De la Torre impulsa de forma urgente la municipalización de Limasa en contra de Ciudadanos

Con el contrato de Limasa prorrogado desde abril de 2017 por la indecisión del equipo de gobierno del PP, al alcalde de Málaga le ha bastado poco más de una semana para anunciar por sorpresa su apuesta por la municipalización del servicio de limpieza en el debate sobre el estado de la ciudad y llevar al pleno de hoy una moción que da inicio al nuevo rumbo marcado por Francisco de la Torre después de que a finales del pasado año acordara con Ciudadanos, su socio de investidura, un modelo híbrido (limpieza privada y recogida de residuos, pública). Todo ello mientras el lunes, tras conocer la moción que llevaba el PSOE en la misma línea, reconocía que antes habría que cerrar las cuestiones laborales con la plantilla. De esta forma, los populares retoman la iniciativa sobre este asunto en un Salón de Plenos en el que Limasa volverá a ser protagonista.

Sobre la votación no se esperan sorpresas, ya que la propuesta del regidor contará con el apoyo de todo el bloque de izquierdas (PSOE, Málaga Ahora, IU-Málaga para la Gente y el edil no adscrito Juan José Espinosa). No así con el de Ciudadanos, cuyo portavoz, Juan Cassá, no ocultaba ayer su malestar. Primero, asegurando estar «muy disgustado» con De la Torre por haber «incumplido una vez más su palabra». Ysegundo, advirtiéndoles de que tomará «buena nota para los futuros acuerdos que pueda haber en la próxima legislatura».

La iniciativa saldrá adelante, pero lo hará sin que se haya cerrado un acuerdo con el comité de empresa a la hora de fijar las condiciones sociolaborales de la plantilla, toda vez que están supeditadas al procedimiento abierto en el Juzgado de lo Social número 12, cuyo juicio está fijado para el 17 de septiembre. Lo único que sí parecen tener claro todas las partes es que en cuanto el servicio de limpieza pase a ser cien por cien público desaparecerán los artículos del convenio laboral que permite dejar el puesto en herencia en caso de invalidez, jubilación o fallecimiento.

«Lo ideal es tenerlo todo despejado cuanto antes», afirmó el alcalde, quien pidió a los sindicatos «sensatez, sentido común y visión de conjunto tras haber conseguido lo que habían querido, que es una gestión pública». En cuanto al proceso, avanzó que la hoja de ruta prevista pasa por recuperar el 51% de las acciones que están en manos privadas. Dado que los activos de la empresa concesionaria está prácticamente amortizados, la compra de estos título no llegará el millón de euros. «No supera las seis cifras», se limitaba a señalar De la Torre.

Tal y como ha venido explicando el regidor, la propuesta de municipalización estará condicionada a que una parte del salario vaya ligada a la productividad del trabajador (medible por sistemas automáticos de control externos a la empresa), así como a la satisfacción de los ciudadanos, que se evaluará mediante una o dos encuestas anuales. Según remarcó De la Torre, la opinión vecinal será clave en el futuro para continuar con el modelo público o para apostar por la privatización.

Si Limasa es un fijo en los plenos municipales de la ciudad, este jueves volverá a acaparar la mayor parte del debate, ya que todos los grupos de izquierdas llevan sendas mociones sobre la municipalización del servicio de limpieza. Por parte socialista, se va a instar al equipo de gobierno a firmar un nuevo convenio laboral con la plantilla que «garantice sus derechos actuales tras la municipalización», así como que en caso de reversión a un modelo privado «no pierdan sus derechos adquiridos».

En la misma línea, Málaga Ahora también reclama que «se respeten todos los derechos adquiridos», mientras que Málaga para la Gente y Espinosa van más allá en una moción conjunta en la que piden «blindar el carácter público de la nueva empresa hasta que se amorticen la totalidad de las inversiones y costes de la puesta en marcha de la nueva sociedad municipal» y la constitución de un consejo de administración en la que además de los grupos políticos y de los trabajadores también estén, con voz pero sin voto, representantes vecinales y asociaciones de consumidores.