El pleno aprueba conveniar con la SAREB el centenar de pisos que tiene en Málaga para uso social

El fondo del debate fue del mismo tono que los que vienen sucediéndose los últimos meses. La oposición criticaba al PP por la pérdida de malagueños que se van, 37.000 desde 2015 a 2020 por falta de vivienda, como explicaba el portavoz socialista Dani Pérez, que achacaba a la vivienda turística la disminución del mercado del alquiler de larga duración; o que el precio de la vivienda en Málaga es un 21% más alto que la media nacional y los sueldos en Málaga son un 18% menos, que indicaba el portavoz de UP, Nicolás Sguiglia, incidiendo de nuevo que el PP sólo favorece a especuladores y rentistas. El PP, por su parte, volvía a sacar a colación de la mano del concejal de Vivienda, Francisco Pomares, las 5.273 viviendas construidas por el Ayuntamiento, las 574 viviendas de VPO que están construyendo y las 530, que están a punto de aprobarse; que la IMV había parado 2.873 desahucios (la Oficina del Derecho a la Vivienda), tenía en marcha 1.474 planes de alquiler y daba cobijo a 567 familias en riesgo de exclusión social. «No es casualidad que nos hayan dado en Valencia el premio nacional de seguimiento a familias vulnerables, y aprovechaba para hacer campaña: »Todo gracias a este señor, a este alcalde, y a la gestión del equipo popular«. Mientras tanto, Pérez se afanaba porque el alcalde entrara en el debate y le decía para terminar: »Usted sabe, y está muy nervioso, que la falta de vivienda en Málaga es responsabilidad suya y es su culpa«.

El concejal de Turismo, Jacobo Florido, al que le tocaba hablar de la vivienda turística a cuenta de la moción socialista, aprovechaba para enfadar a la bancada de enfrente sacando al tito Berni, a la señora María Gámez, «que se va a quedar con todos los pisos» de Málaga, y le proponía a Pérez que «pusiera más vallitas diciendo que va a construir 10.000 viviendas, le han faltado a usted ceros». La portavoz naranja, Noelia Losada, subrayaba que la Junta, que es la competente, no ha hecho viviendas en 25 años, y que a la actual del PP ya no puede hablar de la herencia recibida del PSOE, y añadió que «no había que quemar en la pira de la Inquisición a las viviendas turísticas». Expresó que es un problema complejo y que ellos proponen que haya incentivos fiscales a los alquileres de larga duración y que no se tarde 16 años en desarrollar un suelo, que sonaba a tirón de orejas a su socio de gobierno, el PP.

Fueron los temas del metro y los carriles bici en los que Ciudadanos se sumó al bloque de la oposición, PSOE y Unidas Podemos, y consiguieron aislar al PP. Alguna era reseñable, ya que aunque el PP votaba en contra, le afeaban el trabajo al concejal de Movilidad, José del Río, por no haber diseñado el carril bici en la Alameda, y que ahora fuese «una chapuza peligrosa», como explicaba la edil de UP, Paqui Macías, y por lo tanto se le obligaba por votación a que se rediseñara o que se realice un carril segregado en el túnel de la Alcazaba para los ciclistas. En la moción socialista, Ciudadanos se volvía a sumar para sacar adelante que la ciudad acabe con los peligrosos carriles 30, que es una de las quejas de los ciclistas, como viene subrayando Ruedas Redondas, cuyo presidente, José Luis Martín, decía que votarán a las fuerzas que estén a favor de la movilidad activa y que creen en una sociedad sostenible, a lo que Del Río le criticaba que fuese partidista y puntualizaba que de ahí el poco éxito de la última bicifestación, que dijo «no llegó a 700 personas». Sí hubo unanimidad para que se dedique una partida para crear aparcamientos disuasorios.

El PP y Ciudadanos sacaban adelante la iniciativa popular para que la Demarcación de Costas busque una solución que permita al Ayuntamiento buscar una solución para que se pueda ampliar el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso hacia la playa para permitir que haya un carril bici, otro para peatones y otro para los runners (gente que corre).

Llamaba la atención cómo el concejal de Urbanismo, Raúl López, negociaba con la portavoz naranja, Noelia Losada, las enmiendas a la moción de Ciudadanos para llevar el metro en superficie desde Málaga hasta Rincón de la Victoria. Los socios de gobierno suelen o deberían hablar estos asuntos antes de llegar a la sesión. Es más, Losada no se las aceptaba por lo que Ciudadanos junto a la oposición aprobaba que el metro llegue hasta el El Palo, y después al municipio vecino, y que se recupere el proyecto de llevar el metro hasta el PTA y Campanillas. Con los votos de toda la Corporación, ya sí, se aprobó que el Ayuntamiento exija celeridad a la Junta para la prolongación del metro hasta la zona del Hospital Civil y una enmienda socialista, que haya la mayor coordinación posible entre la EMT y el Metro en la ciudad.

Y por último, Losada se ablandaba con López cuando éste le pedía que añadiera el verbo «continuar» mejorando la gestión la tramitación de las licencias y se avance en la digitalización de la Gerencia de Urbanismo (en otras áreas porque Licencias, subrayó López, ya está digitalizada), que ayer provocó un rifirrafe entre ella y la portavoz popular, Elisa Pérez de Siles, que la llamó desleal, y le dijo que para hacer oposición no se está en el equipo de gobierno.