Propietarios de pisos turísticos se movilizan para frenar las limitaciones en Málaga: «Hay argumentos para tumbarlas»

Jesús Hinojosa

Málaga

Miércoles, 9 de octubre 2024 | Actualizado 10/10/2024 10:15h.

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El salón de actos del despacho de abogados Martínez-Echevarría se ha quedado pequeño en la mañana de este miércoles para albergar la charla convocada por este bufete con 40 años de trayectoria en la Costa del Sol y 15 en la capital respecto a las limitaciones implantadas por el Ayuntamiento de Málaga para frenar la proliferación de las viviendas de alquiler turístico. Casi un centenar de propietarios e interesados en este asunto han asistido a la ponencia ofrecida por el abogado José Ayllón, quien ha animado a los asistentes a utilizar todos los medios legales a su alcance para recurrir una medida que considera «completamente ilegal».

«Hay argumentos muy sólidos para defender que un juzgado acabe estimándolos y anulando la cancelación del piso turístico», ha asegurado este abogado, quien ha apuntado como uno de esos argumentos que la administración pública no puede «cambiar las reglas del juego a mitad del partido» y prohibir ahora las viviendas turísticas que no cuenten con unos accesos y suministros independientes del edificio en el que se encuentren porque «eso supone una violación del principio de seguridad jurídica».

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José Ayllón ha admitido que no se puede recurrir la instrucción municipal que desde el pasado mes de junio recoge esa limitación porque se trata de un documento que tiene una función de directriz para los empleados del Ayuntamiento, si bien también afecta a los ciudadanos. Pero ha animado a alegar y recurrir los expedientes de anulación de pisos turísticos que está tramitando y notificando la delegación de la Consejería de Turismo, después de recibir por parte del Consistorio un listado de más de 1.500 que deberían ser cancelados por no cumplir con los requisitos que se mencionan en la instrucción.

En las notificaciones que están recibiendo los propietarios de pisos turísticos que deben ser cancelados por incumplir la instrucción municipal, la Junta les otorga un plazo de diez días hábiles de plazo (sin contar los fines de semana ni festivos) para presentar sus alegaciones en contra de esta medida. Desde Martínez-Echevarría han recomendado no dejar pasar ese plazo (para el que se puede pedir una ampliación de cinco días) y presentar alegaciones.

Para su contestación, la Junta las trasladará al Ayuntamiento, que probablemente emitirá un informe desestimándolas. Entonces, Turismo notificará a los propietarios que sus alegaciones han sido rechazadas y que el expediente para cancelar el alquiler vacacional de la vivienda sigue adelante, pero le dará un plazo de diez días para presentar un recurso de alzada ante la Consejería de Turismo. Si se opta por emprender ese procedimiento, se puede pedir la suspensión de la cancelación del piso turístico. No obstante, es «la propia consejería, no la delegación provincial, la que decide si se suspende esa cancelación mientras se tramita el recurso», según matizaron días atrás fuentes de la administración regional.

Si ese recurso de alzada es desestimado, la última vía para frenar la acción del Ayuntamiento y la Junta es la judicial. En ese caso, el interesado puede volver a solicitar la suspensión de la cancelación del alquiler vacacional como una medida cautelar, pero esto lo tiene que admitir expresamente el juez que esté al frente de la tramitación de esa demanda.

José Ayllón ha recomendado agotar todas estas opciones para poner freno a la limitación implantada desde junio por el Ayuntamiento pero con efecto retroactivo desde el pasado 22 de febrero, cuando entró en vigor el decreto de la Junta que avala la acción de los municipios andaluces para limitar los pisos turísticos mediante fórmulas urbanísticas.

Con todo, para este abogado, uno de los principales puntos débiles de esta actuación municipal está precisamente en que se ampara en ese decreto de la Junta. «El Consistorio dice que el decreto le da una competencia nueva para limitar los pisos turísticos, pero eso es una falacia. El decreto no señala que se le otorgue una nueva competencia a los ayuntamientos para este asunto. Además, eso habría que hacerlo por una ley, no por un decreto», ha argumentado.

Además, este jurista considera que la interpretación que la instrucción de junio hace de la normativa del Plan General de Ordenación Urbanística de 2011, equiparando el concepto de vivienda turística, que entonces no existía, con el de hoteles, pensiones y alojamientos colectivos similares, no es válida. «Pelear en contra de esta medida del Ayuntamiento y la Junta tiene mucho fundamento jurídico», ha insistido este abogado, quien no obstante ha admitido que habrá que tener «paciencia» porque esto no se resolverá hasta que empiecen a llegar sentencias firmes de los tribunales.

Al encuentro ha asistido también el nuevo presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA Pro), Juan Cubo, quien ha señalado que «las instituciones están presionadas por la sociedad y tratan de tomar medidas de cara a la galería». «Sin viviendas turísticas, la mitad de los restaurantes tendrían que cerrar y los taxistas irse a su casa. Las administraciones saben que están incumpliendo la legalidad, por eso animo a todo el mundo a pelear por sus derechos», ha afirmado Cubo, cuya entidad ha puesto en marcha un servicio gratuito de asesoramiento legal para sus asociados, con el objetivo de que recurran esta limitación municipal.