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Con el calendario inicialmente previsto, y a falta de conocer si la Junta acepta la petición de los empresarios, las instituciones implicadas tienen hasta principios de septiembre para responder. Posteriormente, los técnicos autonómicos tendrán dos meses para analizar las respuestas y emitir un informe (previsto hacia el mes de noviembre), que determinará si se acepta el trámite ambiental simplificado, con lo que la resolución ya sería favorable y firme; o si se tiene que cambiar al procedimiento ambiental ordinario, lo que supondría al menos otros 18 meses de tramitación.
De las entidades que han sido llamadas a participar en la decisión sobre el procedimiento ambiental sólo se conoce de momento la postura de Ecologistas en Acción. El responsable de la federación malagueña, Rafael Yus, recuerda que la entidad ya ha concedido una «bandera negra» al Puerto por su actitud negativa para el medio ambiente. «El volumen que adquiere el proyecto formulado es desproporcionado, hace gala de una falta de ordenación evidente, si estuviera en la ciudad estaría limitado en altura», afirma, y considera que tendrá «un impacto visual muy fuerte». Además, se refiere a las proyecciones del cambio climático, que vaticinan una elevación del nivel del mar que, según Yus, la misma Junta ya prevé y que va a afectar a playas y hoteles en primera línea.
Otro de los principales pilares de la decisión, el Colegio de Arquitectos, ha decidido abrir el proceso de evaluación a todos los colegiados que quieran participar, mediante una encuesta que está disponible en su página web. El 7 de septiembre, en el marco de unas jornadas específicas en su sede, tendrá lugar una puesta en común de las conclusiones del pronunciamiento.
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