Se acerca la feria y vuelven las tensiones entre el sector del taxi y las llamadas VTC, las empresas de alquiler de vehículos con conductor, que en Málaga y la Costa del Sol se materializa en la implantación de las dos grandes plataformas digitales que lideran el mercado (Cabify y Uber). En la provincia ya hay 796 licencias de este tipo frente a 2.741 taxis, lo que da una proporción de 1 por cada 3, cuando la ratio máxima por ley es de 1/30. La Asociación Malagueña de Autónomos del Taxi (Amat) ha salido hoy a la palestra de la mano del grupo municipal de IU-Málaga para la Gente para denunciar la situación y advertir de que volverán a las movilizaciones si el Ayuntamiento no controla estos servicios. Del mismo modo, el portavoz del grupo de izquierda, Eduardo Zorrilla, anunció que llevarán una moción al próximo pleno municipal para reforzar la vigilancia de la Policía Local, entre otras peticiones.
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Miguel Martín, presidente de Amat, relató que el sector está padeciendo un problema tan grave que ha supuesto la pérdida de un 30% de la recaudación diaria (de un promedio de 100 euros a unos 70) y puso de relieve que Málaga es la ciudad más problemática en este sentido. No le falta razón: En Madrid y Barcelona –las otras dos ciudades donde ambas 'app' están activas– la ratio es de un coche de alquiler con conductor por cada cuatro taxis, en el primer caso; y 1/12, en el segundo. «Las plataformas digitales han llenado la ciudad sin control y con condiciones precarias de los trabajadores que suponen una competencia desleal».
Si se ven las soluciones, advierte de que el sector volverá a echarse a la calle con movilizaciones y paros, aunque de momento descarta una huelga sorpresa como la de la pasada edición de las fiestas de la capital. Entre las claves, destaca la necesidad de una dotación especial de la Policía Local para vigilar los puntos calientes de llegada de viajeros, ya que, asegura, los conductores de VTC están captando en la calle, algo completamente ilegal. «No hay ningún control», se queja el portavoz de este colectivo de taxistas.
Por su parte, Zorrilla reclamó a la Junta que no conceda más licencias de este tipo y proteja jurídicamente al sector, que es un servicio público. También pidió medidas de vigilancia específicas para que no puedan estacionar cerca de las estaciones ni el aeropuerto, con más vigilancia de la policía para luchar contra el intrusismo; así como medidas de promoción del taxi.
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