La promotora cordobesa que se hizo con suelo para 1.168 VPO en Cortijo Merino y Distrito Zeta sólo puede asumir el 14%

La entidad que había puesto patas arriba el proceso de concurrencia es la unión Bucéfalo Gestión, Malva Gestión Integral de Proyectos y BC Ingeniería y gestión. Por lo tanto, se procede a requerir la documentación a las entidades concurrentes que quedaron segundas en el resto de los lotes.

El volumen total son 1.168 viviendas en las zonas del Distrito Zeta y Cortijo Merino, los suelos que ocupó la fábrica de Amoniaco, ambos en el ámbito de Intelhorce.

Así el lote 2, con 281 viviendas en régimen especial podría ser para Galvivienda.

En el 3, Cortijo Merino Re Development (Lagoom Living) podría hacerse con el proceso para construir 114 viviendas de régimen general.

El cuarto, podría recaer en Coanfi SL y prevé 324 viviendas de régimen especial. La misma empresa podría llevarse el quinto, con otras 135 pisos, esta vez de régimen general. Y de nuevo también podría ser la adjudicataria del sexto, 147 viviendas de piso limitado.

La apuesta del Ayuntamiento de Málaga por dejar en manos de la iniciativa privada la construcción de 1.168 viviendas de protección oficial en las nuevas urbanizaciones de Distrito Zeta y Cortijo Merino, , mediante un concurso de suelo, derivó el pasado 24 de septiembre en un llamativo escenario. La sociedad inmobiliaria cordobesa Bucéfalo presentó unas ofertas tan a la baja para hacerse con estos terrenos que la convirtieron en la adjudicataria provisional del paquete completo a la espera de la documentación requerida.

El concurso de suelo fue activado por el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV). A él concurrieron promotoras de dilatada experiencia en el sector como la sociedad de capital sueco Lagoom Living (promotora de 530 pisos protegidos de alquiler al oeste del campus de Teatinos y de otras promociones de VPO en el Centro de la ciudad) y la fundación cordobesa Vimpyca, entre otras.

La citada empresa cordobesa está especializada en la gestión de la construcción de viviendas bajo el régimen de cooperativa. En su página web señala que son «profesionales dedicados al sector inmobiliario con más de 30 años de experiencia» y que tienen «el firme propósito de aportar valor al proceso de promoción en cooperativa» con más de 200 viviendas en promoción. Bucéfalo describe una decena de promociones (nueve en la ciudad de Córdoba y una en Fuengirola) de las que dos son de VPO, en concreto una de 19 y otra de 56 pisos.

En cualquier caso, en las próximas semanas y meses se verá cómo va a ser el desarrollo definitivo de esta apuesta del alcalde, Francisco de la Torre, por dejar en manos de promotores privados las VPO que le correspondería construir al Ayuntamiento en suelos que son de su propiedad y que se encuentran actualmente en pleno proceso de urbanización. En el caso de Distrito Zeta, los trabajos de transformación de este enclave al oeste de la barriada de Intelhorce están ya avanzados, con previsión de culminar a lo largo del año que viene. En Cortijo Merino, comenzaron el pasado mes de abril y la intención de su principal promotora, Neinor Homes, es que acaben en diciembre de 2025.

Según las bases del concurso, todas estas viviendas tendrán unos 70 metros cuadrados de superficie y contarán con garaje y trastero. Eso sí, sus compradores se escogerán por sorteo en el Registro de Demandantes de VPO que gestiona el Ayuntamiento y deberán cumplir una serie de requisitos en cuanto a ingresos para poder optar a estos pisos. Así, en el caso de las 605 viviendas más económicas, los ingresos de los compradores no pueden superar 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que actualmente serían 25.200 euros al año. Para las 249 de régimen general, ese tope salarial se amplía hasta 28.800 euros al año en doce pagas (4 veces el IPREM), y para las 314 de mayor precio sube hasta 39.600 euros al año (5,5 veces el IPREM).

El IMV otorgó la mayor puntuación a las empresas que han presentado un menor precio de venta o alquiler para los futuros moradores de las viviendas (el 75% de los puntos iba en función de esa rebaja) y a las que han planteado más medidas para favorecer el bajo consumo de energía de cada edificio (lo que suponía un 25% de los puntos para quedarse con el suelo).

No obstante, el Consistorio ha marcado en este concurso unos plazos que obligan a la empresa adjudicataria a no dilatar el inicio de las diferentes construcciones. Así, tiene seis meses para solicitar la licencia de obras desde que se eleve a público el contrato de obtención de los terrenos. Y, desde la obtención de la licencia y la calificación de las VPO, tiene un máximo de 30 meses para construir las viviendas, por lo que no estarían listas al menos hasta finales de 2027. Además, el Ayuntamiento fijó un plazo máximo de seis meses para que se entreguen desde que obtengan los certificados finales de obra y calificación. Los sorteos para adjudicarlas podrían llevarse a cabo una vez que estén en marcha las obras, ya que lo habitual es que se adjudiquen muy pocas entre las listas de seleccionados y suplentes, y tenga que abrirse una venta abierta por orden de llegada.

De igual modo, también se contemplan sanciones. Por cada mes de retraso que la promotora genere respecto a estos plazos, el IMV la penalizará con una multa económica del 0,5% del valor del contrato de cesión del suelo, que se corresponde con el valor del terreno. Además, podrá sancionarla con un 0,1% de esa cantidad económica por cada vez que no permita el acceso de los técnicos municipales a las obras. Y también está contemplada la posibilidad de retirarle la concesión del suelo si el Consistorio observa un incumplimiento reiterado y prolongado de sus compromisos.