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El pasado pleno fue más intenso que largo y se tocaron muchos palos. Entre ellos, el viceportavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, consiguió que hubiese unanimidad de todos los grupos municipales, con buena voluntad del popular Paco Pomares, todo hay que decirlo. Ya es más ... que sabido que en el nuevo mandato la aritmética, esa palabra que se ha puesto tan de moda en estos nuevos tiempos políticos, le da la mayoría absoluta al PP, así que todo pasa por ellos. Pues bien, la unanimidad del pleno, que ya no es fácil ni para las que toda la vida habían sido las mociones instituciones (en esta última ocasión contra la violencia de género por el 25N y a favor de la juventud, a las que se oponía Vox) han hecho posible que la Corporación apruebe, con enmiendas populares, que el Ayuntamiento de Málaga continuará su trabajo de intermediación municipal a la hora de que las familias suscriban alquileres así como que la Oficina del Derecho a la Vivienda –que tuvo una buena valoración por el portavoz de Abanico Solidario, Francisco Álvarez– siga interviniendo ante posibles pérdidas de viviendas, realizando funciones de formación, prevención, apoyo jurídico y acompañamiento y la defensa de los derechos de las personas y familias afectadas por casos de emergencia habitacional.
Con todo, el punto más interesante, que no contó con el apoyo de Vox, pero sí con el del resto de los partidos, fue el referente a la creación de un Observatorio Municipal de la Vivienda, en colaboración con la Universidad de Málaga y otros grupos especializados, orientado a la elaboración de informes periódicos e independientes para elaborar un índice anual de precios de referencias del alquiler y de compra, y que no se tenga que depender de los realizados hasta la fecha por las plataformas de las inmobiliarias.
Este punto fue muy debatido, ya que Sguiglia criticaba con dureza el estudio que había hecho el Ayuntamiento, que afirmaba que el 65% de las viviendas en alquiler estaban entre los 300 y los 700 euros, y pedía saber su ubicación porque habría mudanzas masivas. El edil de Vivienda, Paco Pomares, hablaba de que precisamente había sido realizado por Antonio Ibáñez, que había sido director general con la consejera de IU en la Junta, Elena Cortés, trabajo que también dejaba claro que en Málaga sólo había un 12% de viviendas en alquiler frente al 20% de la media del país, y argumentaba que el problema estaba en «la ley de Vivienda de Bildu», que había generado miedo en los propietarios y que estrangulaba el mercado del alquiler, «no por el precio, sino porque los interesados tienen que pasar un cásting».
Sguiglia le contestaba que si el mercado del alquiler era la jungla para eso debían estar las administraciones: para poner orden. La viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, criticaba duramente a la oposición por no haber presentado enmiendas en agosto a la ordenanza de prestaciones económicas, que tasaba las ayudas al alquiler en 360 euros. «En agosto estaban de vacaciones y ahora vienen aquí en modo partidista mientras que todo ha sido provocado por el Gobierno de coalición y la subida de la inflación.
Por su parte, la concejala socialista Mari Carmen Martín ponía el foco en que una familia con un sueldo de 1.200 brutos al mes no podía dedicar el 37% de sus ingresos al alquiler, «hay miles de familias sin recursos a las que no se les ofrece una solución y se ven en la calle». Precisamente, antes habían intervenido dos mujeres, Margarita Ballesteros y Arantxa Martín. La primera 'okupaba' un sofá de una familia en Carratraca, tras haberse tenido que ir de Málaga por no encontrar un alquiler asequible, y la segunda, hablaba de que había okupado una vivienda con sus dos hijos, de 5 y 2 años, pero que no tenía derecho a los suministros porque estaba okupada. Le daba las gracias a Abanico Solidario por ayudarla, cuyo portavoz, Francisco Álvarez, intervino también pidiendo que hubiese unión entre los partidos, para abordar esta cuestión.
La viceportavoz de Vox, Yolanda Gómez, ya le afeó en el pasado pleno la actitud al portavoz socialista, Dani Pérez, quien intervino para afirmar que no iban a debatir más en las iniciativas «del grupo de la ultraderecha; son peligrosos». Gómez le indicó: «Usted discrecionalmente no puede decidir no debatir una moción aquí; representa a los ciudadanos de Málaga y usted aquí les está faltando al respeto» y subrayó que su partido se manifestaba en las sedes del PSOE, lo que denunciaban éstos, «con banderas y de forma respetuosa».
Este lunes el portavoz de esta formación, Antonio Alcázar, criticaba también la decisión socialista, que lo único que servía, a su juicio, era para «el señalamiento de Vox» y para «alentar a los representantes de Sumar a unirse a los socialistas insultándonos» y para «faltar al respeto a los ciudadanos a quienes representamos». Alcázar añadió: «Durante el transcurso del pleno pudimos ser testigos de cómo, desde el público, alentados por la izquierda, nos insultaban y trataban de amedrentarnos».
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