Si uno de los principales remedios al problema del acceso a la vivienda en Málaga pasa por incrementar notablemente la construcción pisos, para que exista una variada oferta que atienda a la creciente demanda, la salida a esta emergencia social se atisba aún muy lejana ... en el tiempo. Un repaso por el estado de los principales suelos residenciales previstos en el actual Plan General de Ordenación Urbanística de la capital permite comprobar que, actualmente, son muy escasos los terrenos que ya están listos para construir, y que, al ritmo habitual de la burocracia, pasarán bastantes años para poder contar con una bolsa de parcelas preparadas que dé respuesta a la necesidad de vivienda de Málaga, que un reciente informe de la consultora Savills ha cifrado en unas 12.000 al año.
La realidad es que, según los cálculos realizados por SUR, partiendo de los listados de suelos contenidos en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2023-2027 elaborado por el Instituto Municipal de la Vivienda, Málaga solo dispone actualmente de suelo listo para construir unas cuatro mil viviendas, de las cuales muchas ya están reservadas por sus futuros compradores. Se trata de solares ubicados fundamentalmente en el extrarradio occidental de la capital, en los distritos de Churriana, Campanillas y Puerto de la Torre, donde en los últimos meses están floreciendo nuevas promociones de empresas que aprovechan la ocasión de poder empezar a poner ladrillos en un momento en el que, pese a los elevados precios, se siguen vendiendo viviendas a un ritmo aceptable para el sector inmobiliario.
Entre los suelos disponibles para la construcción destacan los ubicados en Churriana, en las zonas de El Pizarrillo, El Cuartón y El Retiro, con capacidad para más de 1.500 viviendas. En los últimos meses, se han anunciado promociones fundamentalmente de adosados para estos sectores, con precios que rondan los 400.000 euros en algunos casos. En el caso del Puerto de la Torre, todavía pueden levantarse nuevos bloques para más de un millar de pisos en zonas como Cañada de los Cardos y el Cañaveral, donde se anuncian promociones de viviendas tanto en venta como en alquiler, una tipología hasta ahora residual en la capital pero que está cobrando cada vez más peso ante las dificultades de las familias para suscribir una hipoteca. Así, el grupo Azora tiene prevista aquí la construcción de unas setecientas unidades residenciales, destinadas al arrendamiento.
En Campanillas, quedan suelos disponibles para unas doscientas casas en Maqueda y otras tantas junto a la avenida de José Calderón, donde el empresario local Federico Beltrán dispone de varias parcelas. Y, más próximo al Centro, está el caso de los suelos de San Lucas, en la antigua zona industrial de La Princesa, cuya urbanización acaba de concluir para dar cabida a medio millar de pisos aproximadamente, con precios que rondan los 300.000 euros como mínimo, según las promociones que ya anuncian y comercializan empresas como la vasca Amenabar y Aelca.
Más allá de estos suelos listos para unas cuatro mil viviendas entre las que no existen VPO, al tratarse en muchos casos de planeamientos antiguos, el panorama se presenta desalentador. Todavía habrá que esperar en torno a un año para ver completadas las obras de dos de los cuatro sectores que se encuentran en pleno proceso de transformación y que suman espacios para casi cinco mil pisos. Se trata de Distrito Zeta, al este de Intelhorce, donde están previstas 3.443 viviendas de las que más de un millar serán de VPO; y de una nueva urbanización para 1.236 viviendas al oeste del campus de Teatinos. En ambos casos, al final de los trabajos de urbanización que se acometen, seguirán todavía varios años hasta ver completadas las obras de las distintas promociones, si bien algunas ya están en proceso de comercialización, con precios que también rondan los 300.000 euros y en muchos casos superan los 400.000.
Más atrasado, porque ha comenzado recientemente con un plazo de varios años de ejecución, está el proceso de urbanización de los sectores de Cortijo Merino (el suelo que ocupó la fábrica de Amoniaco), para 1.250 pisos, de los que 562 serán protegidos; y La Térmica, para unos cuatrocientos pisos de renta libre que presumiblemente alcanzarán unos elevados precios por su ubicación en plena fachada litoral oeste, y 273 VPO, que quedarán en manos del Ayuntamiento.
Precisamente el Consistorio desarrolla desde mediados de este año un concurso para dejar en manos de promotoras privadas los suelos para la construcción de 606 pisos protegidos en Distrito Zeta y 562 en Cortijo Merino. Sin embargo, todo apunta a que transcurrirán todavía varios años hasta que estas viviendas puedan adjudicarse por sorteo entre los demandantes registrados por el Instituto Municipal de la Vivienda, ya que su construcción depende de que las parcelas estén disponibles y de la obtención de los permisos urbanísticos que lastra la burocracia.
Al margen de estos sectores urbanizados o en proceso de preparación para poder construir, Málaga tiene más de una quincena de grandes bolsas de suelo residencial para más de 27.000 viviendas que todavía están frenadas por la inacción de sus propietarios o la lentitud de las administraciones a la hora de tramitar los expedientes de aprobación para cada una de ellas. En ese sentido, cabe recordar que algunos permisos ambientales de la Junta que deberían estar en un plazo de tres o cuatro meses, se demoran por norma uno o dos años como mínimo. De ahí que no vaya descaminada la denuncia de los promotores de que, en Málaga, hacen falta diez años para que un suelo pueda quedar listo para colocar ladrillos.
De esos ámbitos, el que se encuentra más avanzado para que sus obras puedan comenzar en los próximos meses es el de Rojas Santa Tecla, un conjunto de terrenos situados al norte del campamento Benítez y al oeste de la carretera de Churriana en los que está prevista la construcción de 2.847 viviendas agrupadas en torno a un campo de golf. A la mayoría del resto de sectores le quedan bastantes años para que pueda completarse su transformación en espacios aptos para construir las viviendas previstas en ellos, de las que más de 11.000 serán de protección oficial, lo que supone el 40% del total.
En ese sentido, destaca el caso de los terrenos situados en la vega de Campanillas, donde están previstas 7.326 viviendas de las que 4.140 serán protegidas. La falta de impulso de la Junta de Andalucía para llevar a cabo el proyecto de encauzamiento del río Campanillas mantiene bloqueados estos suelos, cuyos propietarios intentan buscar una salida a la inacción del Gobierno andaluz en los últimos veinte años con la redacción de unos estudios que sirvan para avanzar en la solución al problema.
Asimismo, llama la atención por sus cifras el caso de las 4.644 viviendas previstas en la zona de Lagar de Oliveros, al oeste del Puerto de la Torre, de las que 2.754 serán de protección oficial. Todavía pasarán años para que pueda avanzarse en la urbanización de esos suelos, en los que la Junta y el Ayuntamiento poseen derechos para construir. Como también se vislumbran aún lejanas operaciones como la del desmantelamiento del polígono San Rafael para dar paso a un nuevo barrio de 2.248 viviendas, la de las torres de Repsol (que incluye 400 VPO), la de San Cayetano (1.805 viviendas al norte del Puerto de la Torre de las que 542 serán VPO), y la del millar de VPO prevista al oeste de Soliva, para la que el Consistorio ha activado recientemente un plan para quedarse con estas parcelas y eximir a sus propietarios de soportar unas cargas urbanísticas muy elevadas, que hacían inviable el desarrollo de este sector desde el punto de vista económico.
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