El colapso de los centros de salud dispara la demanda de test de coronavirus en la sanidad privada

La guía de Sanidad deja fuera a quienes quieren practicarse una prueba antes de tener contacto con una persona de riesgo, reincorporarse al trabajo de forma presencial e irse o volver de viaje. Son algunos de los casos más frecuentes que a diario pasan por las clínicas privadas. «Estuve el fin de semana en una casa rural», explica Celia, que ayer tenía cita en un hospital privado de Málaga para realizarse un test, «y no quiero visitar a mi madre, que es diabética, hasta saber que doy negativo». Durante el estado de alarma, el Ministerio también indicó que las pruebas diagnósticas debían ser prescritas por un facultativo. Los centros privados salvaron este trámite emitiendo autorizaciones sobre la marcha que ya ni siquiera son necesarias para acceder a una prueba de coronavirus. Con la atención primaria saturada y el camino burocrático despejado, laboratorios y hospitales privados han encontrado en la práctica de test una fuente de negocio: los precios de cada prueba oscilan entre treinta euros (las rápidas, más baratas pero menos fiables) y hasta más de doscientos euros (en el caso de las PCR y serológicas más caras, aunque la media es de unos 150 euros).

Los laboratorios han triplicado su volumen de trabajo en los últimos meses. Beatriz Escolar, propietaria de Bioclon, con sede en El Palo, lamenta que se haya demonizado la labor de estos centros: «Siempre se habla de lo que vale un test pero nadie nos pregunta cuánto nos han costado los equipos para analizar pruebas ni tienen en cuenta que hemos tenido que reforzar plantillas, doblar turnos y que hemos llegado a pagar los equipos de protección individual (EPI) a precio de oro». La moneda del coronavirus les ha caído de cara en materia económica pero también han sufrido su reverso: «Durante mucho tiempo estuvimos atendiendo a los pacientes que no atendía la pública». Ahora, con los esfuerzos de los centros de salud dirigidos a sintomáticos y contactos estrechos, el perfil de solicitantes ha cambiado: «Nos ocupamos de empresas, servicios de prevención, colegios y otros cribados extensos. También estamos saturados». En el caso de los particulares, Escolar recomienda que, aunque ya no sea necesaria la prescripción médica para acceder a una prueba de coronavirus, se acuda a un especialista «que decida qué análisis es el más óptimo».

También las administraciones han recurrido a los centros privados para realizar cribados entre sus plantillas, como en el caso de ayuntamientos y sociedades públicas como la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Los sindicatos advierten sin embargo de la «deriva privatizadora» que detectan que ha tomado la sanidad a raíz de la pandemia. Vicente Sandoval, secretario provincial del ramo en la Unión General de Trabajadores (UGT), reconoce que los tiempos de los centros privados «son mejores» pero cuestiona que sus resultados «sean fiables», además de reclamar «más contrataciones y equipamientos» para el sistema público.

Una técnico de Microbiología del laboratorio de un hospital público de Málaga alega que los retrasos en los resultados de las pruebas se deben «a la acumulación» que sufren desde hace semanas: «Pero trabajamos sábados y domingos y hemos reforzado turnos. No podemos hacer más, al menos hasta que no haya contrataciones». Los test de antígenos, que permiten diagnosticar la enfermedad en apenas quince minutos, deberían insuflar oxígeno a los asfixiados centros de salud y aliviar la presión que soportan desde el inicio de la segunda ola. Mientras tanto, centros públicos y privados conviven para dar respuesta a la demanda de pruebas de coronavirus, que se mantendrá hasta que la pandemia sea un mal sueño dejado atrás.