Smassa reconoce «irregularidades» en la contratación después de que Dani Pérez las denunciara

La contestación de la empresa municipal Smassa no tardaba en llegar, a través de un comunicado que enviaba el gabinete de prensa del Ayuntamiento durante la tarde de este martes, en el que se reconocían «irregularidades» administrativas en materia de contratación y también se reconocía que «el Departamento de Obras de la empresa, responsable de los expedientes cuya tramitación está en cuestión, no ha realizado su trabajo correctamente», a lo que añadía que la propia empresa abrió en marzo de este año (cuando la investigación de la UDEF de la Policía Nacional ya estaba en curso) un expediente de información reservada para depurar responsabilidades«, lo que se dirimirá, según la nota, en los próximos días.

La propia Smassa indica que por este asunto ya han ido a declarar a la Policía Nacional tanto el gerente Manolo Díaz como la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández. La propia empresa indica que, si bien los procedimientos eran irregulares, o «incorrectos», los pagos realizados se corresponden con los trabajos efectivamente realizados. Por último, reconocen que el 8 de febrero ya conocieron de las irregularidades administrativas, un asunto que no ha trascendido hasta dos meses después, hasta este martes, 23 de abril, a causa de una denuncia pública del grupo socialista. La transparencia brilla por su ausencia en un asunto de este calado. Llamó la atención, además, que el alcalde de Málaga Paco de la Torre dijera en rueda de prensa durante la mañana que no tenía noticias de esta cuestión. «Nos informamos y daremos nota aclaratoria», que afirmaba el primer edil. La nota reconociendo las irregularidades llegaba por la tarde.

Pérez puso el dedo en la llaga en lo que, a su juicio, «no huele nada bien», de cómo «se habían adjudicado a dedo una serie de direcciones de obra y asistencias técnicas sin ningún tipo de procedimiento». El grupo municipal socialista también tiene en su poder el informe de necesidades de la técnica municipal en la que supuestamente se falsifica su firma, hechos que han sido denunciados al Cuerpo Nacional de Policía, que se ha hecho cargo de la investigación.

De hecho, el PSOE exponía la contestación de la secretaria general del pleno, Alicia García Avilés, a quien el grupo municipal le pedía que hiciera un informe sobre el procedimiento de contratación de un jefe de departamento de obra en septiembre de 2022, y en un documento la habilitada nacional se excusa en que el asunto se encuentra sub iudice por lo que «razones de prudencia nos llevan a posponer la evacuación de nuestro informe hasta la emisión del correspondiente pronunciamiento por el órgano jurisdiccional competente», como afirma en el escrito.

Dani Pérez lo explicaba de la siguiente manera: «La trama es muy sencilla. Se ha falsificado la firma de técnicos municipales, así como se han obviado procedimientos legales para, a todas luces, otorgar a dedo licitaciones públicas», quien incidió en que «el primer caso detectado fue la falsificación de un informe de necesidad para proceder a la contratación de una empresa como asistencia técnica en la dirección de obras para la ejecución de estructura tras la reciente adjudicación de proyecto de cubrición de las pistas del colegio Pío Baroja. Sin embargo, las firmas no eran originales y eran idénticas, en fecha y horas, de otro documento, también un informe de necesidad realizado previamente por el mismo técnico».

Pérez subrayaba que en los documentos originales « las firmas aparecen como una imagen, cortada y copiada, en lugar de ser una firma digital original, tal y como debe ser en cualquier procedimiento; parece una falsificación burda hecha con Photoshop (un programa informático para imágenes)». Esta presunta falsificación, como exponía el líder socialista, habría servido« para contratar, sin procedimiento alguno, a otro técnico que sería el encargado de empezar a realizar los proyectos que le encargara la gerencia y dejando de lado a la citada técnico», puntualizó.

Esta información sale a la palestra después de que la técnica municipal Trinidad Rodríguez alertara en un pleno de lo siguiente: «Las cosas que me pedían hacer en Smassa me llevaban a la cárcel», explicando que recibía presiones por parte del gerente de Smassa, Manolo Díaz, como expuso.

El auditorio en el Puerto de Málaga da un paso más. El alcalde presentaba la modificación presupuestaria de 24,4 millones de euros, que dedicará su mayor partida, 11 millones de euros, a la compra del suelo en el Puerto de Málaga «con el objetivo de agilizar el proyecto», como explicaba el regidor, indicando que más tarde este montante serviría a la Autoridad Portuaria para contar con un suelo logístico en los terrenos de Bacardi. «Esto es más rápido que permutar este terreno por suelos en los Prados», afirmó el regidor, dando cuenta de que se está a la espera de que se pueda constituir de nuevo el Consorcio del Auditorio del Puerto, al que se le haría entrega del suelo, así como de 5 millones que ya ha presupuestado el Ayuntamiento «a cuenta de la parte que nos correspondería», como subrayó De la Torre.

El Consorcio del Auditorio en el Puerto, que estaría formado por los ministerios de Cultura y Hacienda, la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga tiene un obstáculo en el camino, y es que como el Gobierno no ha aprobado Presupuestos este año debería buscar una forma alternativa para poder sumarse a este organismo de nueva creación, ya que el anterior existente se disolvió en 2014. Cabe recordar que la Junta de Andalucía también ha incluido una partida de 10 millones de euros en su presupuesto de 2024, y la Diputación, a su vez, 100.000 euros en sus cuentas.

La parcela cuenta con 31.400 metros cuadrados de superficie y una edificabilidad de 28.000 metros cuadrados. El importe a su compra ha sido visado por la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA), que lo ha valorado en nueve millones de euros, y lo restante hasta 11 millones se trataría del IVA, que recuperaría el Ayuntamiento cuando transmita la parcela al Consorcio. De la Torre también ha subrayado de que sigue habiendo interés por la colaboración público privada, como ha expresado en otras ocasiones, y que hay tres empresas interesadas en formar parte del proyecto, aunque prefirió no decir sus nombres hasta que no estuviese totalmente cerrado.

Otra de las grandes partidas, que no deja de ser llamativa, es que el Ayuntamiento de Málaga parece que ya no va a pleitear más en Art Natura en recurso de casación al Tribunal Supremo «para que no sigan subiendo los intereses», y abonará los dos millones de euros tras la sentencia del TSJA del pasado mes de febrero. La cantidad proviene de los gastos correspondientes al primer año 2011, y al primer trimestre de 2012, antes de que se resolviera el contrato, y tienen que ver con la realización de actividades culturales por parte de Royal Collections. La sentencia desestima otras cantidades reclamadas por esta firma de 4,8 millones de euros más intereses.