Los socios privados de Limasa plantan batalla contra la municipalización

Ahora vuelve a estar en periodo de alegaciones y Servicios Urbanos de Málaga (integrada por FCC, Urbaser y en menor representación Sando y Unicaja, y que posee el 51% del paquete accionarial) ya ha anticipado sus planes de insistir en su advertencia de que este documento «adolece de vicios de nulidad y anulidad que imposibilitan su aprobación definitiva». Además, inciden en su tesis de que «en contra de lo que este Ayuntamiento concluye, la forma más adecuada, eficiente y sostenible de gestionar el servicio no es mediante la liquidación de Limasa III y la posterior creación de una sociedad mercantil de titularidad íntegramente municipal».

Si los privados repiten sus pasos, en el Consistorio también contemplan hacer lo propio, desestimando las alegaciones basadas en cuestiones meramente numéricas y técnicas, aunque ya se van haciendo a la idea de que el asunto puede acabar en los tribunales cuando llegue el momento de liquidar la sociedad actual, cuyo procedimiento es independiente a la constitución de su sucesora pública. En este trámite de disolución de Limasa III, cada parte recuperaría su paquete accionarial, que para los privados supondrá la reversión de 3 millones de euros. Además, quedarían por repartirse (49% para el Ayuntamiento y 51% para los privados) el montante que se ha ido dejando en reserva, que al cierre de 2018 ascendía a 2,7 millones aunque la partida sigue aumentando. En su conjunto, las estimaciones apuntan a que los socios privados recuperarían unos 5 millones. Pero en Seruma piden más, y ahora reclaman al Consistorio que ponga los 8,68 millones de euros correspondientes a los siete últimos años en los que los accionistas renunciaron al reparto de dividendos, una cuantía que igualmente se distribuiría a cada parte al 49-51%, por lo que la parte privada serían 4,4 millones.

«De los 26,19 millones de euros que debió haber obtenido como beneficio antes de impuestos, las cuentas de la sociedad sólo han recogido 17,5, de los que se han repartido como dividendos 8,1», argumentan para apuntar que «esta falta de abono de la remuneración pactada por ese Ayuntamiento ha causado un evidente perjuicio a Seruma». Así lo afirman en la reclamación administrativa presentada como alegación al presupuesto municipal de 2020, que ha sido tumbada por toda la Corporación pero que deja a las claras los planes de las empresas privadas. ¿Por qué entran a tratar de enmendar las cuentas? Porque entienden que el presupuesto de 2020 «no resulta válido» al no contemplar las partidas que, a su juicio, son necesarias para liquidar la empresa.

En este sentido, cabe recordar que Limasa III está obligada por contrato a cerrar cada ejercicio con un beneficio antes de impuestos del 2%, una cláusula que se implantó en 2004 para compensar a la parte privada por nuevos trabajos encomendados que no figuraban en el contrato y por las subidas salariales por encima del IPC que en los años de bonanza fueron aprobando los gobiernos de Francisco de la Torre para evitar conflictos laborales. En el último ejercicio aprobado (2018) supuso a las arcas públicas un aporte extra de 13 millones (117 desde que comenzó a aplicarse) al margen de los 77,8 facturados por la prestación del servicio, para poder llegar a ese 2% de beneficio. Aunque tanto el consejo de administración como la Junta General de Accionistas (donde los privados están proporcionalmente representados en función de su participación en la empresa) aprobaron que no se repartieran los dividendos como viene sucediendo desde 2012 en consonancia con los ajustes presupuestarios de la compañía. Y a eso se agarra el equipo de gobierno local para negarse, de momento, a poner esos 8,6 millones.

En cuanto al hecho de que el coste de la liquidación no esté recogido explícitamente en las cuentas municipales, los técnicos municipales explican que los 109 millones de euros consignados para la limpieza viaria y la recogida de residuos se han fijado contemplando la situación actual de la empresa en prórroga, pero que esta cuantía sería «ampliable» en el caso de que el cambio de modelo se acometiera antes de 2021.

Un hito que se antoja remoto, ya que el calendario fijado en la Casona del Parque contempla aprobar de forma definitiva la memoria y las ordenanzas que darán soporte al nuevo modelo de gestión en torno al mes de abril. Sería entonces cuando se acometería la constitución de la nueva empresa municipal, que no se completaría antes de julio. El último paso sería la subrogación de los 1.800 trabajadores que pasarían a la nueva entidad Limpieza de Málaga como personal laboral, que se podría acometer en agosto, pero teniendo en cuenta todo el dispositivo de feria se pospondría al menos para septiembre. Y llegados a ese punto, los técnicos consideran que, a efectos contables y de gestión, lo más efectivo sería hacer coincidir el traspaso tanto del personal como de las instalaciones y la maquinaria con el cierre del ejercicio actual.