¿Y qué ocurre con las empleadas de hogar? Guía para tramitar bajas y reclamar subsidios en la crisis del coronavirus

El miedo al contagio está precipitando las bajas desde hace semanas en un sector que llega a esta crisis golpeado por las dificultades de muchas familias para hacer frente a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En España hay cerca de 400.000 empleadas de hogar según los datos oficiales, muchas más si se suman las que no están dadas de alta en la Seguridad Social, a menudo incorporadas a la economía sumergida después del aumento del SMI, inasumible para miles de empleadores. Al no tener reconocido el derecho a prestaciones por desempleo, este colectivo no puede agarrarse a los ERTE, como están haciendo la mayoría de sectores. Lo recomendable, explican los abogados laboralistas consultados, es pactar una suspensión del contrato de trabajo, y por tanto de la remuneración, durante el tiempo que dure la crisis sanitaria. Esta solución, sin embargo, obliga al empleador a seguir cotizando por la empleada de hogar.

Son trabajadoras en una situación excepcional. No están consideradas autónomas pero tampoco empleadas por cuenta ajena. Los nuevos subsidios, equiparables a una prestación por desempleo, permitirán a las trabajadoras seguir recibiendo parte de su salario. Uno de los requisitos para acceder a este subsidio será estar dada de alta en la Seguridad Social y cotizando, de modo que, por el alto índice de trabajo sumergido que esconde esta actividad, muchas no podrán recibir la prestación. La empleada deberá acreditar que ha perdido el trabajo o que ha descendido el número de horas contratadas debido a la crisis provocada por el coronavirus.

En la mayoría de casos, estas mujeres no trabajan en una sola casa sino en varias. La ayuda supondrá el 70 por ciento del trabajo perdido; si una empleada trabaja en dos casas y pierde el contrato en una vivienda pero lo mantiene en otra, podrá recibir el subsidio correspondiente a las horas perdidas. Si la empleada tiene varios trabajos, la cotización que se utilizará para hacer el cálculo será la base acumulada de todos ellos, un matiz importante para un sector donde más de la mitad de las trabajadoras carece de un empleo a jornada completa. Tras la última subida del SMI, la retribución más baja que pueden recibir asciende a 7,43 euros por hora. Al no estar aún aprobada la ayuda, el Gobierno no ha comunicado los canales y pasos oficiales para reclamarla. También se desconoce por ahora cómo deberán acreditarse las horas perdidas y si la medida incluye alguna facilidad para los empleadores que sufran recortes o despidos por la crisis.

Si el empleador necesita dar por terminada la relación laboral, ha de comunicar su decisión por escrito a la trabajadora con una antelación mínima de 20 días, siempre que lleve más de un año prestando el servicio, o de siete días si el tiempo trabajado es inferior a un año. También debe indemnizarle en metálico con 12 días de salario por año trabajado con un límite de seis mensualidades. En caso de no comunicar por escrito el desestimiento, es considerado despido y la indemnización se eleva hasta los 20 días por año trabajado con un límite de 12 mensualidades. Una vez extinguida la relación, se debe tramitar la baja a la Seguridad Social, ante la Tesorería o vía electrónica, a los seos días naturales siguientes. Si el contrato ha sido inferior a 60 horas al mes pueden pactar quién tramita la baja, pero si es superior siempre será el empleador quien realice el trámite.

Desde la Plataforma de Empleadas de Hogar de Málaga consideran que las ayudas previstas por el Gobierno central «suponen un avance positivo aunque insuficiente» para un sector que «sufre doblemente la crisis, porque si se quedan en casa no cobran». En algunos casos, estas empleadas de hogar cuidan de personas mayores, de modo que «están expuestas al contagio del Covid-19». La plataforma recuerda a los empleadores la necesidad de garantizar la seguridad de las trabajadoras: «Muchos cumplen con las medidas de protección necesarias, pero otros no». La reducción de horas de trabajo que comenzó con el aumento del SMI y continúa ahora con la crisis del coronavirus deja al sector en una situación «muy vulnerable», con el agravante de que hay un elevado porcentaje de migrantes «que ahora, sin trabajo y con el país aislado, no tienen dónde ir ni familia a la que pedir ayuda».