La plantilla de Limasa aprueba cuatro años de paz social, a falta de la municipalización

De esta forma, se mantienen incluso los polémicos puestos hereditarios, aunque en una de las cláusulas se especifica que en el caso de municipalización el convenio se adaptará «al entorno reglamentario». Es decir, que se anularía esta práctica, aunque tal y como avanzó este periódico, en el párrafo siguiente se recoge que en el supuesto de que Limasa volviera a ser mayoritariamente privada (ahora el 51% está en manos privadas) «se aplicaría el presente convenio». En el equipo de gobierno estaban expectantes en que la propuesta recibiera el respaldo de la plantilla y así avanzar en la municipalización. En esta ocasión se ha votado en urna en lugar de a mano alzada, por lo que el resultado no se ha conocido hasta ya la madrugada del sábado. El presidente del comité, Manuel Belmonte, ha agradecido el «respaldo masivo de los compañeros» y ha confiado en que se pueda despejar el camino hacia la municipalización. «Es el momento ideal y estamos a la espera de que el proceso se consume. Queremos estabilidad y tranquilidad y dedicarnos a nuestro trabajo que es el limpiar las calles».

Tal y como ha venido informando SUR, equipo de gobierno y sindicatos han acordado que una parte del salario se convierta en variable y vaya ligada a la eficiencia en el trabajo diario y al no absentismo (aunque la oferta del Ayuntamiento era de 2.500 euros variables al año la cifra final es de 1.431 euros). Del mismo modo, también coinciden en dejar a un lado las discrepancias surgidas en torno a los atrasos que se adeuda a la plantilla en cumplimiento de la sentencia del TSJA que declara que el único convenio vigente en Limasa es el de 2010-2012, previo a los recortes. A la espera de que se resuelva otro procedimiento judicial paralelo a mediados de junio, en la propuesta de convenio se precisa que «queda desvinculado» de estas cuestiones pendientes en los tribunales.

En materia salarial, se prevé una subida anual ligada al IPC para cada uno de los cuatro años de vigencia (este 2019 se contempla un aumento del 3,75 por ciento, al acumularse un 1,5 que venían arrastrando desde 2012), mientras las vacaciones se repartirán durante todo el año (15 días entre junio y septiembre, y 21 en el resto de meses) en lugar de concentrarse en verano para reducir el gasto en contrataciones temporales para cubrir los huecos que dejan los empleados fijos en la temporada estival. Por otra parte, se contempla para este año la conversión a fijos a jornada completa de 120 empleados que actualmente están contratados a tiempo parcial, y otros diez más para cada uno de los tres años siguientes.

Según los plazos marcados por De la Torre y la edil responsable de Limasa, Teresa Porras, en el pleno del martes se aprobará (en principio, con el apoyo del bloque de izquierdas) el proceso para municipalizar el servicio, una vez obtenido el aval de la Intervención General por ser la opción más barata. Frente a los 100,3 millones de euros anuales que le cuesta al Ayuntamiento la actual Limasa, una privatización total costaría 97,9 millones mientras que una gestión pública saldría por 92,6 millones al no tener que abonar el IVA de la mano de obra y ahorrarse otros conceptos como la obligatoriedad de obtener un 2% de beneficio o el canon de asistencia técnica que cada año reporta 2 millones a la parte privada (FCC y Urbaser, y de forma minoritaria Sando y Unicaja).