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Juan Soto y Francisco Jiménez
Málaga
Viernes, 12 de junio 2020, 17:46
Los socios privados de Limasa no han dicho aún su última palabra sobre el proceso de municipalización de la empresa y han recurrido a los tribunales para defender sus intereses. Tras presentar alegaciones al Ayuntamiento, Servicios Urbanos de Málaga (integrada por FCC, Urbaser y en ... menor representación Sando y Unicaja, y que posee el 51% del paquete accionarial) ha presentado un recurso contencioso-administrativo con la intención de paralizar el proceso. Al parecer, los privados no están conformes con la memoria elaborada por los técnicos del Ayuntamiento para justificar la municipalización.
Durante el consejo de administración de la empresa, celebrado este viernes, la parte privada se ha opuesto a la finalización de la prórroga del contrato, a la disolución de la sociedad y a dar potestad al gerente para trasladar todos los bienes a la nueva empresa pública, por lo que las votaciones han quedado empatadas.
No es la primera vez que la parte privada trata de poner palos en las ruedas a este proceso, ya que han presentado alegaciones en cada uno de los pasos que se han ido dando. En febrero de este mismo año insistieron en que el documento «adolece de vicios de nulidad y anulidad que imposibilitan su aprobación definitiva». Además, incidieron en su tesis de que «en contra de lo que este Ayuntamiento concluye, la forma más adecuada, eficiente y sostenible de gestionar el servicio no es mediante la liquidación de Limasa III y la posterior creación de una sociedad mercantil de titularidad íntegramente municipal».
Pese a este contratiempo, la intención del equipo de gobierno es que a principios de julio se ponga en marcha la nueva empresa pública, ya que consideran que este movimiento no afecta a sus planes iniciales. A mediados de mayo, la junta de gobierno local aprobó que, tras la finalización del contrato de Limasa III el 30 de junio, se pondrá en marcha la nueva empresa Limpieza de Málaga Sociedad Anónima Municipal. Habrá que esperar, no obstante, a que el juzgado determine si atiende las peticiones de los privados o, al menos, acepta las medidas cautelares planteadas.
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