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Germán Girela (Granada, 1971) es maestro de inglés. Habla con pasión del sector público y rechaza los estereotipos. Asegura que ser funcionario siempre ha sido algo vocacional. En los últimos años, sin embargo, se ha convertido en una tabla de salvación para un empleo estable. ... Girela, que echa de menos el «factor aspiracional», acaba de ser reelegido como presidente regional de CSIF, en un congreso celebrado en Málaga. Atiende a SUR para abordar diversas cuestiones relacionadas con el empleo. Lamenta que los salarios en España están por debajo de la media de los países de nuestro entorno europeo.
–¿Cómo sería un mundo laboral sin sindicatos?
–Sería muy complicado. Yo creo que los sindicatos son absolutamente necesarios. Son el contrapeso que tiene que tener la patronal para que los trabajadores tengan un empleo lo más digno posible. Para tener una vida más allá de lo laboral. El único contrapeso son las organizaciones sindicales. La gente sabe que nosotros tenemos nuestra razón de ser. Todos los avances que se consiguen en el ámbito laboral tienen a una organización sindical detrás.
–Acaba de ser reelegido como presidente de CSIF en Andalucía. ¿Cómo afronta este segundo mandato?
–Entusiasmado. En 2019, arranqué un proyecto con mucha ilusión. Una ilusión que mantengo intacta, con mucho compromiso con la organización. Creo que quedan varias cosas por hacer. Además, este mandato ha tenido las vicisitudes que todos sabemos de la pandemia.
–El CSIF es un sindicato con una fuerte implantación en el sector público. ¿Está cuajando también en el sector privado?
–El origen de CSIF está en el funcionario. Lo lleva en sus siglas. Pero desde hace bastante tiempo, estamos aterrizando en la empresa privada de una manera muy estable. De los 86.000 afiliados que tenemos en Andalucía, el 15% son afiliados de empresas privadas. Queremos avanzar en el sector privado. Estamos ahora en el mejor momento que ha tenido nuestra organización.
–¿Cuáles son las reivindicaciones principales que plantean los funcionarios en estos momentos?
–Hay varias cuestiones. Hay dos males que aquejan a los empleados públicos. Uno es el déficit estructural que sufren las plantillas. Las cargas de trabajo son superiores a las que deberían ser. Y, luego, está la perdida de poder adquisitivo que han sufrido los empleados públicos en los últimos diez años.
–¿Cómo de grande diría usted que es la brecha entre las condiciones laborales del sector público y del sector privado?
–Depende. Muchas veces se afirman cosas que no son ciertas y se hacen valoraciones de salarios medios que sirven para propagar una opinión que está basada en el desconocimiento. Tenemos que pensar que en los empleados públicos tenemos una muy alta cualificación. Si analizamos los datos en profundidad, nos daremos cuenta de que los empleados públicos no tienen mejores salarios que los de la empresa privada.
–¿Cree que los funcionarios están en condiciones de pedir más aumentos salariales?
–Sin duda. Desde 2010, hemos perdido más de un 20% del poder adquisitivo. Con las subidas que firmaron los sindicatos de clase en 2022, que nosotros no las firmamos porque perdíamos desde el minuto uno, perdimos en los últimos dos años un 6%. Eso es mucho dinero.
–¿Los funcionarios son unos privilegiados?
–En absoluto. Los funcionarios tienen la suerte de ser funcionarios porque es un orgullo. Somos trabajadores que han utilizado sus estudios para afrontar un proceso de oposición y que muchas veces desempeñan su trabajo más allá de lo exigible. Todas las mejoras que se dan en el sector público acaban aterrizando en el sector privado. La paternidad es un claro ejemplo. No es sostenible que la empresa privada no tenga los mismos avances que los empleados públicos.
–¿Las rentas en España son demasiado bajas?
–Tenemos determinado que los países de nuestro entorno tienen unas rentas claramente superiores. Esto tiene una análisis más profundo, pero es cierto que los salarios en España están por debajo de la media de la OCDE.
–¿Hay margen para seguir subiendo el salario mínimo?
–Sin duda, hay margen para seguir subiendo el salario mínimo (ahora, 1.134 euros). Hay que seguir empujando para arriba.
–¿El sector público está sobredimensionado en España?
–Para nada. Está clarísimo que no. Solo hay que ver cuanto tardan, por ejemplo, en darte una cita con tu médico cuando la pides.
–¿La sanidad andaluza está mejor que hace cuatro años, cuando usted se puso al frente del CSIF?
–¡No! No está mejor y es algo que la ciudadanía advierte claramente. Lo que ocurre es que no basta con decir que no está mejor que hace cuatro años. La Junta dice que ha puesto más dinero que nunca. Hay que hacer un análisis riguroso. La pandemia ha dejado unas necesidades asistenciales distintas a las que teníamos ahora. Y ahí no solo hace falta inversión, hace falta mucha gestión.
–¿Qué opina del teletrabajo?
–Es una modalidad de prestación de servicios muy buena y que puede ayudar a la eficiencia, pero que se necesita regular, tener bien discriminado el mapa conceptual de cuáles son las tareas que se pueden hacer con teletrabajo.
–¿No cree que va en detrimento de la calidad asistencial?
–Por eso insisto en que hay que determinar muy bien cuales son los puestos en los que se puede hacer y en los que no es viable.
–¿Cómo ve la jornada laboral de los cuatro días?
–Es complicada de establecer. Pero para nosotros, cualquier medida que significa menos trabajo, estará bien siempre que no reduzca sus retribuciones. Se tendría que llevar a cabo sin merma de derechos de ningún tipo. Es probable que en diez años esté más implantada.
–Cada vez más jóvenes tienen la aspiración de convertirse en funcionarios sin pasar por la empresa privada. ¿Cómo ve esta dinámica?
–Eso dice mucho del tejido empresarial que tiene nuestro país, que no tiene mucha estabilidad y que no tiene las mejores retribuciones. Ello hace que mucha gente prefiera refugiarse en un empleo estable y de calidad. Sí que me produce algo de pena porque los funcionarios siempre nos hemos caracterizado por acudir a un sector del empleo público por vocación. Pero la culpa no la tiene quien quiera acceder al empleo público, la culpa la tiene el mercado laboral.
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