Puertos del Estado pide archivar el proceso para declarar La Farola como Bien de Interés Cultural

Guerra abierta entre dos administraciones estatales, a costa de las derivadas que tendría la protección de La Farola como Bien de Interés Cultural. La incoación del expediente para declarar al faro de Málaga como BIC, con la categoría de monumento, que inició el Ministerio de Cultura el pasado 4 de enero con su publicación en el BOE, condicionaría las intervenciones, tanto singulares como industriales, previstas en el ámbito portuario oriental.

De entrada, el primero en sufrir sus consecuencias ha sido el proyecto del restaurante de lujo en la Casa de Botes, cuya licencia de obras ya estaba sobre la mesa y se ha paralizado a la espera de saber si Cultura tiene que opinar. A medio plazo, entre los posibles afectados aparece también el hotel de 27 plantas previsto en la plataforma del dique de Levante; pero es que, incluso, la construcción de los silos de graneles o el montaje de grúas en el muelle 8 (una vez que se reforme la dársena pesquera) podría necesitar de un informe previo.

Por ello, durante el periodo de información pública que actualmente está abierto, Puertos del estado (organismo dependiente del Ministerio de Transportes) ha presentado una batería de alegaciones en las que, directamente, pide el archivo del expediente de declaración del BIC de La Farola, que promueve otro Ministerio, en este caso, el de Cultura. La petición, a cargo de un organismo de gran peso, puede suponer desde la corrección de los aspectos más polémicos de la declaración, tal y como está actualmente redactada, y que afectan de lleno a la línea de flotación de la Autoridad Portuaria; hasta la paralización de los trámites.

Entre los principales argumentos en contra, según pudo saber este periódico, aparece el hecho de que Cultura no haya acotado un ámbito de influencia del BIC, esto es, un número de metros en torno a los que se extiende la protección visual del bien. Este no puede ser infinito, como se plantea ahora, ya que ello paralizaría la actividad urbanística y logística del Puerto y de parte de la ciudad.

Además, se considera que esta figura es innecesaria para proteger el monumento, que ha pervivido durante siglos sin necesidad de ello. Y se apunta a que en este caso se ha producido un conflicto de competencias con la Junta de Andalucía, que es la que habitualmente declara y protege los monumentos en la comunidad autónoma.

Cabe recordar que la mera incoación del expediente para declarar BIC (aunque todavía no sea efectiva esta figura de protección) ya supone una aplicación inmediata de la protección para esta construcción del siglo XIX, que incluiría la obligación de que los proyectos que todavía estén pendientes de autorizar en su ámbito tengan que someterse a un informe previo de Cultura (no se sabe si del Gobierno o de la Junta), para determinar si podrían perjudicar a la contemplación o al paisaje que rodea a La Farola.

«La declaración de BIC no puede paralizar la actividad del Puerto», advierte el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, quien reconoce que Puertos del Estado se opone a dar este paso. «En España hay muchísimos faros de carácter histórico, esto crea problemas incluso para las reparaciones de los propios faros, que son estructuras de navegación marítima; esta declaración puede crear problemas de operativa», comenta, y añade: «Todos estos faros se han mantenido durante cientos de años en un estado impecable, no se ve necesaria esa figura de protección adicional, esa protección ya existe». Por ello, según Rubio, Puertos del Estado concluye en su informe que es innecesario que La Farola sea BIC.

La primera víctima de este conflicto ha sido la cercana Casa de Botes, donde Urbanismo ya está estudiando si es necesario obtener una autorización previa para poder emitir la licencia de obras que permita convertirla en un restaurante de lujo, a cargo del Grupo Trocadero. «Es una reforma de un edificio que ya existe, no es una obra nueva, y de hecho no se permite que haya ninguna alteración ni interna ni externa sobre la estructura original, con lo cual no tiene ningún sentido enviarlo a Cultura». Carlos Rubio se lamenta de que este trámite puede suponer un retraso adicional de hasta seis meses, después de que la concesionaria haya soportado ya un año de trámites para obtener la licencia municipal de obras.

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