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La batalla del Ayuntamiento de Málaga contra los pisos turísticos llega hasta Moncloa. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, envió el pasado martes una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le pide la creación de un marco legal para poder establecer un impuesto por pernoctación de dos a tres euros por persona y día en las viviendas turísticas y en los hoteles de la ciudad. La misiva arranca afirmando el alcalde que la proliferación de esta oferta de alquiler vacacional ha provocado una situación «indeseable»en la ciudad al disminuir la oferta de inmuebles de alquiler de larga duración.
Tras recordarle al presidente del Gobierno las actuaciones que está llevando a cabo el Ayuntamiento para limitar el crecimiento de nuevas licencias de alquiler vacacional, le reclama colaboración estatal para poder disponer del marco jurídico que «nos permita establecer, con carácter potestativo, un impuesto a las pernoctaciones en viviendas turísticas». Si bien, este gravamen lo extiende también a las estancias hoteleras en la primera misiva de este tipo, de las tres enviadas ya al Gobierno por este mismo asunto, que tuvo como destinatario al ministro de Industria, Comercio y Turismo, Jordi Hereu. De hecho, en la carta a Sánchez le adjunta copia de la remitida a Hereu, en agosto tras las protestas en Canarias, Málaga y Palma de Mallorca, y a la ministra de la Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, el pasado octubre.
De la Torre le explica a Pedro Sánchez, que en el encabezado le da tratamiento, escrito de puño y letra, de «querido amigo»igual que hace en la misiva a Hereu, que el objetivo de este marco jurídico es que la recaudación de este nuevo impuesto sea finalista para poder destinarla «íntegramente a subvencionar los alquileres de familias que por su situación económica o social les resulte muy difícil acceder a una vivienda». De hecho, en la carta enviada al ministro de Turismo, que es la más extensa y en la que el alcalde aporta más detalles de su propuesta en torno a este nuevo gravamen, explica que de imponerse esta tasa el Ayuntamiento podría recaudar entre veinte y treinta millones de euros, considerando, además, que «se vería como una acción directa por parte del causante del problema para resolver las situaciones creadas». A ello habría que añadir lo recaudado en los hoteles, que reconoce que sería una cuantía menor por tratarse de un volumen inferior de plazas, y que tendría como fin una aplicación directa a la promoción del turismo de calidad. De la Torre considera que «el turismo de excelencia debe ser el gran objetivo de España en los próximos años y desde Málaga queremos contribuir a ello de forma significativa».
La carta al presidente termina rogándole que atienda esta petición y que la estudie con «sumo interés. Estoy seguro de que ambos compartimos esta preocupación y deseamos paliar los efectos que sobre el precio del alquiler está teniendo la excesiva oferta de viviendas turísticas».
Precisamente, en la misiva al ministro Hereu, el alcalde de Málaga afirma que esta oferta de alquiler vacacional ha producido una merma de inmuebles para arrendar por largas temporadas e «inevitablemente un importante incremento del importe del alquiler y de forma indirecta un desproporcionado incremento en el precio de la vivienda».
En la misma deja claro al ministro que «sólo podrían crear esas tasas o impuesto turístico, los municipios que hubieran consensuado con el sector la forma de hacerlo que permitiera a los protagonistas del mismo, tener un control claro de que los ingresos van destinados a mejorarlo y paliar los efectos negativos del excesivo desarrollo de las viviendas turísticas». Y recalca que para eso es necesario que el Gobierno cree el marco legal en el ámbito de la Ley de Haciendas Locales que «con carácter potestativo nos permita a los ayuntamientos implantar el impuesto turístico por pernoctación a las ciudades que vemos la necesidad de hacerlo. Posteriormente, podemos compartir las prácticas que establezcamos en cada ciudad, y aprender una de otra, coordinándonos a través de la FEMP o de las federaciones autonómicas correspondientes».
De la Torre insiste en que este marco legislativo abre la puerta a iniciativas que «frenarían, y estoy seguro eliminarían, estas corrientes de opinión en contra del turismo que se han ido creando, algunas espontáneamente, y otras con irresponsable intencionalidad política» y apela al pasado del ministro como alcalde de Barcelona para entender «hasta qué punto podemos colaborar desde el nivel municipal a frenar estas manifestaciones de turismofobia que perjudican inevitablemente al turismo español en general, y reconducir el sentimiento del vecino de la ciudad que acoge a turistas, hacia la comprensión y el reconocimiento por la aportación que el turista hace con ese impuesto, a resolver problemas sociales o a mejorar la calidad y la excelencia del turismo que llega a cada ciudad».
Sin embargo, el ministro Hereu respondió con firmeza que las medidas sobre la ordenación de la oferta turística como las tasas turísticas «tienen que ser tomadas desde la proximidad» y apuntó que «es muy importante que ayuntamientos y comunidades autónomas asuman sus responsabilidades, porque la proximidad es lo que da conocimiento de la realidad». Es más, en unas declaraciones antes de asistir a la regata preliminar de la Copa América de Vela en Barcelona se mostró en contra de »generalizar medidas desde el Estado cuando tienen que ser tomadas desde la proximidad».
Sin embargo, De la Torre no cejó en su empeño y el pasado 18 de octubre remitió otra misiva en esta misma línea a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana en la que afirma que «lo que debemos hacer, desde nuestras respectivas responsabilidades políticas, es definir fórmulas que hagan posible convivir el turismo con las necesidades de nuestros vecinos. Por ello, aunque distintos municipios estamos ya avanzando en adoptar las medidas normativas necesarias para limitar la proliferación de este tipo de viviendas, creo fundamental como medida adicional contar con esta tasa». Es más, termina la carta considerando que «Málaga puede servir de proyecto piloto, y extrapolar nuestra experiencia al resto de municipios que muestren interés en esta fórmula».
Sin tapujos, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, no duda en describir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los efectos de la proliferación de viviendas turísticas como «indeseables», responsabilizando de forma directa a esta oferta de alojamiento como causante de los problemas principales de la vivienda en la ciudad: la escasez de inmuebles de larga temporada y la subida de los precios.
En ella recuerda las actuaciones emprendidas por el Ayuntamiento de Málaga en la guerra emprendida contra estas viviendas de alquiler vacacional que supondrán que a partir del próximo mes quedará prohibida la creación de nuevas licencias en 43 barrios de la capital. Así se aprobó este lunes en la comisión plenaria de Urbanismo en el que se acordó la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para impedir la inscripción de nuevos alquileres vacacionales en las zonas de la ciudad en las que estos suponen o superan el 8% del parque residencial. La medida será refrendada en el próximo pleno del 28 de noviembre, con la idea de publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia para su puesta en marcha de forma inmediata. A esta restricción se suma la instrucción ya en marcha, y de aplicación en los distritos que quedan fuera de esta prohibición, en la que Málaga limita a las viviendas con accesos y servicios independientes las únicas que podrán optar a obtener la licencia del Registro de Turismo de Andalucía para operar en el mercado vacacional.
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