El Seprona cree que Urbanismo no ejerció sus competencias en el 'caso de Villas del Arenal'

Este periódico ha podido tener acceso a ese informe al completo, en el que el Seprona concluye que «desde un punto de vista policial existen indicios de infracción penal» por cuatro motivos. El primero de ellos es que la Guardia Civil considera que «por parte del Ayuntamiento, como autoridad competente en materia de disciplina urbanística, no se ha ejercido debidamente sus competencias al no culminar por diferentes motivos los respectivos procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística y procedimientos sancionadores».

Asimismo, el Seprona destaca que existen 69 procedimientos respecto a obras no legalizables que ya contaban con orden de demolición y en los que no consta que el derribo se haya producido. El tercer punto señala que se han detectado «cuatro procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística sobre obras legalizables en los que no consta el correspondiente reestablecimiento», y el cuarto destaca que al menos 82 expedientes sancionadores «no han culminado conforme a derecho» por diferentes motivos.

Esta última afirmación responde al análisis de la situación en la que se encuentran los 83 expedientes sancionadores que llegaron a tramitarse de un total de 143. El resto, 60, fueron archivados por prescripción de la infracción (44), caducidad (7), inexistencia de infracción (5), autor equivocado (2) y anulación (2).

De los 83 que aún están vivos solo se ha cobrado la multa de uno de ellos –de ahí que 82 no estén culminados–, y el resto están en diferentes circunstancias. En 35 no consta incoación ni resolución; en 30 sí existe incoación pero no más trámites posteriores; en 14 hay propuesta de resolución pero no resolución en firme; y cuatro sí cuentan con resolución que impone una sanción, pero la Gerencia de Urbanismo solo ha cobrado uno de ellos.

El Seprona detalla que, al margen de dos expedientes que se iniciaron por denuncias de la Policía Local y otros dos por denuncias de vecinos, el resto se activaron a requerimiento de la anterior jefa del servicio de Inspección, Esther Sedano, quien el 1 de julio de 2013 pidió al inspector de zona que revisara viviendas concretas al haber tenido conocimiento de que podrían haberse cometido infracciones urbanísticas en ellas.

A partir de esa petición, el inspector realizaba una visita a la vivienda y comprobaba mediante fotos aéreas la existencia de las supuestas obras ilegales. Posteriormente, otro técnico confirmaba las obras ejecutadas y las valoraba para incoar el proceso de restablecimiento de la legalidad. La Guardia Civil hace notar que, en algunas ocasiones, estos segundos informes no confirman la existencia de las obras y hacían constar que, o no se llegaron a realizar, o habían sido demolidas por los propietarios de la vivienda.