De la Torre pone en marcha la municipalización de Limasa

Francisco Jiménez

Málaga

Viernes, 12 de abril 2019, 11:08 | Actualizado 14:24h.

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El futuro de Limasa, que lleva en el candelero desde que comenzó el actual mandato a mediados de 2015, parece aclararse definitivamente a poco más de un mes de las elecciones locales del próximo 26 de mayo. El alcalde, Francisco de la Torre, ha llevado este viernes a junta de gobierno local el primer paso para impulsar la municipalización del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, una vez que ha logrado encarrilar las negociaciones (aunque aún no están cerradas) con los sindicatos a la hora de cerrar un convenio colectivo que garantice la paz social cuando los trabajadores pasen al ámbito público. De esta forma, el regidor da cumplimiento a su apuesta personal (incluso en contra de su propio partido y de sus hasta hace dos meses socios de investidura en Ciudadanos) de municipalizar Limasa con el convencimiento de que va a repercutir en una mejora de la limpieza en la ciudad. En este sentido, cabe reseñar también el factor económico, ya que una gestión municipal supone un ahorro anual de unos ocho millones de euros (al no tener que abonar el IVA de la mano de obra y otros conceptos como el canon de asistencia técnica que cada año reporta 2 millones a la parte privada) si se compara con el sistema actual, que le cuesta a las arcas municipales unos cien millones anuales. ¿Cuándo se hará efectivo el cambio de modelo? Es algo que corresponderá a la nueva Corporación que salga de las urnas. Mientras tanto, seguirá prorrogado el sistema mixto actual (el 51% de las acciones están en manos privadas), que debió expirar en abril de 2017 tras 16 años de concesión pero que se mantiene 'sine die' ante la indecisión del Ayuntamiento a la hora de zanjar el futuro de la empresa.

La intención del alcalde es que el nuevo gobierno municipal ratifique los pasos dados 'in extremis' por el actual, aunque ello dependerá de la composición definitiva del reparto de asientos en el Salón de Plenos. Con ello, una vez aprobado el proceso para municipalizar Limasa, posteriormente tendrá que ser ratificado por el Pleno, donde el PP teóricamente tendría los apoyos del bloque de izquierdas (PSOE, Málaga Ahora, IU-Málaga para la Gente y el edil no adscrito Juan José Espinosa), que siempre ha defendido una gestión pública de la limpieza. No así Ciudadanos, que aboga por la privatización total. Ante lo apurado de los plazos, el alcalde ha optado por iniciar ya los trámites administrativos para que puedan estar listos antes de que expire el mandato. Una vez que la comisión técnica creada en octubre del año pasado para estudiar la forma de gestión y la naturaleza jurídica del ente que gestionará la prestación del servicio ha concluido que la opción «más eficiente y sostenible» es la creación de una sociedad mercantil de capital totalmente público, se pone en marcha ahora la tramitación del expediente para que, en cuanto llegue el visto bueno de la Intervención General, se someta a su aprobación inicial por parte del Pleno (previsiblemente el convocado para el 30 de abril). Alcanzado ese hito, se abriría un periodo de exposición pública de 30 días naturales para que particulares y entidades puedan presentar alegaciones y, una vez resueltas, llevarlo a su aprobación definitiva, que ya sería después de las elecciones.

El paso que se da este viernes se produce después de que se hayan ido despejando (aunque aún quedan flecos por resolver) los obstáculos con el comité de empresa durante las últimas semanas. En esas reuniones, ambas partes han acercado posturas a la hora de contemplar que una parte del salario se convierta en variable y vaya ligada a la eficiencia en el trabajo diario. Del mismo modo, también coinciden en dejar a un lado las discrepancias surgidas en torno a los atrasos que se adeuda a la plantilla en cumplimiento de la sentencia del TSJA que declara que el único convenio vigente en Limasa es el de 2010-2012, previo a los recortes. A la espera de que se resuelva otro procedimiento judicial paralelo a mediados de junio, Ayuntamiento y comité de empresa se muestran partidarios de cerrar un acuerdo dejando al margen las cuestiones pendientes en los tribunales, aunque aún está por determinar cómo se plasmaría en el nuevo convenio, que tendría una duración de unos cuatro o cinco años.