Intervención ejecutó el acuerdo del pleno y le quitó a Juan Cassá 1.250 euros

Con esos cálculos, cuatro comisiones y un pleno al mes venían a ser sólo 250 euros frente a los 1.500 euros que viene percibiendo. Al parecer cuando el asturiano se encontró el pastel puso el grito en el cielo y se encomendó al equipo de gobierno, a quien les hizo ver lo que le había pasado.

Se preguntarán por qué la Intervención General no ejecutó el acuerdo plenario en el mes de agosto, pues es fácil porque es un mes inhábil y no hay sesiones de este tipo. Pero a lo que íbamos, en la Casona se encendieron las alarmas populares, ya que no quieren enfadar a Cassá, que sigue a rajatabla y obediente la disciplina de voto del equipo de gobierno, aunque oficialmente no pertenezca a él, y que en definitiva es el concejal 16 de 31, el que mayor fuerza tiene hoy por hoy en el Ayuntamiento, ya que puede inclinar la balanza hacia un lado (el PP y Cs, con 15 concejales) y el PSOE y Adelante Málaga (con otros 15 ediles).

En esta tesitura, tanto los popes del Ayuntamiento, así como la propia Secretaría General le hicieron ver a Intervención que cuando se aprueba una moción sobre cuestiones presupuestarias (el sueldo de los ediles está incluido en los presupuestos), aunque el pleno tenga potestad ejecutiva, si no la ha impulsado el equipo de gobierno a través de una proposición, y viene con los parabienes de Intervención y Secretaría General, tiene que pasar por un proceso, abrir un expediente administrativo, y cumplimentarlo con los informes de ambos habilitados nacionales.

Así, que Intervención General dio marcha atrás y le hizo efectivo a Cassá en el mes de octubre los emolumentos que no había cobrado en septiembre hasta que se conforme dicho expediente administrativo, que debería impulsar Alcaldía.

Por estos motivos, el por entonces secretario general provisional Pedro Moreno Brenes, le hizo llegar un escrito al regidor en octubre, en el que le pedía que se cumpliera el acuerdo plenario de julio por el que se aprobó la moción para bajarle los emolumentos por asistencia a comisiones y a plenos a Cassá.

Moreno Brenes dejaba claro en el escrito que esta medida, aprobada en el pleno, es ejecutiva de este órgano (es decir, que tiene potestad para aprobarla y que se ejecute) y pide se le dé curso (artículo 73.2 del Reglamento Orgánico del Pleno) y que «por la Alcaldía-Presidencia o por la concejalía delegada de Recursos Humanos se ordene la instrucción del correspondiente expediente administrativo, iniciado ya de oficio por la citada moción», al que hay que incluirle los informes de la Secretaría general e Intervención general para que se lleve a la próxima sesión plenaria. Obviamente, a la próxima sesión plenaria que pedía Moreno Brenes, que fue el pasado mes de noviembre, no fue este asunto.

Tanto el PSOE, Adelante como Cs van a pedir al alcalde que se ejecute el acuerdo de obligado cumplimiento. Adelante, de hecho, estará atento a incluir una enmienda con este asunto en los próximos presupuestos, en la que Cs deberá retratarse a favor para que se ejecute su propia moción. El PP, por ahora, no deja claro qué va a hacer. Cassá solía decir que «el alcalde es especialista en darle una patada a la lata». Esta vez, mira por donde, le va a venir de perlas.