Málaga lleva seis años buscando sitio a dos gasolineras

A día de hoy, nada ha cambiado ante la dificultad de encajar en los planos dos emplazamientos alternativos que satisfagan a la compañía y, a su vez, no generen rechazo vecinal. Después de un largo paréntesis, en la Gerencia Municipal de Urbanismo parecen dispuestos a zanjar la cuestión. Para ello, tienen intención de reactivar las conversaciones con la compañía en las próximas semanas.

Eso sí, descartando dos escenarios. Por un lado, ni se contempla la posibilidad de dar marcha y volver a las ubicaciones originales. Y por otro, se hará todo lo posible para evitar tener que indemnizar a la multinacional bien pactando una cuantía bien a través de una expropiación forzosa.

Como tercera vía, que de momento se atisba como la más factible confiando en la predisposición al diálogo de la empresa, va cobrando cuerpo la posibilidad de compensar a la multinacional prorrogando los años de concesión en varias de las estaciones que gestiona en la capital, cuyo vencimiento está próximo. «Vamos a retomar las conversaciones para cerrar este tema, pero siempre con la idea de que no cueste dinero al Ayuntamiento. Por eso, nuestra intención es avanzar en la ampliación de concesiones que estén pendientes de renovación», asegura el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López.

Lo cierto es que desde Repsol se han mostrado en todo momento abiertos a llegar a un acuerdo y sin presiones temporales, de ahí que el expediente siga abierto después de seis años. Aunque el asunto se remonta más en el tiempo, puesto que los planes para establecer estas dos gasolineras vienen de hace dos décadas, cuando el Ayuntamiento firmó con la multinacional un convenio para el desmantelamiento de los surtidores de la calle Alemania (2005), Fuente Olletas (2010) y el puente del Carmen. A cambio, el Consistorio permitiría la construcción de nuevas estaciones en la avenida de Valle-Inclán (lleva años en funcionamiento), en los suelos que ocuparon los antiguos depósitos de Repsol en la avenida de Juan XXIII; y al final del paseo marítimo de Poniente, junto a la rotonda de acceso a la urbanización de Sacaba.

Pese a que los trámites para ambos proyectos estaban bastante avanzados (la de Juan XXIII tenía licencia de actividad y solicitada la de obras; mientras el expediente de la de Sacaba estaba a punto de ser aprobado), la presión política y vecinal condujo a la renuncia por parte de la compañía a estos emplazamientos, con el compromiso municipal de buscar nuevas ubicaciones que cumplieran unas condiciones similares en cuanto a potenciales beneficios. Y ahí es donde se complicó todo, porque las opciones que el Consistorio ha venido poniendo sobre la mesa (una de ellas era Colinas del Limonar) no convencen a la petrolera. De ahí que la salida que gana peso sea la de ampliar las concesiones de instalaciones ya existentes en otros puntos de la ciudad.

En caso de no llegar a un acuerdo, la única opción que le quedaría al Ayuntamiento sería indemnizar a la multinacional bien pactando una cuantía bien a través de una expropiación forzosa. Pero al margen de ese montante, también habría que sumar el dinero que las arcas municipales dejarían de ingresar. En el caso de los 3.500 metros cuadrados reservados inicialmente para la gasolinera en los terrenos de Juan XXIII, el Consistorio tendría que renunciar a 1,2 millones de euros por la plusvalía que generaba el traslado que se acordó en el año 2002 hacia la esquina con la avenida de Europa desde su localización originaria, en la esquina norte, con la calle Bodegueros.