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El proceso para elegir el nuevo secretario general de pleno en el Ayuntamiento de Málaga no había venido siendo un paseo. Primero por las connotaciones ... que tuvo para algunos la marcha del secretario provisional Pedro Moreno Brenes, que llevaba dos meses en el puesto de forma provisional y lo abandonó ante la nueva designación de la que era secretaria general de la Diputación, Alicia García Avilés; y más tarde cuando el secretario general de Vélez-Málaga, Benedicto Carrión, envió un escrito de queja al Ayuntamiento de Málaga haciendo valer que su currículo tenía el mejor baremo nacional de la provincia de Málaga de los funcionarios de administración local con habilitación nacional subescala secretario categoría superior (del Ministerio de Política Territorial y Función Pública), y que García Avilés sólo tenía el cuarto mejor de los presentados. Siendo, en principio, sólo una queja, parecía que podía quedarse ahí. Pero no ha sido así.
Carrión ha cursado sendos recursos de reposición tanto en el Ayuntamiento de Málaga como a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno. Además, y por si fuera poco, eleva también una queja formal al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, en el que, con fecha del 2 de enero, explica que el 24 de noviembre presentó un escrito al Ayuntamiento de Málaga solicitando copia del documento donde se refleja la valoración de méritos de los participantes en el proceso selectivo (que eran siete) «sin que haya recibido hasta la fecha (más de un mes) alguna contestación». Por estos motivos, reclama ante el Consejo de Transparencia «que al Ayuntamiento de Málaga, como infractor de las normas de transparencia y publicidad, se le exija la copia solicitada» y «se sancione conforme a la Ley 19/2013 de transparencia, antes citada«.
Esto en concreto, por la falta de transparencia del proceso, en el que el propio Carrión subraya que no ha sido notificado como debe hacerse también por las leyes de procedimiento administrativo al ser parte interesada en el proceso.
Pero yendo al meollo de la cuestión, el secretario general de Vélez-Málaga, recurre la designación de García Avilés en su recurso de reposición a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno porque según el artículo 23.2 de la Constitución (el que le ha posibilitado al funcionario azote Wenceslao Alonso ganarle un buen número de juicios al Ayuntamiento), los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, y conforme al artículo 46.3 «el presidente de la Corporación procederá, previa constatación de los requisitos exigidos y los méritos acreditados por los aspirantes«, cuestión que Carrión cree que se ha vulnerado en el Ayuntamiento de Málaga.
En cuanto a los criterios valorados indica que él es doctor en Derecho, y que García Avilés no lo es, que tiene artículos jurídicos publicados en revistas de ámbito nacional mientras que la elegida no los tiene; que él posee el mejor baremo nacional de la provincia de los secretarios generales categoría superior; que él ha llevado la gestión documental de la administración electrónica del Ayuntamiento de Vélez, y la elegida «no tiene ningún documento», como alega; que él tiene experiencia en municipios de gran población en el puesto de secretario (6 años) y ella sólo ha sido oficial mayor en La Palma; que él ha formado parte del equipo que elaboró el Plan General de Xátiva y Bétera mientras que se desconoce que García Avilés haya participado en alguno, y acaba diciendo que la secretaria actual de pleno «no tiene ningún mérito de esfuerzo intelectual, sus méritos pasan por pasar por los puestos». Entre otras cuestiones, Carrión indica que el procedimiento no se ajusta a la convocatoria «porque según las bases tendría que haberla nombrado la junta de gobierno local, y sin embargo parece que lo ha resuelto Alcaldía«. Por estos motivos, en este recurso y en que realiza al Ayuntamiento, dice que la libre designación carece de motivación (leyes de procedimiento administrativo) por lo que pide la nulidad del acto administrativo. Queda por ver si el profesor universitario Pedro Moreno Brenes también impugna el proceso, tal y como adelantó cuando dejó el puesto al que accedió de forma provisional. Secretarios generales de ayuntamientos (la más alta escala funcionarial, los fedatarios públicos) impugnando la libre designación del secretario general en el Ayuntamiento de Málaga. Como poco, la cosa está que arde.
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