El Gobierno no tiene en su agenda eliminar las plusvalías por herencia

La reforma de la legislación que permitiría acabar con el impuesto de las plusvalías por herencia tendrá que esperar. Al menos por el momento, ya que el Gobierno central no tiene en su agenda la negociación sobre este supuesto concreto en la Ley de Haciendas Locales. Así lo confirmó ayer en Málaga el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, durante la clausura de las Jornadas Andaluzas de Estudios Fiscales, quien eludió entrar a valorar esos otros supuestos de la ley: en concreto, el representante del gobierno central avanzó que la negociación que hoy está sobre la mesa está centrada únicamente en «aquello que nos exige el Tribunal Constitucional y que el Gobierno de España tiene que acatar».

Con su afirmación, Fernández de Moya se refería al punto concreto de la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de mayo en el que se declaraba la inconstitucionalidad de la plusvalía sólo en el caso en el que la venta de un inmueble genera una pérdida, es decir, si una vivienda se vende a un precio menor del que inicialmente se adquirió «y se genera por tanto una minusvalía», dijo el secretario de Estado a la hora de explicar ese punto concreto de la ley que habrá que reformar y que en la actualidad está como asunto único en la negociación que el Gobierno central ha emprendido tanto en el seno de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) como en el del Congreso.

En este sentido, el secretario de Estado de Hacienda manifestó el compromiso del Ejecutivo de que la solución vía reforma llegue «a la mayor brevedad posible», una vez que el Gobierno hizo llegar el documento con la propuesta a la FEMP «y a los grupos parlamentarios con representación en el Congreso». Sobre la sentencia del TC que obliga a ese cambio parcial de la legislación sobre plusvalías, el secretario de Estado manifestó que el mandato del legislador «viene a ser muy taxativo: mantiene la constitucionalidad de lo que viene a ser el tributo en sí, el que conocemos como de las plusvalías, y lo que sí manifiesta es que hay que modificar, porque es inconstitucional, el apartado que se refiere a los casos en los que se produzcan situaciones inexpresivas de capacidad económica en el momento en el que se produce la compra y la posterior transmisión, si no se genera una plusvalía, sino una minusvalía; en ese caso estamos ante un supuesto de no sujeción». En ese supuesto de no sujeción –añadió– «la carga de la prueba le corresponderá al sujeto pasivo que se vea afectado por esta situación».

Sobre el texto que en estos momentos se debate, Fernández de Moya hizo otra valoración, en este caso sobre la «novedad» del documento , ya que la propuesta del Gobierno «concede a los ayuntamientos la facultad de comprobar lo que representa que se genere o no una plusvalía o una minusvalía».