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El documento que sentará las bases de la intervención sobre el cauce del Guadalmedina para mejorar su integración en la trama urbana de Málaga se demora. A principios del pasado mes de marzo expiró el plazo pactado por la Gerencia Municipal de Urbanismo con las ... consultoras externas contratadas para la elaboración del plan especial para el río, un encargo para el que la unión temporal de las empresas Fernández Makers y Maia Consultoría de Medio Ambiente, Ingeniería y Arquitectura ha pedido dos meses y medio más de prórroga –hasta finales del mes de mayo– ante lo prolijo del trabajo encomendado por el Consistorio mediante concurso público, por un importe de 108.718 euros.
El concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, explicó que, en este caso, los adjudicatarios pueden solicitar una prórroga de plazo para acabar su trabajo que sea la mitad del periodo de ejecución contratado. Al ser de cinco meses, han pedido dos meses y medio más para finalizar el documento con el que el equipo de gobierno municipal pretende aprobar de manera inicial el plan global de actuación para el río, basado en la idea de los 'puentes-plaza' para coser la herida del cauce ante los reparos de la Consejería de Medio Ambiente para llevar a cabo intervenciones que impliquen embovedados o el uso ciudadano del lecho del río.
«Es un plan especial muy grande, muy denso, que implica la fusión de muchas disciplinas relativas a la ingeniería, la arquitectura, el paisajismo e incluso el aspecto jurídico o normativo», apuntó Pomares, quien aclaró que cada tramo del río va a tener un tratamiento diferente en función de sus características.
La propuesta con la que la UTE Fernández Makers-Maia ganó el contrato se ciñe al concepto de 'puentes-plaza' (amplias plataformas con miradores y zonas de estancia para salvar el cauce) ideado por el equipo de gobierno local ante la prohibición de tocar y usar el lecho del río dictada por la Junta. La propuesta divide la operación para el Guadalmedina en cinco fases y aboga por su financiación con fondos europeos, de las arcas municipales, de la comunidad autónoma e incluso del Málaga en el tramo junto al campo de fútbol.
El Ayuntamiento pedía que se hiciera una estimación de costes, lo que los técnicos adjudicatarios del contrato hicieron para el tramo por el que quiere empezar el equipo de gobierno: el situado entre los puentes de la Aurora y de Armiñán. Lo presupuestaron en 30 millones de euros, incluido el soterramiento del tráfico en los viales que enmarcan el cauce, una operación que Ciedes ha estimado en 88 millones de euros desde el puente de Armiñán hasta la zona del Centro de Arte Contemporáneo.
Lejos de una operación de embovedado de este tramo, lo que propusieron es trazar un 'puente-plaza' a la altura de la calle Trinidad y una pasarela metálica peatonal a la altura de la comisaría de la Policía Local. Asimismo, abogaron por duplicar el puente de Armiñán, con un nuevo tablero situado al norte del actual. Su idea se basa en aprovechar las estructuras ya existentes, para reducir costes. Por ello, plantean reutilizar el puente de la Aurora, renovando su pavimento para hacerlo peatonal, y conectarlo mediante una nueva plaza con la zona en la que se encuentran las casas hermandad del Huerto y la Humillación.
No obstante, el alcalde, Francisco de la Torre, insistía en días pasados en la opción de rebajar el lecho del río en este tramo, entre los puentes de Armiñán y de la Aurora, para poder eliminar los muros que lo enmarcan y generar un embovedado del río como gran espacio público que conectaría la zona de Carretería con la Trinidad, manteniendo eso sí la capacidad hidráulica del cauce, cifrada en 600 metros cúbicos por segundo. No obstante, ese planteamiento choca con el posicionamiento mostrado hasta ahora por la Junta – que tiene la última palabra sobre lo que puede hacerse o no en el Guadalmedina –en el sentido de que el lecho del río no se puede tocar ni abrirlo al uso público.
Francisco Pomares admitió que el documento del plan especial para elGuadalmedina que prepara Urbanismo no ha sido mostrado aún a los responsables del Gobierno andaluz. «Se lo enseñaremos cuando esté acabado», afirmó, al tiempo que recordó que servirá para arrancar una tramitación que podría durar dos o tres años hasta su aprobación definitiva, y en la que el proyecto podría experimentar variaciones en función de los informes que recabe tanto de la Junta como de otras administraciones públicas. «También queremos abrirlo a la opinión de los vecinos», añadió.
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