La okupación de viviendas se triplica en Málaga tras la ley antidesahucios

Así lo atestiguan las estadísticas de la Oficina del Derecho a la Vivienda, un servicio del Ayuntamiento de Málaga que ayuda a propietarios, inquilinos, ocupantes ilegales y afectados por estos últimos para tratar de intermediar.

La protección del Gobierno de España a las familias vulnerables frente al impago del alquiler comenzó con el Real Decreto-Ley 11/2020, aprobado el 31 de marzo de 2020. Fue una respuesta a la crisis tras la pandemia, y la medida estrella fue la suspensión de los desahucios de personas en situación precaria. En los años sucesivos, estas medidas se prorrogaron y se ampliaron en la Ley de Vivienda de mayo de 2023, que consolidó la protección.

Los datos municipales ponen de relieve que la aprobación y el posterior refuerzo de la normativa coincide con un auge de la okupación ilegal de pisos en la capital malagueña. En 2019 (año previo a que entrara en vigor), esta oficina atendió 115 casos. En 2020, con la ley ya aprobada, fueron 155, y desde entonces no ha parado de crecer, hasta los 492 expedientes que hubo en 2023 (último año con la estadística completa).

Estos datos no tienen en cuenta los casos de los denominados inquiokupas, esto es, inquilinos que dejan de pagar el alquiler hasta que son desahuciados. Este capítulo, el de los arrendamientos, es el más numeroso, con 693 casos en el último año, aunque con mucha variedad de situaciones. También vivió un salto importante de 2020 a 2021, cuando casi se duplicó, aunque a partir de ese momento se ha mantenido estable.

El tercer punto es el referido a los problemas de los hipotecados con sus respectivos bancos. Los casos atendidos de este tipo se han multiplicado casi por cinco, si bien su peso en la estadística es testimonial (97 expedientes en total).

En cuanto a la propiedad de las casas okupadas, se confirma con datos una realidad que es de sobra conocida en el sector inmobiliario: la mitad de todos los casos es de grandes tenedores privados, bancos y fondos de inversión (245). Pero el segundo grupo más afectado es la propia administración, Ayuntamiento y Junta, que también tiene ocupantes irregulares en el parque público de viviendas (134 casos).

Esta cuestión es un drama por partida doble, puesto que impide acceder a un techo a familias que realmente lo necesitan y que tienen máxima prioridad, según los baremos de los servicios sociales. El tercer apartado, con un centenar de afectados al año, es el de los propietarios particulares.

El concejal de Vivienda, Francisco Pomares, trata de poner estas cifras en su contexto. De entrada, la atención en los casos de impagos en general han crecido un 200%, lo que justifica «por las circunstancias del problema general de la vivienda». En cambio, en el mismo periodo la okupación ha subido el doble, un 400%.

«La norma venía a proteger a las familias que por circunstancias dejaban de pagar un tiempo, y todos estamos de acuerdo en que haya garantías y así se ha votado en el Congreso, para que tengan tiempo para buscar una alternativa», admite. «El problema es que bajo esa tutela lo que ha aumentado es la okupación». El edil advierte de que esta actividad «hoy en día está profesionalizada», con distintos 'oficios' que van desde el que pega la patada en la puerta al que compra las llaves y se mete a ocuparla, a la espera de una indemnización por abandonarla.

Pomares pone el foco en «el drama» que supone este fenómeno para las familias que están en riesgo de exclusión social, con pisos que ya están adjudicados a personas muy necesitadas y valoradas por los servicios sociales. «Ahora, porque alguien la ha okupado, la persona que iba a entrar está esperando. Pero no espera un mes, ni dos, ni seis, ni un año... ¡Se nos van entre dos y tres años para desalojarla!», exclama.

«No digo que el okupa no la necesite, sino que a él no le toca, sino a otra persona que tiene más necesidad que él, y no podemos premiar eso porque la gente sabe que en los juicios contra los grandes tenedores se relajan más que con los pequeños propietarios perjudicados». Por eso, el concejal de Vivienda reclama un cambio de la normativa, «que nace con un espíritu bueno pero ha tenido un efecto perverso en todas las ciudades, porque la okupación ha aumentado en base a esa protección jurídica, y no para de crecer».

A eso, se une una segunda derivada, y es que los ocupantes irregulares se quedan fuera del sistema. «No podemos dar una vivienda del parque público a la persona que ha cometido un delito, la ley no lo permite y sólo faltaría que encima les premiáramos». «Las mismas familias que hacen esto se buscan la ruina».

El efecto está siendo más pernicioso, porque los potenciales ofertantes de pisos en alquiler los destinan a otros usos o los dejan vacíos por miedo. «Por culpa de estas cifras el mercado de alquiler se retrae, porque mucha gente tiene miedo y busca otras alternativas que les den más seguridad». Mientras que algunos las mantienen cerradas, otros las destinan a viviendas turísticas, «que han crecido por la rentabilidad, pero también por la seguridad jurídica, de que no va tener problemas de okupación ni de impago».

«Ahora mismo en Málaga tenemos un problema real de falta de pisos en alquiler», admite Francisco Pomares, pero advierte: «Hay que convencer a la gente de que pongan en el mercado su segunda vivienda, sifólos propietarios tienen miedo porque saben que muchos sufren años de juicios para recuperarlas».