La prisión de Albolote decicirá pasado mañana si el condenado por 24 agresiones sexuales sale en tercer grado esta semana

La junta de tratamiento de la cárcel de Albolote tiene previsto reunirse el próximo jueves para decidir la fecha de salida de Juan Carlos G. R., el condenado por 24 agresiones sexuales. Si Instituciones Penitenciarias tiene decidido para esa fecha en qué Centro de Inserción Social -CIS- deberá cumplir su tercer grado podrá salir del penal de Albolote el viernes 13 para incorporarse a su nuevo destino el lunes 16 de septiembre. En el caso de que la decisión se posponga a la próxima semana, no saldría del penal de Albolote hasta el próximo 20 de septiembre. El recluso ha solicitado el CIS de Albolote para cumplir lo que le queda de condena en tercer grado, aunque Instituciones Penitenciarias lo ha propuesto para hacerlo en Algeciras o en Málaga, aunque finalmente podrá ir a cualquier otro centro que considere oportuno la Administración penitenciaria.

Juan Carlos G.R. nació en Portada Alta, en Málaga, en el seno de una familia humilde, estudió Educación Física y se casó con su novia de siempre. Trabajaba por las mañanas en un colegio, donde daba clases de gimnasia, y por las tardes en las oficinas del Málaga Club de Fútbol, donde ejercía de administrativo. Juan Carlos G. R. era el yerno perfecto. Hasta que la Policía Nacional, a la que tuvo en jaque durante cinco largos años, lo desenmascaró.

A Juan Carlos, que entonces tenía 28 años, se le conoció en Málaga como 'el violador múltiple'. Su caso generó una enorme alarma en la ciudad y especialmente en la comunidad educativa del colegio Rosario Moreno, un centro concertado en el barrio de La Paz, en el que entró a dar clase en 1998. Al enrollado profe de gimnasia, de aspecto amable y bonachón, lo detuvo la policía en febrero de 2002 por 24 agresiones sexuales. Ha estado en prisión desde entonces, aunque ya acaricia la libertad. Un juez acaba de concederle el tercer grado, más conocido como el régimen de semilibertad, pese al criterio en contra de la junta de tratamiento de la cárcel de Albolote (Granada), donde, al menos a día de hoy, permanece recluido.

Vayamos al principio. Concretamente, a abril de 1997. En aquellas fechas, la policía registró la primera de las denuncias que más tarde los agentes atribuirían a Juan Carlos, que empezó a actuar bajo el velo de impunidad que le concedía la doble vida que llevaba. Nadie sospechaba de él, ni en su entorno, ni en el colegio, ni en el club, donde tenía reputación de buen compañero y trabajador aplicado.

Aunque el perfil de las víctimas era similar (chicas rubias, jóvenes, de 18 a 23 años, aunque también había una menor), los investigadores sí observaron una evolución en su modo de actuar. Las primeras solían ser madres de niños del barrio y, al parecer, estudiaba previamente sus hábitos y movimientos. Las abordaba encapuchado en sus domicilios, en la zona de Carretera de Cádiz, y las agredía sexualmente bajo amenazas, a veces usando un arma blanca para intimidarlas.

Años más tarde, cambiaría su modus operandi y el perfil de las víctimas: fijó su objetivo en chicas jóvenes y extranjeras, generalmente universitarias de intercambio (Erasmus) de rasgos nórdicos, aunque no necesariamente de esa procedencia. Llamaba a su puerta haciéndose pasar por fontanero o revisor del gas -decía que lo había llamado la comunidad de propietarios del edificio- y, a cara descubierta, estudiaba sus hábitos y horarios para, posteriormente, cometer las agresiones sexuales.

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Juan Carlos estuvo en prisión preventiva desde su detención en 2002 hasta que, en 2005, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial dictó sentencia. Fue condenado a 271 años de prisión por 13 delitos de agresión sexual y otros 11 en grado de tentativa (al desistir por la oposición de las víctimas), aunque el tribunal le impuso finalmente 20 años, que era el límite legal vigente en ese momento para las penas de privación del libertad. Hasta ese momento, y probablemente hasta la fecha, había sido la condena más alta impuesta a una sola persona por la Audiencia Provincial de Málaga en su historia.

Así las cosas, tras la sentencia, el violador múltiple continuó en la cárcel con un horizonte negro: 20 años entre rejas -se 'licencia' (extingue por completo su pena) en enero de 2022- y, al salir, una orden de alejamiento de 2.000 metros hacia cada una de sus víctimas durante otros 15 años. Al parecer, en el fallo, en cambio, no se recogió medida de libertad vigilada, por lo que, una vez cumpla la pena, Juan Carlos no estará sometido a ninguna clase de control por parte de la Justicia, más allá de la mencionada prohibición de aproximarse a las 24 mujeres a las que agredió o intentó agredir sexualmente.

En estos años, el recluso ha pasado por varias cárceles, como las de Alhaurín de la Torre o Córdoba, hasta recalar finalmente en Albolote (Granada), donde ha cumplido la última parte de su condena. En prisión ha tenido trabajo remunerado en distintos destinos, el último en el economato, y, según las fuentes consultadas, no ha tenido problemas de comportamiento que le hayan supuesto expedientes graves, lo cual le ha permitido permanecer en los últimos años en un módulo de respeto. Incluso hizo un curso de terapia para agresores sexuales. «Estos internos no suelen buscarse problemas en el interior de la cárcel y siempre tratan de pasar lo más desapercibido posible», apunta una fuente consultada en el penal granadino.

De hecho, el juez de Vigilancia Penitenciaria de Granada le ha concedido cuatro permisos de salida desde el pasado otoño de 2018, que ha disfrutado en Málaga. En todos ellos, regresó a la prisión el día y hora establecidos sin protagonizar incidente alguno, lo que, a la postre, se ha convertido en un argumento a su favor para alcanzar la semilibertad.

Como es preceptivo, la junta de tratamiento de la cárcel revisa cada dos meses la situación de los internos y su posible progresión en grado. La mayoría de los condenados están en segundo grado penitenciario, que es el llamado régimen ordinario, ya que el primer grado (régimen cerrado) está reservado para los reclusos peligrosos sobre los que hay que aplicar medidas más restrictivas, como los presos incorporados al FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento) por su larga trayectoria en el presidio o su pertenencia a organizaciones criminales.

En la última revisión, en el mes de julio, la junta de tratamiento de la cárcel de Albolote se mostró en contra de la progresión de Juan Carlos por la gravedad de los delitos cometidos, manteniéndolo en segundo grado, según explicaron fuentes penitenciarias. Él recurrió esa decisión ante el juez de Vigilancia Penitenciaria.

A finales de agosto, a Juan Carlos le notificaron la decisión del magistrado, quien, atendiendo a que ha saldado más de las tres cuartas partes de la pena máxima que puede cumplir, a que no tiene expedientes por conflictividad o sanciones y a que había disfrutado de los permisos sin mácula, ha decidido concederle el tercer grado que ansiaba, lo que supondrá que, en breve, quede en situación de semilibertad.

Pero, ¿en qué se traducirá eso? Para empezar, Instituciones Penitenciarias tendrá que asignarle un Centro de Inserción Social (CIS) que controlará su tercer grado. Él ha solicitado cumplirlo en el de Granada, aunque ha sido propuesto para hacerlo en Málaga o en Algeciras. Instituciones Penitenciarias no ha comunicado aún donde cumplirá lo que le resta de pena. Además, el juez le ha concedido el tercer grado del artículo 82.1 del Reglamento Penitenciario, una modalidad restringida -«es el menos tercer grado que existe», expresa la fuente- en la que se limitan las salidas por las características psicosociales del reo para su progresiva adaptación a un régimen abierto más pleno. En estos casos, se busca alguna asociación o institución pública o privada para su apoyo o acogida en el momento de su salida en libertad.