La plataforma contra la Torre del Puerto busca 30.000 euros para ir a los juzgados

Si prospera la iniciativa, para lo que el colectivo tiene un plazo legal de un mes y medio (hasta el 19 de abril), será la segunda demanda de este tipo, tras la que ya ha formalizado la Academia de Bellas Artes de San Telmo.

Isabel Ruiz Mora, coordinadora de la campaña de recaudación de fondos de la plataforma Defendamos Nuestro Horizonte y profesora de la UMA, ha sido la encargada de presentar la campaña, que en sus primeras horas de vida (desde que se abrió en la mañana de este lunes) en la web Goteo.org, ha captado ya unos 1.800 euros.

Si se consigue el «apoyo económico de los ciudadanos», el colectivo se compromete a presentar un recurso judicial para paralizar el hotel de lujo, «que tiene un gran impacto en la Bahía, en el entorno, en la postal de nuestra ciudad, su patrimonio histórico y a nuestra querida Farola».

«Todo el mundo puede participar con aportaciones que hemos prediseñado y que conllevan recompensas, pero cada persona puede aportar su pequeño granito de arena para hacer realidad el no al rascacielos», añade Ruiz Mora. «Invitamos a participar a todos aquellos que quieren una ciudad que mira hacia su historia, que pone en valor su patrimonio y que protege el paisaje y el entorno natural, para que nos apoyen».

Matías Mérida, catedrático de Análisis Geográfico Regional en la UMA, es el coordinador de esta acción judicial. «Si tenemos éxito y conseguimos los fondos suficientes procederemos a la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la aprobación definitiva de la modificación del Plan Especial del Puerto, recientemente aprobada en el pleno del Ayuntamiento de Málaga.

El procedimiento en su conjunto podría llevar de uno a tres años, según sus cálculos. Y todavía se está estudiando si se solicitará la suspensión cautelar. «Pero primero tenemos que recaudar los fondos y cerrar el recurso con el equipo de abogados, en el que llevamos mucho tiempo trabajando porque este escenario ya lo contemplábamos».

Lo que sí está claro es el plazo máximo para ir a los juzgados: dos meses a partir de la publicación en el BOP, que fue el 19 de febrero. «Por tanto, tenemos hasta el 18 de abril». Mérida admite que si no se llega al mínimo necesario no habría posibilidad de ir a la vía judicial, aunque, a renglón seguido, añade: «Confiamos plenamente en que la ciudadanía y las asociaciones van a responder y no contemplamos la no interposición del recurso, pero hay que movilizarse y recaudar los fondos».

Los argumentos legales contrarios que maneja la plataforma se basan en los posibles incumplimientos de la ley urbanística de Andalucía, de la Ley de Puertos, la legislación ambiental y sobre el patrimonio histórico.