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La consejera de Salud en funciones, Marina Álvarez, presentó ayer jueves el plan funcional del nuevo hospital de Málaga capital con la duda de si el futuro Gobierno que asuma la Junta de Andalucía (PP y Cs) respetará o no lo diseñado por los técnicos ... del SAS, que se han basado en las recomendaciones formuladas por los grupos de expertos, que contaron con una amplia participación y que tuvieron en cuenta los planteamientos de profesionales y asociaciones de pacientes.
Álvarez hizo hincapié en que espera que el proyecto siga adelante y que haya las menores demoras posibles en su aplicación. «Este plan cuenta con el consenso de muchos profesionales y supone el trabajo de dos años de muchas personas. Además, se han tenido en consideración todas las tendencias demográficas, asistenciales y tecnológicas, así como los estándares de calidad de las sociedades científicas y del Ministerio de Sanidad. Son datos objetivos. No es nada subjetivo», aseguró la consejera en funciones. La dirigente sanitaria, que calificó el proyecto de ser de peso y sólido, confía en que el hospital se lleve a cabo «de la forma más parecida a como está planteado y lo antes posible».
Igualmente, lamentó que Salud no haya podido licitar la redacción del proyecto antes de la finalización de 2018, como estaba previsto, al no haberse procedido a la firma del documento de cesión de los terrenos con la Diputación Provincial, propietaria del suelo. La consejera en funciones declaró que el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, no había querido que se produjera esa firma, al entender que no era el momento oportuno tras el periodo abierto tras los resultados de las elecciones del 2 de diciembre.
Álvarez hizo esas manifestaciones en el salón de actos del Hospital Civil antes de mantener una reunión con responsables de los distintos grupos de trabajo que han definido el nuevo modelo sanitario de Málaga. A ese encuentro asistieron también la viceconsejera de Salud en funciones, Isabel Baena; la gerente del SAS, Francisca Antón; la delegada provincial de Salud en funciones, Ana Isabel González, y directivos de los hospitales Regional (antiguo Carlos Haya) y Clínico y del distrito sanitario Málaga.
La consejera presentó el plan funcional del nuevo hospital público de Málaga, cuya ejecución está prevista en los aparcamientos del Civil. Se contemplan 816 habitaciones individuales (en caso de necesidad podrán ser dobles), 52 quirófanos (31 convencionales, 15 de cirugía mayor ambulatoria, dos híbridos, dos de trasplantes y dos robóticos), 213 consultas de especialidades, 70 boxes individuales en la UCI, una unidad de cirugía mayor ambulatoria con 57 puestos, varios hospitales de día (quirúrgico, médico polivalente, oncohematológico y de diabetes) y áreas de hemodiálisis, hemodinámica, cardiología intervencionista, salud mental, rehabilitación, radioterapia, radiodiagnóstico, laboratorios, medicina nuclear y anatomía patológica, entre otros servicios asistenciales. Se prevé que el coste de la construcción del edificio sea de unos 230 millones de euros.
Álvarez explicó que el nuevo hospital será de alta especialización, innovador y con una superficie construida de casi 162.000 metros cuadrados. Las características y la dotación del centro hospitalario supondrán una mejora de la calidad asistencial que se dé a los pacientes, así como un incremento de la cartera de servicios y un aumento de profesionales, aunque la consejera no precisó cuál será la plantilla del centro hospitalario. Otro aspecto destacado es que habrá una potente área ambulatoria, que funcionará con el modelo de alta resolución, ocupará más de 7.300 metros cuadrados y que estará separada de la zona de hospitalización.
La dirigente sanitaria destacó que se incorporarán los modelos más evolucionados de asistencia sanitaria con el objetivo de ofrecer una atención integral al ciudadano. Así, se pretende potenciar las unidades de diagnóstico y tratamiento para resolver con rapidez los problemas de los enfermos. Igualmente, se mejorará el área de urgencias, que tendrá casi 3.500 metros cuadrados y dispondrá de 100 puestos de observación para los pacientes. También se asume el compromiso de reducir las listas de espera. Asimismo, se desarrollará la investigación y la docencia. Los aparcamientos previstos serán subterráneos, aunque no se sabe aún la cifra concreta. En la parte superior del edificio habrá un helipuerto.
El sindicato Comisiones Obreras instó ayer al futuro Gobierno de Andalucía a que lleve a cabo sin dilaciones los proyectos sanitarios previstos en Málaga y que fueron acordados con la Junta presidida por Susana Díaz. El secretario provincial de Sanidad de CC OO, Rafael González Delgado, ofreció una rueda de prensa en la que hizo mención de la necesidad y la urgencia de que se acometan actuaciones como el nuevo hospital público de Málaga en la zona del Civil y del Materno Infantil, la construcción de una infraestructura sanitaria en la zona este de la capital y la reconversión del actual Hospital Regional (antiguo Carlos Haya) en un centro hospitalario para atender a enfermos crónicos.
El sindicalista recordó que esos proyectos, que la Junta se comprometió a sacar adelante, fueron consensuados en el Consejo Social de la Ciudad de Málaga. González Delgado precisó que el futuro Gobierno debe cumplir los compromisos e invertir el dinero necesario para convertir en realidad una serie de infraestructuras sanitarias que Málaga necesita de forma imperiosa.
Por otro lado, el sindicalista presentó un informe elaborado por CC OO sobre el estado de las listas de espera de los hospitales públicos de la provincia de Málaga. González Delgado denunció la demora en la publicación de los datos oficiales y que la información se colgara en la página web del SAS el Día de Reyes, «cuando se reduce su repercusión en los medios de comunicación».
El sindicalista indicó que los datos, que arroja el informe presentado y que se refieren al segundo semestre de 2017 y primero de 2018, muestran «una leve mejoría», lo que ha permitido que Málaga haya dejado de ser la provincia con mayor demora en las listas de espera en Andalucía. González Delgado puso de manifiesto que la reducción de la demora para las operaciones (la media está ahora en 60 días, 12 menos que el año anterior) contrasta con el empeoramiento del tiempo que transcurre para una prueba diagnóstica (34 días de media, 12 más que en 2017) y con los peores resultados en las citas de las primeras consultas especializadas, que han pasado de 49 a 51 días de tardanza media.
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