Competencia lleva a Málaga ante la Audiencia Nacional por intentar dejar el servicio de bicis y patinetes a una sola empresa

La judicialización del conflicto ha llevado al Ayuntamiento a paralizar la resolución del concurso convocado a mediados de 2022, por lo que todo apunta a que el mandato actual (las elecciones son el 28 de mayo) expirará sin dejar resuelta una actividad que lleva pendiente desde el 'boom' de los patinetes en 2018.

Desde la CNMC confirman el paso dado, que se produce tras la denuncia previa presentada en agosto por una empresa interesada. Tras ser analizada por la Secretaría para la Unidad de Mercado, el órgano regulador ya remitió al Consistorio a comienzos de octubre un requerimiento previo para que anulara el concurso. Ante la negativa de la Administración local, en diciembre se recibía en el Ayuntamiento un segundo escrito en el que se le comunicaba que el Consejo de la CNMC acordó en su reunión del 29 de noviembre la interposición de un recurso especial para tumbar la licitación al considerar que supone «un límite al acceso a la actividad económica».

Y así ha actuado, llevando el asunto a la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, que es donde recaen todos los recursos que presenta este órgano estatal. «Hasta la fecha, los operadores privados que disponían de autorización o licencia podían utilizar ciertos espacios públicos para ofrecer vehículos de movilidad personal, como bicicletas y patinetes. Sin embargo, el Ayuntamiento pretende sustituir el sistema de licencias por el de concesiones, diferenciando entre la instalación y el mantenimiento de las estaciones y el arrendamiento de los vehículos», apuntan desde la CNMC.

Ante esta situación, en el Área de Movilidad explican que se ha decidido paralizar el proceso de adjudicación y esperar a la resolución judicial. «Hemos querido ser prudentes, pero no hemos dejado de regular la actividad», argumenta el concejal José del Río. En este sentido, pone el acento en que las autorizaciones provisionales concedidas a comienzos de año para garantizar el servicio hasta que se adjudique el nuevo contrato son más exigentes y estrictas que las vigentes hasta finales de 2022.

En estas nuevas autorizaciones otorgadas en precario se reduce considerablemente el número de vehículos. Si antes se permitía a cada operador desplegar un máximo de 300 patinetes (1.800 entra las seis que había), ahora el tope global para las siete compañías autorizadas es de 1.350 patinetes y 700 bicicletas eléctricas.

Otra novedad es que, ahora sí, el Ayuntamiento exigirá a las empresas el pago de una tasa por ocupar el medio centenar de aparcamientos repartidos por la ciudad. Según la ordenanza fiscal que regula la tasa de vados o la reserva de vía pública para estacionamientos, por cada metro lineal o fracción de calzada que alcance la reserva de espacio para líneas de viajeros, para carga y descarga o para otros usos y destinos habría que pagar 44,6 euros al año. Teniendo en cuenta que los 50 puntos suman 362 metros cuadrados, la factura total es de 16.145,2 euros anuales.