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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha emitido una sentencia que supone la muerte definitiva de los planes y mapas del riesgo de inundación en Andalucía que la Junta elaboró y aprobó hace tres años y que desde entonces han traído de ... cabeza a los empresarios que se han visto afectados por condicionar sus proyectos urbanísticos. El fallo anula los mapas que aprobó en el año 2016 el Gobierno andaluz para marcar la huella de las zonas inundables, unos documentos que hasta ahora no habían sido tumbados expresamente por una sentencia, ya que las evacuadas la pasada primavera por el Tribunal Supremo únicamente hacían alusión a la anulación del Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, donde está englobada la provincia de Málaga, y al plan de gestión del riesgo de inundación que hasta ahora suponía un freno para no pocos desarrollos urbanísticos previstos, pero sin hacer mención expresa a los mapas.
Los empresarios, satisfechos
El fallo del TSJA se sustenta en esas sentencias del Supremo para considerar que los mapas forman parte de los planes anulados y que, por lo tanto, también carecen de validez. Esta sentencia, evacuada a raíz del recurso presentado por un particular con el asesoramiento de los abogados Manuel Jiménez y Ramón Seco del despacho Ius Urbis, supone por lo tanto un espaldarazo definitivo para los empresarios de los polígonos de Málaga afectados por la inundabilidad en su lucha contra las administraciones públicas para esquivar los condicionantes que hasta ahora les imponen a causa del riesgo de inundación.
El presidente de la Asociación de Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga (Apoma), Sergio Cuberos, mostró a este periódico su satisfacción por este nuevo fallo judicial que avala sus argumentos en contra de los mapas del riesgo de inundación y aseguró que lo usarán para exigir al Ayuntamiento y a la Junta que no vuelvan a condicionar o frenar proyecto alguno por un informe en materia hidráulica.
No obstante, el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía aún no es firme, ya que cabe recurso de casación ante el Supremo, y sus consecuencias dependerán de lo que determinen los servicios jurídicos de los ayuntamientos y de la Junta, que aún no ha dado a conocer cuál va a ser el efecto de las anteriores sentencias del Supremo.
Con todo, el Gobierno andaluz ha iniciado ya los trámites para revisar y renovar los mapas del riesgo de inundación en Andalucía. El real decreto que regula desde 2010 la evaluación y gestión de los riesgos de inundación en el territorio nacional establece que deberán revisarse a más tardar el 22 de diciembre de 2018, y a continuación cada seis años. Y a ello se ha puesto manos a la obra la Junta, tramitando un documento para la revisión y actualización de la evaluación del riesgo de inundación en toda la comunidad autónoma, incluidas las cuencas del territorio malagueño.
Por su parte, Apoma ha contratado los servicios del ingeniero Manuel Aldeanueva para elaborar los proyectos que permitan reducir el riesgo de inundación en el ámbito del Guadalhorce, según las actuaciones propuestas por el Ayuntamiento y para las que se estima un coste de ejecución de unos cuatro millones de euros.
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