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El PSOE ha pedido «valentía» al alcalde, Francisco de la Torre, a la hora de defender los intereses de la ciudad ante los socios privados de Limasa, que ahora reclaman al Ayuntamiento que ponga los 8,68 millones de euros correspondientes a los siete últimos ... años en los que los accionistas (FCC, Urbaser y en menor representación Sando y Unicaja) renunciaron al reparto de dividendos, una cuantía que exigen para poder liquidar la empresa mixta Limasa III, donde poseen el 51% de las acciones, por lo que en caso de materializarse le reportaría 4,4 millones. Este montante sería independiente al que generará la propia disolución de la entidad una vez que se materialice la creación de la empresa pública que asumirá la limpieza viaria y la recogida de residuos. Cuando llegue el momento de la liquidación, cada parte recuperará su paquete accionarial, que para los privados supondrá la reversión de 3 millones de euros. Además, quedarían por repartirse (49% para el Ayuntamiento y 51% para los privados) el montante que se ha ido dejando en reserva, que al cierre de 2018 ascendía a 2,7 millones aunque la partida sigue aumentando. Pero ahora piden más: esos 4,4 millones.
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«Es extremadamente grave cómo la parte privada, que durante años se ha llevado tanto dinero, tenga la desvergüenza de solicitar un dinero que no le corresponde porque ya habían renunciado», ha afirmado el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, quien ha reclamado «valentía» al alcalde para «decir no y defender los intereses de los malagueños». De momento, De la Torre se ha mostrado tranquilo sobre esta reclamación. “Que reclamen lo que quieran. Nosotros tenemos previsto lo que legalmente les corresponda y nada más”, ha asegurado el primer edil tras calificar de “esperable” las alegaciones presentadas por los privados.
En este sentido, tanto Pérez como la viceportavoz, Begoña Medina, han apuntado este miércoles que lo que el Consistorio debería hacer es exigir a los privados «que devuelvan todo el dinero que han estado cobrando indebidamente», haciendo referencia al polémico canon de asistencia técnica, un concepto que bajo el paraguas de la prestación de asesoramiento jurídico, informático y legal le reporta cada año a la parte privada el 2,5% de la facturación. En 2018 (últimas cuentas aprobadas) ingresaron por esta vía 2,26 millones, que se suman a los 30,8 que se llevan abonados desde el inicio de la concesión en abril de 2001. Sobre esta cuestión, los socialistas han recordado que la Agencia Tributaria ya constató que Limasa gasta dinero en la contratación de asesores jurídicos, tributarios y técnicos para la realización de unos servicios que deberían acometerse con cargo a este canon. «De la Torre lo único que ha hecho en estos años ha sido callar, demostrando que es un mal gestor, porque los privados se han llevado muchos millones mientras los malagueños vemos sucias las calles de nuestros barrios», ha criticado Pérez.
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