, tras la resolución que aprobó el consejo de administración del ente, por la cual la construcción se tendría que alejar del espaldón del dique de Levante. Además de ello, tienen que incluir un documento en el que acepten expresamente las tasas de actividad y de ocupación, así como otras compensaciones.

Dicho de otra forma: lo que se exige ahora es tener el proyecto definitivo, ya que hasta ahora se había venido trabajando con un anteproyecto. Este mismo será el que irá en última instancia a la Gerencia de Urbanismo para pedir la licencia de obras. La idea es que el Consejo de Ministros reciba la propuesta exacta que se pretende llevar a cabo en el dique de Levante. «Es el trámite previsto una vez que el Ayuntamiento lo ha aprobado», aclara el presidente portuario.

Por tanto, la pelota en este largo partido vuelve a estar en el tejado de los inversores, ya que, cuanto antes presenten el proyecto actualizado, antes se retomará el trámite para enviarlo a Madrid y que empiece la fase que le corresponde hacer a Puertos del Estado.

La cuestión tiene su complejidad, puesto que para la configuración definitiva de los espacios (tanto el centro de convenciones que irá en el basamento como la tipología de habitaciones) es necesario trabajar conjuntamente con la marca hotelera que liderará el proyecto, según apuntan fuentes técnicas consultadas. Esta, de momento, no se ha revelado. El grupo Hesperia es, junto a la catarí Al Alfia, el titular de la concesión, pero la explotación se va a delegar en un grupo especializado en alojamientos de gran lujo).

Por tanto, este nuevo giro de guión obliga a los promotores a cerrar un acuerdo con la marca con cierta premura, ya que esta querrá plantear sus condiciones en cuanto al diseño arquitectónico definitivo, de acuerdo a sus planes comerciales y de explotación.

Consultado sobre los dos recursos contencioso-administrativos contra el proyecto que están previstos (el de la Academia de San Telmo se retiró pero lo pretenden volver a interponer; y el que quiere activar la plataforma ciudadana), Carlos Rubio advierte de que el hecho de acudir a los tribunales no paraliza nada: «El Puerto sigue adelante con el procedimiento normal».

Por ello, muestra su confianza en que el tribunal se pronuncie antes incluso de que termine el plazo para adaptar el proyecto. «Nosotros tenemos claro que todo el proceso ha sido muy respetuoso con toda la normativa, después de cinco años de idas y vueltas de documentación».

«No tiene ningún sentido, les podrá gustar más o menos el proyecto, pero lo cierto es que se ha hecho bien y pensamos que ninguno de los dos contenciosos que se han planteado tendrá recorrido», concluye.