Las políticas sociales no son sólo la 'paguita': en Andalucía movilizan más de 105.000 puestos de trabajo y casi 4.000 millones de euros

Que las políticas sociales están vinculadas en demasiadas ocasiones al asistencialismo, a la 'paguita' y a la subvención es un hecho que ha llevado a considerar este pilar de la acción de cualquier gobierno como un lastre. Los enormes prejuicios en torno a este tipo de políticas, sobre todo en momentos de crisis, han dibujado un panorama con mucha acción pero poco retorno. Hasta ahora. Al menos así se desprende de un completo informe impulsado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en colaboración con la Universidad de Málaga que confirma que la inversión en políticas sociales no sólo tiene un impacto directo en la población en términos de calidad de vida, sino también en la economía. Que es, en definitiva, rentable.

A esta conclusión han llegado tras más de un año de trabajo y análisis de datos y estadísticas tres profesores de la UMA: el catedrático Francisco Ruiz -a cargo de la metodología-, el profesor titular de Economía Aplicada José Manuel Cabello y el profesor titular jubilado de Fundamentos de la Economía Joaquín Aurioles, que ha coordinado el estudio. Este último ha presentado este jueves sus conclusiones en el salón de actos del Rectorado ante un aforo repleto de representantes de instituciones, asociaciones y empresas que se dedican a la acción social.

Entre las más destacadas, que las políticas sociales que impulsa en Andalucía la Consejería competente movilizan 105.295 puestos de trabajo directos o indirectos, lo que supone un 3,6% de la masa laboral de la región. Además, estos empleos están concentrados en un 62,5% de los casos en el sector privado, y por lo tanto no dependiente de la ayuda pública directa, según el estudio.

Por otra parte, ese impacto de las políticas sociales en el PIB es del 2,5% del total y se traduce en «un impacto económico de 3.905 millones de euros», ha indicado el profesor Aurioles, que ha insistido en la importancia de este dato porque es «más que lo que genera el sector tecnológico y el de las energías renovables». Ese retorno del beneficio, indica el estudio, está asentado en una realidad basada en cifras: los 2.228 millones de euros que tiene como presupuesto al año la Consejería de Políticas Sociales tienen un impacto posterior en la economía andaluza de cerca de 4.000 millones.

El profesor Aurioles también ha destacado que «por cada 100 euros que se invierten en este tipo de políticas hay un retorno de 127 en la actividad económica», un dato que a su juicio aún tiene «mucho recorrido y que hay que seguir ampliando y trabajando». Precisamente, el reto de diseñar nuevas políticas sociales basadas en la eficiencia y en la rentabilidad está en la base de esta iniciativa impulsada por la consejería que dirige Rocío Ruiz, quien ha presidido el acto acompañada por la vicerrectora de Igualdad de la UMA, Isabel Jiménez.

En su intervención, la consejera ha destacado el carácter «pionero» de este estudio, que avanza en el objetivo de «dejar atrás el concepto de asistencialismo y avanzar hacia la inclusión real y la obtención de recursos propios». «En este caso, la riqueza está en el empleo», ha añadido Ruiz, muy crítica con esos prejuicios que tradicionalmente han lastrado la acción de las políticas sociales por considerarlas las «hermanas pequeñas» de las grandes acciones de gobierno.

Para rebatirlo, la consejera ha destacado también los beneficios «colaterales» de este tipo de inversiones en fenómenos preocupantes como la despoblación. Y ha puesto como ejemplo la apertura de una residencia o un centro de acogida en determinados entornos: «Estas iniciativas fijan a la población al terreno, porque a su alrededor se genera vivienda, ocio y otros servicios que garantizan el futuro de la comunidad». «Un céntimo invertido en políticas sociales es un céntimo bien invertido», ha añadido.

Además, la responsable de la cartera ha situado las conclusiones del informe en el centro de la futura acción política de su departamento, «porque no habrá transformación en Andalucía mientras no haya transformación social». Para lograrlo, Ruiz ha indicado que el gobierno regional ha avanzado en esta legislatura en «una mejora tecnológica en la eficiencia de la administración, hasta ponerla a la altura de una administración del silo XXI». La agilización de los tiempos o las ventanillas únicas son, a su juicio, otras herramientas que suman a favor de esa eficiencia a la hora de invertir recursos. Y por supuesto, ha dicho, «el aumento de los presupuestos, que no son sólo cifras, sino auténticas declaraciones de intenciones», que desde ya tratarán de poner negro sobre blanco que «las políticas sociales generan riqueza y empleo».

Por su parte, la vicerrectora Isabel Jiménez ha destacado la «idoneidad» de este informe porque coincide con las líneas estratégicas de la Universidad de Málaga, que es el «conocimiento con conciencia». Es decir, basado en valores: «Y ese cambio lo tenemos que hacer en lo que respecta a las políticas sociales -ha insistido-, porque el impacto no es sólo económico. También nos hace mejores personas».

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