Toni Morillas pide el amparo del interventor antes de ir a la Oficina Antifraude por el patrocinio de 100.000 euros

Este es el paso previo, como añadía Morillas, antes de denunciar el caso ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción por conflicto de intereses e incompatibilidad, regulado en el artículo dos de la Ley 2/2021.

Morillas pide amparo al interventor porque no le cuadra cómo un gerente de una empresa municipal puede firmar un contrato por valor de hasta 300.000 euros, en este caso 100.000 euros, «actuando él mismo como organismo de contratación, sin fiscalización, y sin dar cuenta de los mismos al consejo de administración de Promálaga», al tiempo que le pregunta al habilitado nacional «¿qué normativa y legislación ampara esta facultad de contratación?».

«Acudimos al interventor porque estamos ante un expediente chapuza, el equipo de gobierno no nos facilita la información completa que hemos pedido acceso, simple y llanamente porque están intentando tapar la implicación de la concejala de Cultura en la adjudicación a dedo del contrato a la Fundación Contemporánea, de la que fuera directora la concejala», explicaba la también coordinadora provincial de IU, al tiempo que indicaba que el alcalde, a sus preguntas en el pasado pleno, no fue siquiera «capaz de poner la mano en el fuego por Pineda, y por eso le pedimos amparo a la Intervención General porque algo huele a podrido».

Morillas le pregunta a Fermín Vallecillo si es posible que los documentos del contrato no aparezcan firmados por técnicos ni empleados municipales, «y sí por el gerente y la concejala de Innovación». Echa en falta un informe que justifique la necesidad del patrocinio y un informe que justifique la exclusividad, «es decir que este contrato se haga a través de un negociado sin publicidad como se ha hecho, pero tampoco está debidamente justificado el retorno publicitario, que tal y como especificaba en el interventor en un informe previo, tiene que estar debidamente justificado porque estamos en un contrato de patrocinio y no una subvención».

Morillas subraya que este será el paso previo a ir denunciar a la Oficina Antifraude «porque algo huele a podrido y el equipo de gobierno del PP y el alcalde siguen tapando la implicación de la concejala, en un asunto en el que hay conflicto de intereses e incompatibilidad incuestionable y el único interés que tienen es que esto se olvide», puntualizaba.

Era obvio, por más que se quisiera mirar para otro lado, que el hecho de que la gente se quede encerrada en el ascensor del ala este de la Casona cada dos por tres y que el tiempo de cautiverio llegue casi a la hora no resulta de recibo en un ayuntamiento que presume de ser 'smart'.

Que luego llegan los haters con la historia de que la gente suba andando o que baje como pueda, pero que cada uno decida cómo quiere o no dirigirse en su vida, porque esa estupidez nadie se la diría a una persona que va en silla de ruedas. O a un señor mayor que tiene problemas de lumbalgia, o al que sufre porque le duelen las articulaciones del reuma. Que cada uno tiene sus achaques y nadie tiene que ir contando por ahí por qué no sube por la escalera, ni los que simplemente ya bastante corren en otros menesteres y cogen el ascensor porque es el momento en el que descansan. Que en pleno siglo XXI, la respuesta no puede ser la de suban y bajen ustedes como puedan.

Por estos motivos y tras las encerronas, el ascensor del ala este, que era el recurrente captor de miembros de la oposición y de empleados de los sindicatos, estuvo un día parado, en el que se le hicieron reajustes y se revisaron sus parámetros. Y de paso, también le tocó al ascensor del ala oeste, que estuvo un buen rato destripado el pasado miércoles. En fin, que a ver si las anécdotas se quedan en eso, y los elevadores mantienen las buenas formas y hacen su trabajo, que para eso están.