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Málaga sigue en la dinámica de la resurrección de grandes proyectos urbanísticos que se planificaron hace años pero que quedaron aparcados por los rigores de la crisis económica. Un nuevo ejemplo de ello es lo que sucede con la futura barriada de 3.443 viviendas ... prevista en los suelos de Sánchez Blanca, unos terrenos de 66 hectáreas situados junto a los bloques de Intelhorce, entre avenida de Ortega y Gasset y las vías del AVE. La crisis hizo que este ámbito, inicialmente en manos de Prasa, quedara mayoritariamente en el paquete de proyectos por desarrollar de la sociedad Gestión de Inmuebles Adquiridos (GIA), el brazo inmobiliario de Unicaja. Ahora, una vez superada la recesión y en un momento en el que las promotoras ponen sus ojos en la capital como uno de los destinos preferidos para invertir, vuelve al negocio empresarial gracias a la apuesta del grupo Urbania International.
Según ha podido confirmar este periódico, esta sociedad promotora con sedes en Madrid, Fuengirola, Barcelona y Brasil ultima con GIA la adquisición de los derechos para edificar las 1.895 viviendas de renta libre que corresponden a Unicaja en Sánchez Blanca, según el proyecto de reparcelación del sector. El resto de los derechos edificatorios en la zona se reparten entre el Ayuntamiento (podrá construir 694 viviendas de las que 606 serán de protección oficial y 88 de renta libre), la promotora Andria (le corresponden 429 casas de las que 344 serán de renta libre y 85 de protección oficial), la fundación Vimpyca (411 VPO) y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que se queda con 14 viviendas.
De este modo, Urbania se convertirá en el principal promotor de este nuevo barrio para Málaga que, según el proyecto de urbanización elaborado por el estudio de arquitectura de HCP, prevé 51.721 metros cuadrados de zonas verdes; 21.924 metros cuadrados para juegos infantiles; parcelas que suman 124.746 metros cuadrados para equipamientos deportivos, escolares y sociales; y casi medio centenar de manzanas para edificios de viviendas de siete plantas de altura como máximo que contendrán 4.229 plazas de aparcamiento.
Prueba de la envergadura de esta operación urbanística es que el presupuesto estimado para los trabajos de urbanización de estos suelos está cifrado en unos 55 millones de euros y se prevé un plazo de ejecución de unos tres años para completarlos.
Según fuentes consultadas, la intención de Urbania, que tendrá en Sánchez Blanca una de sus mayores apuestas inmobiliarias, es desarrollarla lo antes posible, una vez que sea aprobado definitivamente el proyecto de urbanización por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Para ello, el Ayuntamiento ha reclamado un estudio de tráfico que analice en profundidad las infraestructuras necesarias para canalizar el incremento circulatorio que provocará la construcción de este nuevo barrio junto a la antigua carretera de Cártama.
En Málaga, Urbania tiene en marcha varios proyectos en Marbella y Fuengirola, así como en el centro de la capital, entre ellos una residencia de estudiantes de 143 habitaciones prevista en un solar de la calle Cerrojo, a espaldas del hotel Ibis, y que supondrá una inversión de diez millones de euros. Las obras de este complejo, operado bajo la marca Syllabus, comenzarán en breve tras resolverse unos trámites relacionados con las cautelas arqueológicas.
En el caso de Sánchez Blanca, también deberán hacerse prospecciones arqueológicas sobre dos zonas que suman 39.256 metros cuadrados y están delimitadas como posibles yacimientos de enclaves alfareros romanos y musulmanes en las vías de salida de la ciudad antigua. Estas áreas se catalogaron durante los trabajos arqueológicos que se hicieron con motivo del trazado del AVE.
Asimismo, el desarrollo de la urbanización de Sánchez Blanca requiere la demolición de un antiguo cortijo (que está valorada en casi medio millón de euros) y de un depósito.
La urbanización de Sánchez Blanca está ligada a un convenio por el que el Ayuntamiento ingresó en enero de este año 17,8 millones de euros, abonados por GIA, de los que unos 6,4 millones de euros podrán ser gastados por el equipo de gobierno en el presupuesto municipal, y el resto, 11,4 millones de euros, deberán destinarse a financiar infraestructuras para la zona.
Tras más de un año de negociaciones y trámites, el Consistorio logró reconducir, al menos parcialmente, la situación de impago que se generó en mayo de 2017 cuando expiró el plazo que tenían Unicaja y la inmobiliaria madrileña Andria para abonar los 28,4 millones de euros pendientes del convenio. Con tal de poder hacer algo de caja con esta actuación, la Gerencia de Urbanismo pactó con GIA rebajar prácticamente a la mitad el pago pendiente, aceptando recibir una parte en dinero y la otra mediante la obtención de suelos en los que construir viviendas de protección oficial en este lugar. Este acuerdo ha sido recurrido judicialmente por Andria, que se negó a abonar su parte.
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