La secretaria y el interventor de Málaga se ponen de perfil en el controvertido patrocinio de 100.000 euros

Vamos por partes. En el caso del interventor general, Fermín Vallecillo, según el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, afirma que no da cuenta porque el informe no lo piden el 1/3 de los concejales que indica la ley. En este caso es el grupo Con Málaga, con dos concejales, a los que si bien no le competía hacerles un informe, les podría haber atendido, que para eso es habilitado nacional y se supone que su objetivo principal es la fiscalización e intervención previa de los actos de la entidad local y de sus organismos autónomos, cualquiera que sea su denominación, y de susceptible repercusión económica, financiera y patrimonial.

Es obvio que son malos tiempos para la lírica... y para la transparencia. Si en una primera ocasión, el interventor, de forma diligente, les había enviado a Con Málaga varios informes, en los que indicaba que «estos contratos de patrocinio público se deben incluir en la programación previa de la contratación pública» y que deben ser tramitados «con arreglo a los principios de publicidad y transparencia», en esta ocasión se ciñó a que no se lo pedían un tercio de la Corporación conforme a la normativa, lo que no quita para que desde su papel de interventor y fiscalizador de las cuentas y el dinero público les asesorase incluso a viva voz sobre las diferentes cuestiones que necesiten en su labor de oposición. Lo que vienen siendo los contrapesos en la democracia y los sistemas de control de las administraciones, que se ve que cada día son más difíciles.

En el caso de la secretaria general del pleno, Alicia García Avilés, el tema tiene algo más de análisis si cabe. El grupo socialista, con 10 concejales y un tercio de la Corporación (31 es el total), tal y como dictamina la normativa, le pide que informe sobre la normativa de incompatibilidades aplicable al caso de esta concejala (Mariana Pineda), que analice sobre si la participación directa o indirecta de la concejala en el expediente podría contravenir la normativa, y por último, recomendaciones jurídicas y administrativas sobre las actuaciones a seguir en caso de confirmarse una situación de incompatibilidad.

Pues bien, la secretaria general contesta, sin despeinarse, que no procede atender la solicitud de informe, primero porque indica que no tiene el expediente del patrocinio de 100.000 euros, como si la secretaria general del pleno, en sus atribuciones de habilitada nacional no pudiera pedírselo a Promálaga, como han indicado a esta sección fuentes jurídicas del cuerpo de habilitados nacionales, máxime cuando la mayoría de los servicios de un gran ayuntamiento como el de Málaga están radicados en empresas del holding tales como limpieza (Limasam) o aguas (Emasa), y todos esos asuntos se tratan y conciernen al pleno, del que ella es secretaria, y debe informar.

También indica García Avilés que el asesoramiento al grupo (socialista) se excedería de las funciones atribuidas a la Secretaría general del pleno. Nada más lejos de la realidad, porque según los juristas consultados, la labor de la Secretaría general es precisamente esa, como se indica en el artículo 122.5 de la Ley de Bases de Régimen Local, que afirma en el punto e, que entre las labores de la Secretaria General está, precisamente «el asesoramiento legal al Pleno» y obviamente a los concejales que conforman el pleno y que debe hacerse de forma preceptiva cuando lo solicite un tercio de sus miembros cuando el asunto se trate en el pleno, como así ha sido.

En resumen, que una Secretaría General de un ayuntamiento como el de Málaga se ponga de perfil con un asunto tan controvertido como este no es algo común, máxime cuando entre sus funciones está la de asesorar a los concejales, y en este caso sí sumaban un tercio, es decir que les daba la aritmética.

Este viernes, a las 16.30 horas, han fechado el consejo de la empresa municipal Promálaga, la que finalmente suscribió el patrocinio, en una hora disuasoria de la asistencia cuando además hoy empieza el Festival de Cine. Llegaba el orden del día del consejo, en el que el concejal socialista, Mariano Ruiz Araujo, echaba en falta un asunto de suma importancia: que iban a incluir en el orden del día la petición de la vista del expediente del patrocinio de 100.000 euros, «algo que no han hecho, pese a que así me lo indicaron, ya que el expediente que nos mandaron por 'drive' no te lo podías descargar ni imprimir y estaba incompleto», como explicaba el socialista. «Todas las trabas que están poniéndonos con este asunto sólo tiene el fin de enredar del equipo de gobierno del PP, que saben que no lo han hecho bien, y que les va a acabar estallando en las manos».