efe
Viernes, 28 de junio 2019, 18:53
El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha ratificado el sobreseimiento provisional del caso 'Villas del Arenal', que investiga supuestas injerencias políticas, para la edil del PP del Ayuntamiento de Málaga Teresa Porras.
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El magistrado ha acordado desestimar el recurso de reforma ... interpuesto contra el auto que acordaba el sobreseimiento tras estudiar las alegaciones presentadas por el grupo municipal socialista, según el auto, a que ha tenido acceso Efe.
En los razonamientos jurídicos se apoya la tesis del fiscal y la defensa de que de lo actuado no se permite deducir, ni en el plano meramente indiciario, la participación de Teresa Porras en los delitos objeto de investigación.
Recuerda el magistrado que hay una serie de controles que hacen efectivos los derechos fundamentales de los justiciables, entre los que se encuentra la presunción de inocencia.
El juez subraya que todo lo que se haga «por extremar los controles sobre la acusación será poco», porque «constituye una garantía de que una persona no se siente en el banquillo de los acusados sin un mínimo de posibilidades de que la acusación esté seriamente fundada».
Anticorrupción pidió el sobreseimiento provisional y archivo al considerar que la intervención de Teresa Porras no encajaba en ningún delito por lo que no era «penalmente relevante», extremo que compartió el instructor.
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El abogado defensor, José Carlos Aguilera Escobar, también anunció que en breve lo pedirá para el resto de investigados, el edil de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Pomares y el gerente de Urbanismo, José Cardador, pero que están a la espera de un informe de la Udyco y una información de la Gerencia que tiene que llegar antes al instructor.
El instructor considera que los hechos que se investigan tuvieron origen a mediados de 2013 tras unas actuaciones del Servicio de Inspección de la Gerencia municipal de Urbanismo de Málaga llevadas a cabo en la urbanización Villas del Arenal y «ahí es donde hay que situar el protagonismo de Porras».
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Según el magistrado, dichas actuaciones fueron el origen de un grave problema vecinal derivado de la multitud de expedientes de disciplina urbanística que se abrieron, muchos de los cuales hoy todavía están vivos.
A fecha de 5 de octubre de 2017, ascendían a 8.489 expedientes, más otros 5.011 procedimientos que estaban pendientes de resolución o providencia de archivo, por lo que el juez considera que «es evidente» que el retraso del departamento estaba extramuros de los hechos que se investigan en esta causa.
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