De la Torre busca un acuerdo 'in extremis' para municipalizar Limasa antes de las elecciones

Después de un mandato casi íntegro intentando despejar el futuro de Limasa, Francisco de la Torre apura ahora los plazos en busca de un acuerdo 'in extremis' con la plantilla y cumplir su apuesta personal de cerrar la municipalización del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos antes de las elecciones locales del próximo 26 de mayo (de momento, el sistema mixto se mantiene prorrogado 'sine die' desde abril de 2017). Tal y como ha venido informando este periódico, los contactos entre equipo de gobierno, dirección de la empresa y sindicatos se han intensificado en las últimas semanas ante la intención de todas las partes de despejar de una vez por todas el camino hacia la municipalización. Eso sí, conscientes de que la puesta en marcha de ese nuevo modelo de gestión corresponderá a la nueva Corporación que salga de las urnas.

En este sentido, De la Torre ha reconocido este martes que no hay margen para materializar esa municipalización en lo que queda de mandato, pero sí para «tener los acuerdos adoptados suficientes». Unos acuerdos en forma de convenio que en caso de plasmarse vincularían al próximo gobierno municipal. «El nuevo ejecutivo, aparentemente, parte de cero pero el recorrido que hay no se puede dejar atrás y, por tanto, si en ese nuevo gobierno estamos nosotros y tengo la confianza suficiente de los malagueños para estar seré coherente y leal con el acuerdo que se llegue», ha asegurado el primer edil, quien cuestionado sobre el estado de las negociaciones se ha limitado a señalar que «se está avanzando» en estos días.

En esas reuniones que se vienen manteniendo en los últimos días, ambas partes han acercado posturas a la hora de contemplar que una parte del salario se convierta en variable y vaya ligada a la eficiencia en el trabajo diario. Del mismo modo, también parecen coincidir en dejar a un lado las discrepancias surgidas en torno a los atrasos que se adeuda a la plantilla en cumplimiento de la sentencia del TSJA que declara que el único convenio vigente en Limasa es el de 2010-2012, previo a los recortes. A la espera de que se resuelva otro procedimiento judicial paralelo a mediados de junio, Ayuntamiento y comité de empresa se muestran partidarios de cerrar un acuerdo dejando al margen las cuestiones pendientes en los tribunales, aunque aún está por determinar cómo se plasmaría en el nuevo convenio, que tendría una duración de unos cuatro o cinco años.

Haciendo números, una gestión municipal supone un ahorro anual de unos ocho millones de euros (al ahorrarse el IVA de la mano de obra y otros conceptos como el canon de asistencia técnica que cada año reporta 2 millones de euros a la parte privada) si se compara con el sistema actual, que le cuesta a las arcas municipales unos cien millones anuales. Un ahorro que el alcalde pretende repartir entre mejoras de las condiciones laborales de la plantilla y una renovación de los medios técnicos y mecánicos de la propia empresa.