La oposición eleva la presión al alcalde para que cese a Porras, Pomares y Cardador

Las posturas se escenificarán mañana en el pleno ordinario correspondiente al mes de enero (y retrasado unos días), y aunque en el fondo la petición a De la Torre es la misma, las mociones urgentes de los diferentes grupos difieren en las formas: la de Málaga para la Gente es la más expeditiva, con petición de dimisión de Porras, Pomares y Cardador y reprobación al alcalde por su gestión de las presuntas irregularidades en Urbanismo; Ciudadanos plantea al primer edil su exigencia de destitución desde el momento en el que el juez abra las diligencias previas, y el PSOE no habla de dimisión pero sí apremia al alcalde a que «cese de sus funciones en el área de Urbanismo» a los tres implicados «mientras se resuelven las causas judiciales abiertas contra ellos». El cuarto partido de la oposición, Málaga Ahora, no lleva moción urgente sobre este asunto pero su portavoz, Ysabel Torralbo, ya ha anunciado que votará a favor de las mociones que piden el cese o la dimisión de Pomares, Porras y Cardador.

Desde el otro lado, el propio alcalde de Málaga ha comparecido ante los medios para insistir en que tiene «seguridad plena en el buen hacer de estas personas». Aunque ha confirmado que el equipo de gobierno aún no ha recibido la notificación oficial de la denuncia por parte de Fiscalía, y que por lo tanto no conoce la justificación jurídica de los presuntos delitos que afectan a sus tres personas de confianza, ha querido dejar claro que «la oposición juega al electoralismo y que puede ser que esto se vuelva contra ellos». En su defensa, De la Torre ha querido establecer una diferencia de si los delitos están sustentados en una «deshonestidad política» -«en ese caso estaría claro», ha destacado el regidor- o si por el contrario (como él defiende), «estamos ante un planteamiento difícil por el complicado equilibrio que se ha tratado de buscar entre el rigor y la flexibilidad de la disciplina urbanística». Es decir, ha añadido, «podemos hablar de un error administrativo, pero las cuestiones como las que se trasladan (por ejemplo una apropiación indebida) no tienen cabida». Y ha abundado De la Torre en ese «riesgo» de que la maniobra política de la oposición se vuelva contra ellos: «el pueblo llano entiende las cosas», ha dicho tras insistir en la idea de que Pomares, Porras y Cardador «son servidores públicos y ese buen hacer ha impregnado siempre su trabajo».

Con estas posturas fijadas desde que se tuvo conocimiento de la denuncia de la Fiscalía, el debate de mañana en el salón de plenos se promete intenso, aunque sólo sea en el plano político, ya que puede escenificarse la soledad del equipo de gobierno en el soporte a los tres responsables de su equipo: «Vamos a oír los argumentos y nosotros expondremos los nuestros. A partir de ahí, nos posicionaremos».

Entre esos argumentos que pondrá sobre la mesa la oposición se encuentra la denuncia del portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, quien ha llegado a considerar el 'caso Villas del Arenal» «como el escándalo más grave de todos los años de gobierno del PP». En su comparecencia ante los medios, el líder de la formación de izquierdas ha llegado a confirmar que en el caso de que el alcalde no cese de inmediato a Pomares, Porras y Cardador, su grupo pedirá incluso «la dimisión del propio De la Torre, que era conocedor de lo que ocurría». En una línea similar, el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Daniel Pérez, también se ha dirigido con contundencia al regidor para que aparte de sus funciones en Urbanismo a los tres responsables municipales «porque el zorro -ha comparado- no puede estar al cuidado de las gallinas».

Por otra parte, y aunque para Ciudadanos sólo es un cuestión de «tiempos», el viceportavoz de la formación, Alejandro Carballo también se ha pronunciado sobre este asunto recordando que «nosotros respetamos los plazos de la justicia y que cuando se abran las diligencias previas por parte del juez sí pediremos la destitución de los tres». Y ha dejado otra postura clara: «Esto va más allá de una mala praxis, los delitos de los que hablamos son muy graves». Sobre las críticas del resto de los partidos de izquierda a la «tibieza» del grupo naranja por no pedir ya la destitución, el portavoz del grupo, Juan Cassá, ha justificado que la moción urgente de Ciudadanos «se presenta para que no hagan politiqueo los partidos que son comentaristas de la actualidad». «Huimos de los titulares oportunistas y de la poca seriedad de otros partidos políticos», ha zanjado.

Aunque el 'caso Villas del Arenal' promete acaparar (casi) toda la atención del pleno de mañana, el salón de plenos volverá a acoger el debate sobre la «necesaria» municipalización de Limasa (moción urgente de Juanjo Espinosa) o sobre la importancia de apoyar «a la comunidad venezolana en Málaga» y de instar al Gobierno de España «a que apoye a Guaidó experesamente y sin fisuras» (moción urgente del PP). En este punto, el portavoz socialista ha criticado que el equipo de gobierno «se ha saltado el acuerdo al que habíamos llegado todos de que en los plenos no se debatieran asuntos que no tuvieran que ver con lo municipal», y ha ironizado con el hecho de que «soprendentemente por primera vez en un pleno municipal el equipo de gobierno no trae ninguna petición a la Junta de Andalucía».

Por último, el grupo municipal de Málaga Ahora ha centrado su moción urgente en la petición de una comisión de investigación sobre el CAC Málaga, por las «numerosas irregularidades -ha insistido Torralbo- que estamos detectando». Entre ellas ha hecho referencia a la llamada «compra por producción», que implica la adquisición de la obra de un artista que expone en el centro y que se «contabiliza dentro de su caché» pero que en el caso del CAC Málaga «se ha llegado a pagar dos veces, también por parte del Ayuntamiento», ha destacado Torralbo, que ha puesto los ejemplos de dos obras de Rinus van de Velde y de Danielle van Zadelhoff. Para aclarar estos extremos, la portavoz de Málaga Ahora no sólo ha pedido que se abra una comisión de investigación; también que el interventor municipal elabore un informe «sobre el incumplimiento del contrato del CAC».