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El pleno del Ayuntamiento de Málaga se traspuso este jueves para convertirse en el pleno del Parlamento andaluz y abordar, en sus mociones urgentes y más importantes, asuntos que atañen directamente a la labor autonómica, ya que tanto el equipo de gobierno (PP y Cs) como la oposición (PSOE y Adelante Málaga) aprovecharon para traer temas que son de la incumbencia de todos los ciudadanos, aunque la sede de las competencias esté en el antiguo hospital de las Cinco Llagas.
En una sesión bronca, con interrupciones desde ambas bancadas, con el alcalde Francisco de la Torre llamando la atención a la sillería y a ediles, el pleno pidió la dimisión de la expresidenta de la Junta y máxima responsable del PSOE andaluz, Susana Díaz, «por haber retirado en su momento al Gobierno andaluz de la acusación particular del caso de los ERE», momento en el que el PSOE votó en contra y Adelante Málaga se abstuvo.
Como ya adelantó este jueves este periódico, el PSOE también se posicionó en contra de la reprobación «por el daño causado a Andalucía y a sus instituciones esta trama de corrupción» que ha afectado a 21 exaltos cargos de los gobiernos socialistas de la Junta, pero se quedó solo porque el resto de partidos votó a favor y salió adelante por una aplastante mayoría.
El debate fue por los derroteros de la crispación y el rifirrafe. La portavoz popular Elisa Pérez de Siles defendía la moción de su grupo haciendo hincapié en que se trata de uno de los casos de corrupción más escandalosos de la historia, del que hay 300 imputados en piezas separadas y 21 exaltos cargos de la Junta condenados, así como 680 millones de euros malversados, y añadiendo que el «PSOE había tejido una estructura delictiva para el abuso de unos cuantos financiado con el dinero de los andaluces». Por su parte, la edil de Ciudadanos, Noelia Losada, subrayaba en que su iniciativa trataba de condenar institucionalmente esta trama clientelar, y añadía que el PSOE debía disculparse con los andaluces y Díaz dimitir de su escaño porque dio las instrucciones para salirse del caso.
El líder de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, indicaba que el caso de los ERE es «uno de los más importantes de corrupción en nuestro país en toda la historia, y el más importante de Andalucía», pero reiteraba que el PP es «el partido con más corrupción en España y de los más corruptos de Europa», por lo que le parecía «una desvergüenza» traer a debate el tema de la corrupción, aunque explicaba que votaría a favor, y pedía enmendar que se reprobase a Susana Díaz, en vez de pedir su dimisión, que no se admitió.
Tras el día agitado con los asuntos de calado autonómico, tocaba que en algún momento se abordara algún tema en el que el Ayuntamiento tuviera competencia como es el de comercio y la petición, por parte del grupo socialista, para la que había un buen número de invitados en la sillería, era que se reúna el Consejo Sectorial de Comercio para que se traten los horarios comerciales, que salió adelante por unanimidad no sin otro duro debate. El líder socialista Daniel Pérez hizo hincapié en que afecta a 58.000 trabajadores «de los que hay que velar para que no se precaricen sus trabajos», y Pérez de Siles le espetó que traía una iniciativa política y que no se podía modificar la zona de gran afluencia turística hasta dentro de cuatro años, aunque convino en que se reuniera el consejo.
El edil socialista Mariano Ruiz Araujo salía al paso diciendo que lamentaba esta situación, «quien la haga que la pague», pero pidió prudencia porque todavía cabe recurso al Supremo. «Quieren hacer de este tema la Gurtel del PSOE», dijo, entre abucheos de la bancada popular, «y aquí no hubo financiación ilegal ni beneficio personal» de los condenados, para pasar a decir que el «PP es el único partido condenado por corrupción en nuestro país». Indicó que el PSOE ya había depurado políticamente esta cuestión, lo que le valió que la edil naranja Noelia Losada le recordara que fue por expresa exigencia de Ciudadanos por lo que se obligó a que Chaves y Griñán dimitieran.
Otro de los asuntos provocó agitación fue el de la sanidad pública, en el que, tras un intenso debate por las deficiencias, horas de espera para ser hospitalizados, quejas del personal por la precariedad, PP y Ciudadanos se posicionaron a favor de la moción de Adelante Málaga, que pedía que se aborde de forma integral la situación sanitaria pública en la Mesa Sectorial de la Salud, que lleve a cabo un plan estratégico para reestructurar el sistema público y que se dote de recursos a Málaga, aunque no salía adelante que se dedique un 7% del PIB a estos menesteres.
En cuanto a la moción socialista, no se aprobaba ningún punto, con los votos en bloque de PP y Ciudadanos, que dejaban atrás un acuerdo de suma importancia como es el de que haya un «claro compromiso en los siguientes presupuestos para la ejecución del tercer hospital» o un «claro compromiso con los vecinos del distrito este» en esta materia, que precisamente ha sido uno de los caballos de batalla del propio alcalde, Francisco de la Torre, que quiere llevarse, incluso, el tercer hospital a la zona este, por lo que la posición popular no se entendió.
El PSOEpedía en una iniciativa que se rescindiera el contrato con la concesionaria del CAC a tenor de la información que obra en el juzgado de instrucción número 6, explicando que Invader y trabajadores de esa concesionaria, en el pasado concurso, se intercambiaron correos electrónicos con respecto al caso de los mosaicos en edificios protegidos del Centro Histórico, como subrayó Lorena Doña. Tanto el PPcomo Cs dijeron que la petición no tenía ningún soporte legal. Por su parte, la edil popular Gema del Corral subrayó que el pleno «no iba a amparar castigar a Fernando Francés por motivos políticos» y que no se daba «ningún supuesto legal para la rescisión del contrato del CAC».
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