El músculo cultural que La Casa Invisible ha sacado a la calle y los apoyos institucionales recibidos en defensa de su continuidad (Museo Reina Sofía, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona o la Junta de Andalucía) han llevado al Ayuntamiento de Málaga a replantearse sus ... planes de recuperar el edificio de titularidad municipal de la calle Nosquera y volver a contemplar, por tercera vez, la adjudicación directa del inmueble a este colectivo que lo viene gestionando como centro social y cultural alternativo desde que lo ocupó de forma irregular en marzo de 2007.
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Con una orden de desalojo sobre la mesa (el primer plazo para el abandono voluntario expiró el pasado día 2), representantes de la Fundación de los Comunes (entidad creada en 2011 para gestionar el espacio) han conseguido por fin reunirse este lunes con el alcalde, Francisco de la Torre, para buscar la formula que conduzca a la cesión directa de este espacio. El primer paso es frenar el expediente de desalojo, para lo que se ha acordado la presentación por parte de La Invisible de un recurso de reposición ante la Gerencia Municipal de Urbanismo en el que se solicitará la suspensión cautelar del desalojo y se aportará documentación sobre el proyecto de rehabilitación del edificio y del proyecto cultural previsto. «El desalojo está bastante más lejos», ha afirmado De la Torre a la salida del encuentro, que se ha prolongado más de dos horas. «Dependerá de la argumentación que presenten, pero nuestra intención es positiva, siempre que presenten un calendario creíble y viable», ha precisado el regidor, quien más allá de poner en valor la alternativa cultural que La Invisible aporta a la ciudad ha incidido en el estado de conservación del edificio. «No podemos olvidar la cuestión de seguridad y que no se puede usar el espacio que no sea seguro», ha señalado, para hacer referencia a la rehabilitación que necesita el inmueble y que la Fundación de los Comunes está dispuesta a asumir en caso de adjudicación. En este sentido, De la Torre no ha descartado que el Ayuntamiento pueda financiar parte de las obras.
Por parte de La Invisible también han hecho una «valoración positiva» de la reunión, en la que el alcalde ha estado acompañado por los equipos de Seguridad, Urbanismo y Cultura. «Desde la cautela y a la espera de que se frene el expediente de desalojo con el recurso de reposición que presentaremos antes de que acabe el mes, es un primer paso para resolver la fórmula jurídica para regularizar nuestra situación y salir de este limbo», ha apuntado la portavoz, Amanda Romero. En esta misma línea de colaboración abierta hoy, también está previsto que en los próximos días se pueda suscribir un convenio entre La Casa Invisible y Emasa para garantizar el suministro de agua y no depender de un abastecimiento propio en un aljibe que en marzo ya provocó la clausura indefinida de los grifos del la cafetería al detectarse la presencia de una bacteria.
Con esta puerta abierta, ya son tres los intentos de regularizar la situación de La Invisible. La primera tuvo lugar en 2011 y se materializó en la firma de un protocolo de intenciones por parte del Ayuntamiento, la Diputación, la Junta y el Reina Sofía que establecía la hoja de ruta a seguir empezando por una cesión en precario con la idea de que en un año se convirtiera en definitiva. No fue así, y tras un intento de desalojo basándose en el mal estado del edificio, en 2015 se retomaron las negociaciones, hasta el punto de que la Fundación de los Comunes presentó un proyecto para rehabilitar el edificio. Pero de ahí no se pasó.
Pese a todo, la actividad siguió desarrollándose en este espacio con aparente normalidad hasta que la chispa saltó en octubre de 2017 con la polémica desatada en torno a una exposición en la que aparecía una bandera española en forma de horca. Ciudadanos, socio de investidura del alcalde, presionó entonces al equipo de gobierno para sacar adelante una moción para iniciar el procedimiento de recuperación del inmueble con la idea de sacar a concurso su gestión para uso cultural. El Consistorio no se lo tomó con demasiada urgencia, pero la puntilla llegó el pasado febrero con la organización de unas jornadas sobre la libertad de expresión con la participación de dos expresos de la organización terrorista GRAPO. Con la polémica surgida, el evento no llegó a celebrarse, pero para el PP fue la gota que colmó el vaso y aceleró los trámites para el desalojo, amparándose en el «incumplimiento sistemático» de la orden de la Gerencia Municipal de Urbanismo que desde diciembre de 2014 prohíbe la organización de eventos por las deficiencias que presenta la construcción.
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