El PP tumba por segunda vez la comisión de investigación de Promálaga por el caso mordidas

La concejal de Nuevas Tecnologías, Alicia Izquierdo, explicaba que este caso lo había denunciado ante la Policía Nacional la propia sociedad municipal (concretamente el edil Mario Cortés y el gerente Francis Salas), que más tarde se habían personado como acusación particular, y que por último, como acusación particular, aumentan el número de presuntos delitos de su exdirectivo con respecto a la petición de la Fiscalía: delito continuado de cohecho, continuado de falsedad documental y blanqueo de capitales, malversación, negociación prohibida de los funcionarios públicos y cohecho por razón de cargo.

La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, se quejaba de la poca transparencia que había habido con este asunto, que había llegado con cuentagotas, y que como oposición no disponían incluso de la sentencia por la cual el exdirectivo había sido indemnizado con 180.000 euros por el Ayuntamiento de Málaga por despido improcedente, cuando fue despido a cuenta de estos presuntos delitos. Argumentaba Morillas que una comisión de investigación pondría sobre la mesa si hay otras responsabilidades políticas y si en quince años de trabajo de este exdirectivo en la empresa podría haber habido problemas con otros contratos, explicando que la sombra de la corrupción ha pasado cerca de Promálaga en otras ocasiones, con el caso Raquetas y cuando en 2009 la Cámara de Cuentas alertó de la duplicación de facturas. Indicó que con una comisión de investigación los populares lanzaban un mensaje claro contra la corrupción, y si no la aprobaban, lanzaban otro.

El socialista Mariano Ruiz Araujo criticaba que en el caso de Promálaga estaban «todos los principios de la omertá, se afanan por mantener el oscurantismo con considerable éxito», y criticaba que hace dos años, cuando el PSOE pidió un pleno extraordinario sobre el caso mordidas, les dijeron que era una hipérbole y una sobreactuación, y que «si ahora sobreactuaba la Fiscalía cuando acusaba al exdirectivo de falsedad documental y cohecho. ¿Es serio haberle indemnizado con 180.000 euros con todo lo que se le acusa?», y sacó a colación la sentencia del TSJA, en la que se explica que Promálaga no fue diligente «por lo que dejaron prescribir la causa (laboral) y le pagaron un dineral del erario público», dando cuenta de todo lo que venía sufriendo pidiendo a cuentagotas las causas y papeles que conciernen a este asunto.

La viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, argumentaba que los 180.000 euros que se le habían pagado de indemnización por un despido improcedente no casaban con el tiempo que llevaba el exdirectivo en la sociedad municipal (15 años) y pedía saber si tenía un blindaje del contrato, asunto del que Izquierdo no le contestó. La popular sí qué indicó que Muñoz no es un alto cargo del PP y que no fue contratado a dedo, y subrayó que la actitud del equipo de gobierno del PP en este caso «había sido ejemplarizante; nos gustaría que hiciesen lo mismo cuando ustedes gobiernan. No hay una sola sentencia por corrupción desde que está el PP en el Ayuntamiento» y acababa con la siguiente frase: «¿Por qué cuando nosotros denunciamos la malversación, ustedes la amnistían? (refiriéndose al Gobierno con Cataluña). Morillas le auguró que se les iba a hacer muy larga la legislatura. Ninguno de los puntos de esta iniciativa de Con Málaga salía adelante.