El proceso de contratación del anteproyecto del tercer hospital para Málaga se demora

Entre esas tres ofertas que incurren en baja se encuentra la hasta ahora favorita para hacerse con este contrato, la unión de profesionales formada por el estudio del arquitecto madrileño Carlos Lamela; la empresa de arquitectura AIDHOS, especializada en arquitectura hospitalaria; y las compañías de ingeniería Sener y ARCS, que ha aportado un presupuesto de 1.099.999 euros con IVA, lo que supone casi la mitad de los 2,1 millones en los que la Junta valoró inicialmente la redacción del anteproyecto.

Asimismo, también tendrán que justificar la baja, la unión temporal de empresas formada por Asenjo y Asociados, Chile 15 y Cristóbal Pedrera (1.014.251 euros) y la compuesta por Ghesa, Ava y el estudio de José Seguí (1.185.800 euros). Según ha podido conocer este periódico, estos tres equipos ya han presentado la justificación de su precio, por lo que ahora corresponde a la mesa de contratación mantenerlos o por el contrario rechazarlos si consideran que no está suficientemente justificado el presupuesto presentado. Esta tramitación administrativa interna podría durar aún unos días.

Así, a la espera de que se resuelva esta cuestión, queda por ahora sin culminarse el procedimiento de contratación del diseño del tercer hospital, sobre el que también se cierne la incertidumbre que representa el recurso judicial que presentó el Colegio de Arquitectos de Málaga ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Esta entidad colegial considera que esta contratación incumple la Ley de Contratos del Sector Público. Esta norma obliga a que los criterios de adjudicación relacionados con la calidad de la propuesta arquitectónica supongan al menos el 51% del sistema de puntuación establecido para valorar las ofertas. Según el Colegio de Arquitectos, esto no se cumple en este caso porque del máximo de 100 puntos previsto para evaluar las ofertas, solo 48 se destinan a valorar aspectos relacionados con la calidad del esbozo del proyecto. El colegio ha solicitado como medida cautelar que el TSJA paralice el proceso de contratación.