La reforma laboral va por barrios en Málaga: opinan los principales sectores

La reforma laboral aprobada de rebote este jueves volvió a evidenciar la polarización que arrastra el Congreso de los Diputados, una brecha trasladada a los principales sectores económicos del país. La norma, que limita la temporalidad y elimina los contratos de obra o servicio, ha sido acogida en Málaga entre el optimismo de sindicatos y representantes empresariales, que en diciembre alcanzaron un acuerdo tras meses de negociaciones en la mesa convocada por la ministra Yolanda Díaz, y las críticas de sectores como la construcción y el agro, que consideran que «es poco flexible» y no reconoce la irregularidad de su producción. En el ambiente flota la incertidumbre de saber qué alcance tendrá la reforma en materia de rentabilidad y empleo y cómo se aplicarán algunos artículos «que dejan margen a la interpretación».

La vicepresidenta ejecutiva y secretaria general de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Natalia Sánchez, aplaude la aprobación de la nueva normativa, en línea con lo expresado por la Confederación Española (CEOE) y Andaluza (CEA): «Valoramos positivamente la reforma porque consideramos que respeta el diálogo social y el acuerdo trabajado entre empresarios y sindicatos a lo largo de nueve meses. Creemos que este acuerdo aporta estabilidad, al garantizar la paz social y consolidar, por otra parte, el contenido esencial de la reforma laboral de 2012 y apostar por reducir la temporalidad».

Y justo al focalizar los efectos de la reforma en la provincia, la vicepresidenta de la CEM añade: «En el ámbito de Málaga, una economía en crecimiento con un mercado de trabajo muy dinámico, la reforma puede afectar de manera directa en el ámbito laboral, pero también, como provincia atractora de inversiones y foco de implantación de empresas internacionales, una norma que aporta confianza en el país y que se ajusta a las recomendaciones de la Unión Europea será a todas luces favorable para la imagen exterior de nuestro territorio».

En términos similares se pronunció el presidente de la CEA, Javier González de Lara, que reivindica «el sentido de Estado y la visión de pacto» y recuerda que la intención inicial de Díaz era la derogación, frenada en una negociación en la que patronal «tuvo que ceder en algunas cosas y en otras conseguir éxitos» casi disimulados: «Como cualquier reforma tiene luces y sombras, pero buscábamos la menos mala de las reformas laborales».

El presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, saluda con matices la reforma laboral recién convalidada. Recuerda que la norma «ha tenido un amplio consenso social» y reivindica que la hostelería «apuesta por la mejora de las condiciones laborales, un sentido en el que llevamos trabajando bastante tiempo». Pero el presidente de Mahos pone varios reparos a la nueva normativa: «Creemos que debe ampliarse el periodo (hasta el 30 de marzo) para la aplicación de la ley y que desde la Administración deben ofrecerse herramientas para la adaptación».

«Además», sigue Frutos, «es una reforma que puede generar perjuicio a la hostelería en puntos concretos, como el de la temporalidad, donde se dan unos agravios con sectores como por ejemplo la agricultura y la construcción, en los que no se aplica la cotización adicional de 26 euros en la finalización de contratos inferiores a 30 días». Sostiene Frutos que la temporalidad «no es sinónimo de precariedad» y que este rasgo «es consustancial el sector hostelero y, por añadidura, del sector turístico en general». Por ello,

Frutos critica que la carga «irá a las empresas, que están muy dañadas económicamente tras casi dos años de dura pandemia» y reclama comprensión «para entender que en determinados momentos existe una necesidad de contratar cuando la productividad lo requiere y hay que dar respuesta a esta situación, en la que quedan muy perjudicados por ejemplo los eventos y caterings». El presidente de Mahos también reitera otra demanda del sector vinculada al ámbito laboral: la «necesaria» prolongación de los ERTE más allá del 28 de febrero, «al menos hasta mediados de año».

El principal objetivo de la reforma laboral es combatir el abuso de la temporalidad. Para ello, a partir del 31 de marzo, cuando entrará en vigor la norma sobre contratos temporales, el recurrente contrato de obra o servicio desaparecerá del ordenamiento legal español. Era la modalidad contractual más utilizada en la construcción. Aunque la reforma contempla un nuevo contrato fijo de obra solo para este sector, que obliga a las empresas a recolocar a los trabajadores y procurarles formación si fuera necesario, además de fijar una indemnización del siete por ciento del salario, las constructoras reciben con más temor que esperanza esta reforma.

Violeta Aragón, secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga, recuerda que las obras «tienen inicio y final, y no podemos darles continuidad por mucho que queramos». Esa temporalidad, por tanto, «es una de las características» del sector, que aún desconoce cómo «salvará esos saltos en la producción». Algo similar ocurre con el tipo de perfil requerido en función del estado de la obra: «A veces tenemos tres obras a la vez y en otros momentos estamos tres meses sin trabajo. No tiene sentido que un trabajador forme parte de la plantilla durante ese tiempo. Además, contratamos trabajos especializados: estructuristas, albañiles, pintores, instaladores... No tiene sentido que tengamos a un pintor al inicio de la obra ni a un estructurista al final. Y si hay que recualificiarlos, que nos expliquen cómo. ¿Hasta qué límite tengo que estar formando a alguien para hacer una tarea diferente a su especialidad? Es difícil casar un contrato indefinido con la propia esencia del sector y sus necesidades».

La reforma deja especialmente inquieto al sector agrícola, cuya actividad tiene naturaleza temporal casi por definición. Los ciclos naturales marcan las cosechas y otras labores del campo. La norma, sin embargo, reduce la duración de los contratos temporales de 120 a 90 días. Cualquier trabajador contratado por más tiempo pasará a ser fijo discontinuo, una modalidad contractual que en el agro sólo resulta viable en campañas de larga duración. Baldomero Bellido, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), considera que la reforma aprobada por el Congreso «no recoge las especificaciones propias del sector agrícola, que tiene peculiaridades estacionales» y describe la situación «de desamparo» en la que quedarán muchos empresarios: «No se nos ha escuchado. En el campo, si no hay cosecha o llueve, nadie trabaja y nadie gana».

Otro problema, explican desde Asaja, «es que muchos trabajadores cobran ayudas cuando reúnen ciertas condiciones, sobre todo si tienen más de 52 años». Ahora esos empleados «serán un valor añadido que perderemos porque no querrán ser contratados para no dejar de recibir esas percepciones, cuando son precisamente la mano de obra más cualificada que tenemos». La reforma, insisten, «nos aboca a aumentar la plantilla de fijos discontinuos, algo que es incompatible con los subsidios y que nos deja desprotegidos tanto a los empresarios como a los trabajadores». Los agricultores se quejan de que sus peticiones han sido desoídas «pese a que dicen que somos un sector estratégico para la economía del país». La reforma limita los contratos temporales básicamente a dos supuestos: los aumentos ocasionales de la actividad, siempre con una duración máxima de 90 días anuales no consecutivos, y la sustitución. Desde el sector agrícola lamentan que estas dos excepciones «no recojan en ningún caso las necesidades de tipo estacional, como la recolección o las faenas puntuales de talas, podas, riegos o limpiezas de fincas».

Tampoco el sector turístico, ligado a la actividad estacional, ha recibido con agrado los cambios introducidos por la reforma laboral. El presidente de la Mesa de Turismo, Juan Molas, recuerda que «las temporadas turísticas son las que son» y reclama «un tratamiento especial» para el sector, que podría sufrir las consecuencias de la norma «como un efecto dominó». Más prudente se muestra Javier Hernández, de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), que prefiere no hacer declaraciones hasta aclarar cómo se aplican los artículos que «son interpretables».

Las limpiadoras de hoteles, conocidas como 'Kellys', abreviatura de «las que limpian», se han erigido contra pronóstico como las voces más combativas del sector turístico contra la reforma laboral de Díaz. «No han hecho lo que nos prometieron. Hemos luchado mucho para que se hiciera esta reforma, pero no nos han tenido en cuenta», lamenta Mari Trini Jiménez, presidenta de Kellys Unión Málaga: «Para nosotras, que sufrimos la subcontratación del servicio, lo principal era que se impidiera externalizar aquellas tareas que son troncales en las empresas, como la limpieza en los hoteles, algo que no se ha incluido». Jiménez ha recordado que, desde 2018, el convenio sectorial ya se impone al convenio empresarial en materia de salario en Málaga precisamente por las históricas reivindicaciones de su sector en las negociaciones con la patronal: «Un derecho que por cierto nos ha valido de bien poco porque tenemos que estar denunciando continuamente a las empresas para que lo reconozcan». La reforma, de hecho, perjudicará a 'Kellys' que ahora, en un fraude de ley bastante extendido, «trabajan con contratos de obra todo el año y, si son convertidas en fijas discontinuas, tendrán que parar».

Desde la Cámara de Comercio de Málaga reconocen que la reforma laboral supondrá un reajuste en la contratación, aunque defienden que el sector ya promovía una mayoría de contratos fijos y reclaman que la norma se adapte a las necesidades de cada sector para evitar agravios. Juanibel Vera, presidenta de la asociación de comerciantes del Centro Histórico, sostiene que «aún es pronto» para valorar los efectos que la reforma puede tener en los negocios: «Tenemos que sentarnos y hablar, ver los pros y los contras».

La Cámara de Comercio de España pone el foco en la delicada situación que atraviesan las empresas españolas y solicita a las instituciones «cierta sensibilidad» a la hora de abordar e implementar la reforma, de modo que «no represente una carga añadida a las ya soportadas por nuestro tejido productivo».

Los sindicatos celebran la aprobación de una reforma que llevaban años reclamando. «Hoy es un muy buen día para los trabajadores malagueños», defiende el secretario provincial de Comisiones Obreras en Málaga, Fernando Cubillo: «Con datos de 2019, en la provincia de Málaga se firmaron más de 832.000 contratos temporales y esos son los que se van a ver reducidos. De ellos, 250.000 contratos son de obra o servicio, dos categorías que casi van a desaparecer». La temporalidad, explica, «afecta sobre todo a las mujeres y a los trabajadores precarios», por lo que serán dos de los colectivos más beneficiados con esta nueva norma, por cuya entrada en vigor las empresas «no podrán firmar convenios laborales específicos con peores condiciones» que los acuerdos sectoriales: «Los trabajadores debemos felicitarnos, porque es un cambio positivo».

También en la Unión General de Trabajadores (UGT) recuerdan que la reforma «es fruto del diálogo entre la patronal y los sindicatos». Su secretaria general en Málaga, Soledad Ruiz, considera un avance que se haya reconocido «el abuso de la temporalidad, que ha precarizado las condiciones laborales y lleva a muchas personas a una situación de vulnerabilidad, sobre todo entre jóvenes y mayores de 45 años». Ruiz cree que estos cambios deben ser el punto de partida «para volver a dar una vuelta a un mercado de trabajo que no genera riqueza entre las personas sino precariedad».

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