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La Policía Local de Málaga ya ha empezado a multar a los propietarios de perros que no llevan la chapa identificativa obligatoria o el carné correspondiente que acredite que la mascota ha sido registrada en un censo de ADN, tal y como obliga la nueva ordenanza de Tenencia de Animales. Si la semana pasada ya se podían ver a los agentes informando y advirtiendo a los dueños, desde el lunes han pasado definitivamente a la acción y ya se está denunciando a los infractores. Según la información facilitada por el Área de Seguridad, hasta ayer se habían impuesto una treintena de multas, cuya cuantía asciende a 217 euros. De momento, todas las sanciones son por no haber inscrito el ADN de la mascota en el banco genético municipal. Este censo será utilizado por el Ayuntamiento para analizar los excrementos encontrados en la vía pública e identificar al propietario para sancionarle por no recogerlos.
Aunque la normativa entró en vigor en mayo del año pasado, se concedió una moratoria de seis meses antes de empezar a sancionar. Sin embargo, en vista de que en noviembre apenas uno de cada diez perros figuraban en el censo se optó por retrasarlo hasta final de año. Aún así, no ha sido hasta esta semana cuando verdaderamente se está vigilando el cumplimiento de la nueva ordenanza.
La prueba de identificación tiene un coste de 35 euros y se puede realizar en cualquier clínica veterinaria. Una vez realizada la extracción de sangre, el veterinario entregará al dueño una documentación provisional que certificará que ha cumplido este trámite. Posteriormente, cuando se complete la inclusión del perfil genético en el censo municipal se le proporcionará la chapa y la tarjeta identificativas. De esta forma, la Policía Local puede comprobar fácilmente quién no ha sometido a su mascota a esta prueba.
En cuanto a los excrementos, será el personal de la empresa adjudicataria del servicio de control de animales acompañado de un jefe de equipo funcionario del servicio de vigilancia sanitario-ambiental para levantar acta y dar fe, podrá tomar muestras de las heces que encuentre en la vía pública y mandarlas a un laboratorio (ubicado en Sevilla) para compararla con los perfiles genéticos registrados. Este proceso tiene un coste de 18 euros que, en principio serán asumidos por las arcas públicas, aunque en el caso de localizar al propietario de la mascota se le repercutirá esta cuantía, además de la correspondiente multa por no recoger los excrementos, que está fijada en 217 euros aunque puede llegar hasta los 500 si tiene lugar en parques o jardines, calles peatonales, zonas de gran afluencia o el entorno de centros educativos y sanitarios.
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