La plantilla de Limasa acuerda movilizaciones en la calle sin contemplar una huelga

La amenaza de una nueva huelga de basuras se aleja temporalmente de Málaga, pero eso no significa que los trabajadores de Limasa vayan a quedarse de brazos cruzados ante la decisión del Ayuntamiento de dividir la empresa en dos, de forma que la limpieza viaria se dejará en manos privadas mientras los servicios de recogida de residuos y su posterior tratamiento serán municipalizados. En una asamblea celebrada esta tarde en un céntrico hotel de la ciudad, la plantilla ha dado carta blanca al comité de empresa para iniciar un calendario de movilizaciones que incluirán manifestaciones, concentraciones y otras acciones reivindicativas en la calle que se irán concretando a partir de la próxima semana.

«No hemos hablado de huelga. Es un derecho que tenemos y que está ahí en un momento determinado, pero somos responsables y sabemos que no es el momento para ir a la huelga», ha afirmado el presidente del comité, Manuel Belmonte, a la finalización de una reunión desarrollada a puerta cerrada y a la que han asistido en torno a un millar de empleados.

En este encuentro interno, que se ha prolongado durante una hora, los trabajadores han vuelto a reiterar que se defenderán «a muerte» contra la división de la compañía pactada por el equipo de gobierno del PP y Ciudadanos, aunque sin que los malagueños se vean perjudicados. «Estamos dispuestos a hacer lo que haga falta para defender nuestros derechos, pero lo que los compañeros quieren es que la ciudadanía sepa el ahorro que habría con la municipalización y demostrarles que la decisión –refiriéndose a la privatización de la limpieza– es perjudicial no solo para nosotros, sino también para los barrios que van a estar desiertos», ha apuntado el dirigente sindical.

Al margen de la intención de «hacer cambiar la idea del PP y de Ciudadanos de dividir» el servicio, durante la asamblea también se abordó otra cuestión que afecta a la plantilla más a corto plazo y que también puede contribuir a elevar o rebajar la tensión, como son sus condiciones sociolaborales, que además serían las que mantendrían todos los empleados independientemente de que unos pasen a una empresa privada y otros dependan de una sociedad municipal.

En este sentido, cabe reseñar que el convenio colectivo en Limasa está pendiente de una sentencia del Tribunal Supremo, después de que la empresa recurriera el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que determinó que los recortes aplicados a la plantilla en los acuerdos que pusieron fin a la huelga de basuras de 2013 no tienen rango de convenio y, por tanto, no deben quedar consolidados. A esto se unen las distintas interpretaciones que empresa y sindicatos están haciendo sobre la vigencia de los recortes aplicados tras la última huelga (marzo de 2016). A juicio del comité, estas medidas caducaron el pasado 31 de diciembre y debe volverse al convenio vigente (2010-2012), previo a todos los recortes; mientras en el Ayuntamiento (titular del 49% de las acciones) consideran que parte de esos acuerdos parciales están supeditados a que haya sentencia judicial.

De momento, la empresa ya ha accedido a que las vacaciones vuelvan a disfrutarse en los meses de verano en lugar de estar repartidas durante todo el año, lo que obligará a contratar a más personal eventual en temporada alta. La siguiente cuestión que ya han reclamado formalmente los sindicatos es el abono completo de la paga de productividad, que debería hacerse efectivo este mes por una cuantía que calculan en 1.650 euros (1.431 euros ya fijados más el incremento salarial del 2% establecido para 2012 y otros conceptos).

Según se planteó en la asamblea, del devenir de estas condiciones laborales también dependerá el nivel de las movilizaciones a adoptar. En cualquier caso, todo apunta a que será una carrera de fondo hasta que se tramite el nuevo modelo de gestión. No hay plazos marcados, pero la intención del equipo de gobierno es dejar cerrada este mandato tanto la adjudicación de la limpieza como la municipalización del resto, aunque no sería hasta el próximo (las elecciones serán a mediados de 2019) cuando se materializarían los cambios. Hasta entonces, continuará prorrogado el contrato que teóricamente expiraba el pasado abril tras 16 años de concesión con un modelo mixto (51% privado) que no satisface a nadie en el Ayuntamiento y tampoco en los barrios.