El pleno de Málaga aprueba los 976 millones del presupuesto 2023, que entrará en vigor este viernes

No tocaba en esta cita debatir las cuentas, lo que ya se hizo en la aprobación inicial el 12 de diciembre, en donde salió adelante por los votos favorables del PP y Ciudadanos, aunque la portavoz naranja Noelia Losada no dudara en decir que si gobernara en solitario estas no serían las cuentas, o se viviera la enmienda a la totalidad de los cuatro años de gobierno del alcalde Francisco de la Torre que realizaron tanto el portavoz socialista Dani Pérez como el de Unidas Podemos, Nicolás Sguiglia, que por cierto esta mañana no asistía al encuentro, al igual que la socialista Begoña Medina, de días libres, o el edil popular Luis Verde, que se ausentaba por su nueva paternidad. De esta forma, los últimos presupuestos del mandato municipal han sido aprobados por un extraño 15 votos a favor, 13 en contra, cuando lo lógico y normal hubiera sido 16 a favor, 15 en contra.

El montante total se eleva a los 976,6 millones de euros, un 4% más que el año anterior, pero llama la atención en los mismos la reducción en la partida de inversión en la ciudad, que baja desde los 152 millones de 2022 a los 140 millones para 2023 –en los que se incluyen 20 millones de planes de conservación de los barrios–, lo que supone un descenso del 8%. Tanto el alcalde Francisco de la Torre como el concejal de Economía, Carlos Conde, subrayaban cuando los presentaban en el salón de los Espejos el pasado 30 de noviembre que la subida del coste de los suministros, el aumento de la partida de personal por la subida de un 4% de los sueldos de los funcionarios que aprobó el Gobierno y que se traslada a la administración municipal, así como la disminución del impuesto de la plusvalía, no habían hecho posible que se mejorase esta cifra. Conde también añadió sobre este particular que se destinaban esfuerzos a partidas plurianuales de proyectos ya iniciados, pero que no se preveían nuevas grandes inversiones por aquello de que el mandato municipal acaba en mayo de 2023, cuando habrá elecciones municipales.

En cuanto a las citadas alegaciones de Comisiones Obreras a la plantilla de la Gerencia de Urbanismo, van en la línea de que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) contravienen lo dispuesto en los estatutos de la Gerencia de Urbanismo, ya que indican que no puede estar dotada presupuestariamente con plazas de funcionarios, y que las tareas que son potestades administrativas que legalmente y exclusivamente sólo están reservadas a funcionarios deben ser realizadas por personal de la plantilla del propio Ayuntamiento, y no de la Gerencia. También tienen quejas con las remuneraciones establecidas para los jefes de departamento, que no se deducen, dicen, de las tablas salariales establecidas en el convenio colectivo ni de las establecidas en la ley de Presupuestos del Estado, «sino de la voluntad del señor gerente», como indican, entre otras cuestiones. En su informe, el interventor general del Ayuntamiento, informa favorablemente la desestimación de las mismas por parte del área económica del Ayuntamiento, pero indica que sería conveniente que se modificaran los estatutos de la Gerencia de Urbanismo para «recoger de una forma más clara el tipo de empleados que la pueden componer» y en cuanto a los nombramientos provisionales para puestos, indica que «una vez transcurrido el periodo de tiempo prudencial que solvente la urgencia, debe procede a tramitarse la cobertura mediante un procedimiento definitivo». La citada alegación de Comisiones Obreras ha sido rechazada con los votos en contra del PP y Cs, y el edil no adscrito, Juan Cassá, un paso previo necesario para aprobar definitivamente las cuentas municipales para 2023.