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El concejal de Unidas Podemos, Nicolás Sguiglia, uno de los fundadores de la Casa Invisible, aprovechaba la comisión de Transparencia para hacer un alegato por el trabajo que se realiza en el edificio ocupado, dando cuenta de las adhesiones que tiene, justo ahora que cumple ... 15 años. Decía que el interés del desalojo partía de la portavoz de Ciudadanos, Noelia Losada, a la que había seguido el concejal de Urbanismo, y pedía que el área de Urbanismo trasladara a todos los grupos políticos los informes técnicos que justificaban la decisión del desalojo así como las cesiones de locales de titularidad municipal a otras fundaciones y organizaciones, y los proyectos de rehabilitación de edificios municipales que se habían hecho por fases (justo como pide la Fundación de los Comunes para seguir dándole uso mientras se realiza la rehabilitación).
El concejal de Urbanismo, Raúl López, era especialmente taxativo con el informe técnico del desalojo, que decía firmaba él como responsable, que en el edificio, por sus condiciones, ya había salas clausuradas así como prohibición de eventos de pública concurrencia, para pasar a preguntar: «¿Tiene que ocurrir algo, fallecer alguien, para que nosotros hagamos la rehabilitación que se recomienda?» y explicaba que se le ha contestado oportunamente a la Fundación de los Comunes que «no es procedente» la rehabilitación por fases que querían acometer. «Nuestras recomendaciones nos las tomamos en serio, sobre todo porque el que firma soy yo».
López explicaba que tenían todos los documentos técnicos, le afeaba a Sguiglia que trajera el tema la comisión de Transparencia cuando en su caso se trataba de un asunto personal, y puntualizaba que la decisión era firme, al tiempo que les informaba de que la Fundación de los Comunes ya ha recibido una notificación vía electrónica, la primera notificación del desahucio, el pasado sábado 29 de enero, que habían rechazado, y que el segundo plazo para realizar el lanzamiento se le iba a notificar el próximo domingo 6 de febrero.
La portavoz naranja, Noelia Losada reiteró que detrás de la decisión hay una cuestión técnica y que le daba igual si los que estaban eran de extrema izquierda, extrema derecha, o de orientación derecha lateral, dijo haciendo un juego de palabras con el asunto político para pasar a decir que el edificio había costado cuatro millones de euros al Ayuntamiento de Málaga, que los técnicos habían certificado que había que desalojarlo porque hay riesgos y que el negocio que había dentro era una «competencia desleal a la hostelería que circunda el edificio que paga sus impuestos, el agua y la luz», por lo que cuando fuese desalojado se rehabilitaría y se decidiría por concurso qué uso cultural se le daría.
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