Los hogares de Málaga capital empezarán a pagar una tasa específica de basura en 2025

¿Cuánto tendrá que pagar una familia media? Es la gran pregunta a la que todavía no se puede contestar puesto que Europa obliga a repercutir el coste exacto de todo el servicio de recogida, transporte y tratamiento de los residuos. En este sentido, los técnicos municipales ya están trabajando para determinar ese importe. A modo orientativo, los datos del Observatorio de Fiscalidad de Residuos reflejan un recibo medio anual de 92,5 euros por hogar en las ciudades españolas.

Otra aproximación se puede hacer tomando los datos de un estudio monográfico de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) elaborado en 2021. La comparativa revelaba datos muy dispares y se calculaba para domicilios de 95 m2, con un valor catastral de 79.000 euros y un consumo anual de agua de 175 m3 ubicados además en una calle de la categoría fiscal media.

De aquel informe, se desprendía que entonces había cinco capitales que no cobraban una tasa específica para la basura: Badajoz, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga y Valladolid. El resto sí se la cobraba a sus vecinos, pero con diferencias abismales. Así, las tasas superaban los 150 euros en Barcelona, San Sebastián o Gerona y no alcanzaban los 30 euros en Soria o Alicante. En cuanto a ciudades comparables por su volumen a Málaga, podrían mencionarse los 111 euros anuales que pagaba una familia de Valencia al año; los 80 que abonaban en Sevilla, o los casi 58 en Zaragoza.

El Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos, por su parte, en un análisis de 2022 fijaba en un promedio de 92,5 euros por familia al año el recibo de la gestión de residuos y alertaba de que lo ingresado por los ayuntamientos sólo cubría el 72% de los costes. Esto es algo clave en el citado cálculo que tendrá que hacer Málaga. Fuentes municipales consultadas por este periódico son muy enfáticas en la necesidad de cubrir todos estos costes.

Aquel informe de Fiscalidad de Residuos ponía el acento en otra cuestión: casi la mitad de las ciudades cobraba una tasa fija, lo que de facto implica que los hogares con mejores prácticas (más reciclaje y menos residuos) subvencionaban a los que tenían peores usos. En el caso de Málaga, aún no está determinada la fórmula exacta, si fija o variable. En el caso de que sea variable, el resto de ciudades emplean criterios como la calle, el valor catastral, el consumo de agua o la superficie del inmueble.

Actualmente, la basura doméstica en Málaga capital se cobra dentro del recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), pero existe una ordenanza (en concreto, la número 19) para la prestación de este servicio que sí pagan comercios e industrias. También se implantó para los propietarios de viviendas destinadas al alquiler turístico, pero los tribunales tumbaron aquella medida y no se ha vuelto a recuperar.

El fundamento para cobrar una tasa de basura hay que buscarlo en la Ley de Residuos (7/2022 de 8 de abril), que obliga a repercutir el coste real de la gestión de los distintos residuos de competencia municipal a los ciudadanos (recogida, transporte y tratamiento). Se trata, por eso, de determinar el coste del ciclo integral. En dicha ley se hace referencia exacta a «una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidos la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento o vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de energía»

El Ayuntamiento ya ha realizado varias reuniones técnicas para estudiar la aplicación de esta normativa y ha tomado la decisión de posponer su aplicación a 2025, es decir, iniciar su efecto en el último año de los tres posibles.

Es el principio de que «quien contamina, paga». El hecho de que se recupere a partir de 2025 con sistemas de pago por generación, recogiendo el coste real, de manera específica y diferenciada, viene impuesto por la ley, que se adapta a la Directiva 2008/98/CE .